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jueves, 20 de diciembre de 2012

La política internacional y la justicia

Hace unos días vi un documental sobre el ataque del ejército israelí contra la franja de Gaza a finales de 2008 y principios de 2009. El documental se titula "To shoot an elephant" (en referencia a un ensayo de George Orwell) y trata sobre la vida de los conductores de ambulancia durante los ataques. Dado el estado de guerra total en el que vive la región, estos conductores y otros civiles e infraestructuras de la franja son considerados objetivos militares y atacados sin titubeos por las fuerzas invasoras israelíes.

El conflicto entre israelíes y palestinos es un conflicto viejo. Comenzó hace más de 60 años, y desde entonces se han sucedido períodos de guerra abierta y otros de paz inestable. Creo que es algo ampliamente aceptado que no es equilibrado ni simétrico, y que la razón asiste esencialmente a los palestinos en sus demandas. Incluso la ONU ha aprobado numerosas resoluciones en esa dirección, instando a Israel a detener sus asentamientos o a respetar las fronteras constituidas tras la guerra de 1967. Sin embargo, nada se hace para favorecer la resolución del conflicto y las muertes y las atrocidades continúan sin que se atisbe en el horizonte una solución para la paz. 

A pesar de lo grave de la situación, lo que más me preocupa de este conflicto es la actitud de la llamada "comunidad internacional". El hecho de que los países más poderosos no hayan impuesto ni favorecido un camino que dé como resultado la paz no se puede explicar más que por la falta de voluntad de que eso suceda. Y eso es ejemplo de algo que es más general: si bien en parte del mundo existen sistemas  políticos que en principio tienen como objetivo que el gobierno de los hombres esté en manos de gente que trabaje por el bien común, esto es totalmente falso en el caso de las relaciones internacionales. No existe un parlamento mundial ni ninguna institución parecida que represente la voluntad de los ciudadanos del mundo. Los organismos supranacionales existentes, como la citada ONU, son simplemente clubes en los que los gobernantes de los países más poderosos deciden que acciones tomar, y las ejecutan de acuerdo con su mayor fuerza, sin importar (siquiera formalmente) que esa decisión sea justa o no. En las relaciones entre países, el mundo sigue aún la ley del más fuerte de manera estricta. 

Por último, el hecho de que en los conflictos internacionales tener la razón no valga nada lleva a que ocurran cosas inconcebibles: en el documental, unos soldados israelíes matan a tres niños, el mayor de los cuales tiene diez años. Cuando preguntan al padre de los niños, este repite una y otra vez que sus hijos "solamente estaban jugando". Por supuesto, resulta bastante fácil creer que unos niños pequeños estuvieran jugando, pero el tratamiento habitual del conflicto por parte de los medios de comunicación occidentales consiste en presentar los estallidos de violencia como conflictos equilibrados entre dos rivales de similar poder. Así, acciones tan evidentemente injustas como el asesinato de unos niños son relativizadas para conseguir un tratamiento más "equidistante" del conflicto: tal vez fueron advertidos por los soldados, tal vez empuñaban un arma, tal vez amenazaron a los soldados de alguna forma... Ese tipo de justificaciones se leen a diario en los medios, y por esa razón el padre siente la necesidad de explicar algo que no requiere explicación: que sus hijos eran niños, que los niños juegan, y que son inocentes.

jueves, 29 de noviembre de 2012

Conflicto

El pasado día 14 de noviembre hubo en España una huelga general. La situación económica y las políticas de recortes del gobierno fueron la causa de la convocatoria por parte de la mayoría de los sindicatos españoles (una notoria excepción fue el sindicato CSI-F, que no apoyó la huelga). El desarrollo de la jornada fue relativamente tenso, con decenas de heridos y de detenidos en los piquetes; además, hubo daños materiales en algunas sucursales bancarias y comercios. Las manifestaciones convocadas en diversas ciudades españolas fueron muy grandes, evidenciando que hay un sector amplio de la población que está en contra de los recortes.

Yo vi la jornada desde fuera de España, y de entre las críticas a la huelga que me llegaron destacaban dos: que esta era "política" y que los piquetes y huelguistas en ocasiones no respetaban el "derecho al trabajo", es decir, el derecho a no hacer huelga, de quienes no querían secundar el paro. Esto último, a juicio de quienes criticaban la acción de los piquetes, deslegitimaba automáticamente las reivindicaciones (que tal vez compartían) de los que protestaban. Sobre la primera crítica tengo poco que decir, pues cualquier huelga general es política, dado que su objetivo es influir en el gobierno y no en el empresario. Por tanto, considero que las razones del sindicato CSI-F para oponerse a la huelga son difícilmente defendibles, si partimos de la base de que un sindicato es una organización que lucha por los derechos de los trabajadores, independientemente de quien atente contra esos derechos. 

Por otro lado, la segunda crítica es más interesante. Para empezar, creo que el hecho de cometer un error en las formas no hace que uno pierda la razón en el fondo de un asunto; más bien pienso que son cosas independientes. En consecuencia, creo que las reivindicaciones de los huelguistas eran tan legítimas tras los incidentes que se produjeron como si la protesta hubiera sido completamente pacífica. Además, es obvio para mí que una huelga de una parte de los trabajadores va a perjudicar a los demás de alguna manera, pues en la sociedad casi todos dependemos fuertemente de otros todos los días: si el panadero hace huelga no se puede comprar el pan, si los conductores de los autobuses urbanos hacen huelga se tarda mucho más en ir al trabajo (o a cualquier otro sitio), etcétera. Más aún, si se convoca una manifestación, durante varias horas se altera el normal funcionamiento de la zona en la que esta se produce. Sin embargo, creo firmemente en el derecho de la gente a rebelarse contra lo que considera injusto, por encima del derecho a no ser molestado mínimamente. Gracias a la gente que en el pasado se ha rebelado contra situaciones injustas se han conseguido casi todos los avances en derechos y libertades de que disfrutamos, y sospecho que en el futuro eso ha de seguir siendo así.

viernes, 26 de octubre de 2012

Desahucio

Esta semana ha habido muchas noticias sobre desahucios en la prensa (ver aquí, aquí o aquí). En realidad, dicha atención mediática no es más que el reflejo del hecho de que, desde el "pinchazo" de la llamada burbuja inmobiliaria, cada vez más gente tiene problemas para hacer frente a los pagos de la hipoteca de su casa. Normalmente, la razón por la que la gente deja de pagar es la pérdida del empleo, que imposibilita, en los mejores casos, sobrevivir y pagar la hipoteca, y en los peores, ambas. En cualquier caso, el hecho es que desde 2008 y hasta julio de 2012, se han procesado más de 170.000 desahucios en España

La situación en la que queda una familia que ha sido desahuciada es realmente peligrosa. Si no cuenta con parientes o amigos que la puedan acoger, sus miembros pueden llegar a quedarse en la calle. Y esto es especialmente grave si hay niños involucrados: los servicios sociales podrían incluso retirar la custodia a los padres si no les pueden dar un techo. A pesar de la gravedad de la cuestión desde el punto de vista social y humano (y de lo grande que es: 170.000 son más o menos el 1% de las familias españolas) lo que yo quiero discutir es quién es el culpable de que se produzca el desahucio. Y me refiero a un culpable concreto: no se trata de identificar un culpable en el sistema económico o en su gobierno, ni tampoco de exigir a este último que en vez de rescatar bancos pague deudas hipotecarias para evitar desalojos (lo que tal vez sería buena idea). Lo que pretendo decidir es, asumiendo que el banco no es culpable de lo malo o bueno que es el gobierno y que el desahuciado no es culpable de haberse quedado sin trabajo, quién debería haber previsto la situación: si el ciudadano, no hipotecándose si no sabía si iba a poder pagar, o el banco, evitando conceder muchos préstamos con demasiado riesgo.

Mi posición es que, a pesar de que parece claro que cuando uno pide un préstamo para comprarse algo es su exclusiva responsabilidad devolverlo (o atenerse a las consecuencias), creo que en este caso hay dos salvedades importantes que hacer. La primera, con respecto al tipo de préstamo: cuando uno pide un préstamo para comprarse un coche o irse de viaje, es razonable considerar que se trata de un lujo, al menos hasta cierto punto. Sin embargo, todo el mundo necesita vivir en algún sitio. Y la única manera de comprar una casa para casi todas las personas es pedir un préstamo. Por eso, creo que hay una diferencia fundamental entre no poder pagar tu piso u otra cosa, de la misma manera que la Constitución española reconoce que no hay que penalizar por robar, si la razón del robo es la extrema necesidad. La segunda salvedad importante es sobre la posición del banco: de la misma forma que el prestatario se compromete a devolver lo que se le adelanta, el prestador debería asegurarse de que concede créditos con posibilidades razonables de ser devueltos. Esta práctica antes implicaba que a nadie se le prestaba más del 80% del valor del piso que compraba, mientras que en tiempos de la burbuja inmobiliaria se llegó a prestar, con el mismo aval, por valor del 150% del piso. Yo creo que eso hace al banco culpable por lo menos de falta de previsión.

miércoles, 17 de octubre de 2012

Derecho de herencia

Un día hace no mucho tiempo me comentó un amigo que le parecen sorprendentes los criterios que se usan para determinar qué cosas se pueden heredar y qué cosas no. En la actualidad, en Occidente, se considera que se puede heredar aquello que se puede poseer. Así, uno puede heredar una casa, un coche, acciones de una empresa, dinero, o incluso deudas. Sin embargo, todo el mundo parece tener claro que no se pueden heredar personas, puestos de trabajo ni cargos políticos (con la excepción de la jefatura del Estado en algunos países, un anacronismo del que tendremos que hablar algún día). Lo que pretendo hacer con esta entrada es dar mi visión sobre esa aparente arbitrariedad en la elección de qué cosas podemos legar a quienes nos sobreviven.

Lo primero que creo es que la elección de las cosas que se pueden legar a los sucesores no es aleatoria, ni arbitraria. Aunque probablemente lo es desde un punto de vista lógico, no lo es desde el punto de vista de la justicia: los bienes que se heredan son exactamente los que garantizan que los herederos nombrados por la élite económica (que suele ser la élite en todo lo demás) son los que conforman, salvo pequeñas variaciones, la élite económica de la siguiente generación. No es necesario heredar un cargo político cuando es bien conocido que prácticamente nunca ha gobernado ningún estado del mundo una persona de clase trabajadora. Tampoco es necesario heredar los mejores puestos de trabajo, en tanto en cuanto una situación económica mejor suele influir decisivamente en el puesto de trabajo que las personas ocupan. Por eso, creo que la única razón de la persistencia del derecho de herencia es el intento (exitoso) de perpetuar la desigualdad, de que quienes más tienen se aseguren de que las personas que más quieren son las que consiguen, independientemente de sus méritos, ocupar el lugar de privilegio que ellos ocuparon.

En vista de lo anterior, la solución aparentemente más simple es la que yo creo mejor: suprimir el llamado "derecho de herencia". Así, cuando una persona muere es la sociedad la que pasa a disponer de sus bienes, en principio para utilizarlos en beneficio de toda ella. Evidentemente, una medida de esta índole exigiría asegurar que el Estado sea un ente capaz de asegurar la supervivencia y la igualdad de oportunidades de sus miembros. Pero incluso si no garantizamos eso, creo mejor que un Estado imperfecto (cuyo gobierno emane, por ejemplo, de una democracia imperfecta) es más capaz de repartir la riqueza de manera justa que una persona cualquiera. Además, creo que la eliminación de la herencia sería una de las pocas medidas capaces de ayudar a mantener la desigualdad entre unos hombres y otros bajo control; y pienso que esa desigualdad es probablemente la peor de las lacras que sufre hoy la humanidad.    

domingo, 7 de octubre de 2012

Machismo

Llevo ya unos cuantos meses escribiendo en este blog y aún no he tocado un tema que considero muy importante: el machismo. La sociedad ha sido en el pasado muy machista, al menos la mayor parte del tiempo. En casi todas las épocas los puestos de poder han estado en manos de varones, y el papel de la mujer ha estado supeditado al del hombre tanto en la esfera pública como en la privada. Sin embargo, ha habido cambios muy importantes en las últimas décadas que han llevado a cambiar en parte esta situación y a tratar de situar a la mujer y al varón en un plano de igualdad. En el apartado público, dichos cambios incluyen el sufragio femenino, la presencia de mujeres en el Ejército o la Policía, e incluso el ascenso a la jefatura de gobierno o de estado de algunas mujeres. Y en el hogar, cada vez más hombres se ocupan de las tareas del hogar y de los hijos de la misma manera que sus parejas, y las decisiones importantes en la familia se toman entre todos, y no solo entre los hombres.

Aparentemente, el mundo va siendo cada vez un poco menos machista. Sin embargo, existen personas que todavía piensan que los hombres son, en algún sentido, más que las mujeres. Pero yo quiero llamar la atención no tanto sobre esa gente sino sobre otros que tratan de justificar actitudes y posiciones muy machistas desde un punto de vista pseudo-racional, o tratando de convertir un defecto de la sociedad (el machismo) en una lucha por la posición dominante entre hombres y mujeres. Ejemplos de esto pueden ser el hecho de que el 40% de los españoles culpa a la víctima de la violencia de género, o el mito de las denuncias falsas de violencia machista, que en realidad constituyen el 0,01% del total.

Por último, muchos de los que intentamos no ser machistas asignamos una posición preeminente al varón sobre la mujer, a veces incluso inconscientemente (como en el caso ilustrado por este estudio de la universidad de Yale, en el que se demuestra que solamente cambiando el nombre en el curriculum vitae de un candidato a un puesto en la universidad, las posibilidades de ser contratado y el sueldo variaban en función de si los candidatos eran hombres o mujeres). Eso no debería ser así y no puede ser cambiado con una ley de cuotas ni ninguna medida política parecida. Lo que creo que tenemos que hacer es tratar de reflexionar sobre los aspectos de la vida (que aún son muchos) en los que casi todos somos machistas y tratar de cambiarlo. Y sobre todo, deberíamos ser capaces de enseñar a nuestros hijos valores que eviten hacer diferencias a priori entre varones y mujeres, con el objetivo de eliminar la lacra del machismo en el largo plazo.

jueves, 27 de septiembre de 2012

Leña y punto

El pasado día 25 de septiembre hubo una manifestación en Madrid. La razón fundamental de la manifestación era la baja calidad de la democracia española. El lema de la marcha era "Rodea el Congreso" (en referencia al Congreso de los Diputados), y su recorrido transcurría, efectivamente, por calles bastante próximas al edificio de las Cortes. No obstante, la ley española dice que no puede haber concentraciones a las puertas de ninguna cámara legislativa cuando esta está reunida. Es por esa razón que no se autorizó a los manifestantes a llegar demasiado cerca del lugar al que pretendían llegar. Además, para garantizar que la manifestación seguía el recorrido autorizado y no otro, se desplegó un gran número de policías antidisturbios, unos 1400. Los agentes se repartieron por el recorrido y bloquearon todas las vías de acceso al Congreso. Algunos además se colocaron en la puerta de determinados comercios, como Fnac o El Corte Inglés.

La manifestación terminó mal, muy mal. En algún momento, las provocaciones de los manifestantes fueron demasiado para la policía, que cargó en varias ocasiones contra la masa que se concentraba en la plaza de Neptuno. El resultado final fue de 64 heridos (uno de ellos, grave) y 35 detenidos. Estos detenidos han sido acusados de delitos contra la nación, además de contra el orden público (la Audiencia Nacional, sin embargo, no lo ve así). Adicionalmente, determinados medios internacionales se han hecho eco de los resultados de la manifestación y algunos medios de comunicación españoles observan un gran perjuicio para lo que llaman la "marca España". Mi idea en este post es analizar más o menos detalladamente lo que ocurrió en la manifestación, sus causas y la actuación de la policía.


Las razones de la protesta. Acontecimientos previos

A pesar de que gran parte del debate en torno a la manifestación se centra en los disturbios que se produjeron y la actuación policial posterior, creo que justo esa es la intención de quienes han tratado de desacreditar la protesta, y que son también quienes más se benefician de los resultados de la misma. Por tanto, creo necesario hacer un análisis sobre las causas de la protesta y el ambiente previo a la manifestación.

En este blog ya hemos hablado alguna vez sobre la calidad de la democracia española (aquí o aquí). Todas las democracias del mundo son imperfectas, pero la nuestra ha demostrado sobradamente no ser de las mejores. Nuestros políticos son corruptos, establecen redes clientelares para mantenerse en el poder, reaccionan tarde y mal cuando nuestro país entra en una crisis económica muy fuerte, y cuando tras las elecciones el gobierno cambia, descubrimos que el programa electoral votado por la mayoría (definida según nuestras imperfectas reglas) es incumplido, punto por punto, sin que los ciudadanos podamos realmente hacer nada para evitarlo.

Las anteriormente expuestas son las razones por las que se convocó la manifestación. No se trataba de la protesta de unos vagos que quisieran vivir sin trabajar o que desearan vivir del trabajo de otros a través de subsidios. Se trataba de una propuesta de determinados miembros del llamado movimiento 15-M reclamando una democracia mejor y un poder efectivo para el pueblo. El objetivo era denunciar la separación entre la élite gobernante y los ciudadanos de a pie, y el hecho de que quienes gobiernan lo hagan sin tener en cuenta el mandato que el pueblo, en teoría soberano, les ha otorgado. Sin embargo, desde bastante tiempo antes de la manifestación se acusó a los convocantes de ser violentos, golpistas, nazis, elementos de extrema izquierda, antisistema y radicales (nótese que hay ciertas contradicciones entre algunos de los términos atribuidos a las mismas personas). Nada se dijo, por supuesto, de las razones de la protesta, que no existieron para la gran mayoría de nuestros representantes electos.

La actuación de la policía

Ya hablamos en otra ocasión sobre actuaciones de la policía en manifestaciones. Sigo pensando que los antidisturbios tienen una obligación mayor que los manifestantes de mantener la calma y evitar usar la fuerza, dado que son servidores públicos, y su función es proteger a los ciudadanos. Además, su superior equipamiento, fuerza y entrenamiento les permite tener clara ventaja en cualquier enfrentamiento con los manifestantes, lo que debería ser una razón más para tratar de usar la fuerza lo menos posible. Por eso me parece especialmente censurable la violencia a manos de la policía, ejemplificada por los muchos vídeos que uno puede encontrar y que se grabaron durante la manifestación: este, estos, este...

Me parece que nuestra policía es de un nivel realmente bajo. La frase del portavoz del sindicato unificado de policía (SUP) que da título a este post es una barbaridad. Creo que indica muy claramente que quien se expresa de esa manera no está capacitado para proteger a nadie, y desde luego no entiende cuál es su cometido ni cómo debe cumplirlo. Además, no se trata de una opinión aislada de un individuo cualquiera: es portavoz del sindicato mayoritario de la policía y al menos  una parte de sus compañeros opina de la misma manera.

Por último, las órdenes recibidas no sirven como excusa. Es evidente que la contundencia de la actuación policial en las manifestaciones suele venir dada por las órdenes de los mandos, que a su vez las reciben de sus jefes, los políticos. Pero un policía no es un soldado; no se enfrenta a un enemigo, y cuando pega, está golpeando a los que se comprometió a proteger. El hecho de que las órdenes superiores indiquen una cosa no es razón suficiente como para que una persona que tenga alguna moral pase por encima de sus principios. Así que quienes no apoyan declaraciones duras como las del portavoz del SUP pero justifican sus acciones (o las de sus compañeros) con las órdenes merecen también la más contundente de las críticas.

Conclusión

El día 25 yo fui a la manifestación. He ido últimamente a muchas manifestaciones, y observé desde el principio que el ambiente entre los manifestantes era diferente. Tan advertidos estábamos de que la convocatoria era radical, golpista y nazi, que mucha gente que tal vez estaba de acuerdo con la protesta no vino. En concreto, hubo muchos menos ancianos, menos mujeres y prácticamente ningún niño. De esa forma, la manifestación era más pequeña de lo que podría haber sido y tenía un aspecto más peligroso (si una multitud pequeña, esencialmente desarmada, y formada por jóvenes más o menos idealistas representa algún peligro para 1400 agentes de policía bien armados y entrenados). Las provocaciones e insultos gubernamentales de los días precedentes hacían que los ánimos estuvieran bastante encendidos. Y cuando saltó la chispa (no voy a entrar aquí en si dicha chispa fue provocada por policías infiltrados, aunque hay dudas al respecto) la respuesta de la policía fue brutal, desproporcionada e indiscriminada. Finalmente, el gobierno y muchos medios de comunicación extrajeron, naturalmente, la conclusión que ya habían adelantado los días anteriores: unos pocos violentos habían intentado tomar el Congreso mientras la policía había respondido a la amenaza con profesionalidad y ejemplaridad, evitando un grave atentado contra la democracia. Lo que yo creo es que si la situación acabó tan mal, es solamente culpa de quienes pretendían (y anunciaban) que iba a acabar así de mal; ellos crearon la situación y la han explotado para sacar ventaja política de ella y deslegitimar la protesta. Ellos, que se consideran a sí mismos grandes patriotas, nos acusan de atentar contra el conjunto de los españoles. Yo creo que es justo al contrario: los antidisturbios y los politicastros que los mandan son los verdaderos traidores, y no los que se concentran en las plazas para protestar y pedir una democracia mejor y un país más justo.

viernes, 21 de septiembre de 2012

Diada

El día 11 de septiembre se celebra en Cataluña la Diada, fiesta de esa comunidad autónoma desde el año 1980. En esa fecha se conmemora la caída de la ciudad de Barcelona en 1714 tras el sitio de las tropas de Felipe de Borbón. Normalmente, ese día se manifiestan quienes desean la independencia de Cataluña. La manifestación de este año en Barcelona ha sido muy grande: entre 600.000 y 2.000.000 de personas, dependiendo de la fuente. Las consecuencias no se han hecho esperar: el presidente autonómico, Artur Mas,  se ha entrevistado este jueves con su homólogo español para discutir cuestiones relacionadas con el modelo autonómico y los impuestos. Mas propone que Cataluña reciba una mayor cantidad de dinero en inversiones del Estado español, dado que es una de las comunidades que más dinero aporta al erario público; y utiliza la gran manifestación del día 11 de septiembre para legitimar su protesta.

La argumentación de Mas no es nueva. En numerosas ocasiones se ha utilizado el hecho de que Cataluña paga muchos impuestos para reclamar que la cantidad de dinero que recibe el gobierno autonómico de los presupuestos de toda la nación sea superior. La respuesta habitual (negativa) de los grandes partidos nacionales es que ello sería injusto, pues la razón de ser de los impuestos es justamente redistribuir la riqueza. De esa manera, quien es más rico paga una mayor cantidad de dinero en relación con los servicios que recibe. Yo estoy de acuerdo con la segunda opinión, pero lo que voy a tratar de explicar es por qué ninguna de las dos posiciones tomadas es generalmente honesta.

Creo que las posiciones de Mas y otras similares no son honestas por la manera en la que usan el nacionalismo para dotarlas de legitimidad. El sentimiento nacionalista en Cataluña, y especialmente el de elementos progresistas o de izquierdas (con mucha presencia en manifestaciones como la de la Diada), no implica el deseo de ser insolidario impidiendo que los impuestos sean distribuidos desde las zonas más ricas a las más pobres. Quienes desde la élite económica apoyan la independencia no lo hacen por razones históricas o sentimentales, sino desde la búsqueda del beneficio económico. Por otro lado, los dos grandes partidos políticos españoles son liberales. En concreto, el Partido Popular se define como tal, mientras que la política fiscal del Partido Socialista Obrero Español (ver aquí o aquí) no puede calificarse de otra manera. Desde ese punto de vista, observo una gran contradicción entre preferir impuestos proporcionales o regresivos (y por tanto, no redistributivos) y luego utilizar una argumentación basada en la solidaridad. En definitiva, tengo la sensación de que el supuesto conflicto entre Cataluña y España no es más que un tira y afloja entre sus elementos más pudientes para ver quién se queda con una mayor parte del pastel económico de los impuestos. Y mientras tanto, ambas partes cultivan el enfrentamiento (¡hasta en el fútbol!) entre los ciudadanos apelando a sus sentimientos nacionales. 


viernes, 14 de septiembre de 2012

Libros de texto

Ayer llamaron mi atención sobre la edición del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) del día 11 de septiembre de este año. En la página 7 hay una disposición de la Consejería de Educación y Empleo sobre el préstamo de libros de texto. El programa sobre el que introduce modificaciones la orden es la normativa reguladora del programa de préstamo de libros en centros de enseñanza preuniversitaria. Se afirma en el preámbulo que la modificación se hace porque "en consideración a la atención debida a las familias se hace necesario el refuerzo de la dotación específica destinada al programa de préstamo de libros de texto y material didáctico". El efecto de la modificación, según el mismo preámbulo, es "ahondar en la simplificación de la gestión administrativa al tiempo que se refuerza el principio de autonomía de los centros con la participación directa de los Consejos Escolares en la gestión del programa". En concreto, lo que la nueva norma regula es una modificación importante: los libros de texto (que se prestan, por supuesto, a alumnos cuyas familias tienen dificultades para sufragarlos) los prestará en adelante cada centro de acuerdo con los criterios que fije. Antes de ello, la Comunidad  de Madrid pagará a los centros una cantidad de dinero para que pague directamente los libros. Anteriormente, era a la Comunidad de Madrid a quien correspondía la decisión sobre qué alumnos recibían la ayuda para libros de texto.

En principio, la nueva norma puede parecerle bien o no a uno en función de cómo prefiera que se distribuyan los presupuestos públicos y también de la responsabilidad que crea que debe tener la directiva de los centros educativos. Una crítica que se puede hacer es que con toda probabilidad el gobierno regional tiene una mayor facilidad para asignar los libros de manera justa, es decir, a las familias que más lo necesitan. Esto es así por su mayor capacidad para comprobar que los datos económicos que las familias aporten son exactos. En cualquier caso, probablemente es de agradecer la referencia ya citada en el preámbulo a la atención debida a las familias, dado el actual contexto de crisis económica en el que está España. Por desgracia, hay un problema mucho más grave asociado a la nueva norma que no aparece en el BOCM. Para explicarlo, baste un ejemplo: el centro público IES Carmen Martín Gaite, de Moralzarzal, tiene unos 600 alumnos. De estos, al menos 80 recibieron el curso pasado la ayuda para libros de texto. El gasto medio en libros de texto en secundaria es de no menos de 300 euros por alumno, lo que indica que la ayuda total destinada al centro para libros de texto era el año pasado de no menos de 24.000 euros. Pues bien, la cantidad que el IES Carmen Martín Gaite ha recibido este año es de aproximadamente 1.800 euros.

Un recorte del 92,5% en una partida de apoyo a los más desfavorecidos es algo muy grave de por sí. Pero lo que a mí me parece especialmente grave, y por lo que no puedo dejar de pensar que hay verdadera mala intención detrás de la medida, es que en el preámbulo de la orden que regula este durísimo recorte se afirme que el objetivo de la misma es mejorar el sistema de ayudas para libros de texto. Además, se descarga la culpa del recorte en los centros, que ahora tienen que elegir a las personas que van a recibir los libros y dejar en la estacada a mucha gente que necesita la ayuda (obsérvese que, en el centro citado, el presupuesto asignado permite dar libros a 1 de cada 100 alumnos solamente). Me resulta triste que nuestros representantes tomen decisiones tan duras como suprimir las ayudas para libros de texto ante los acuciantes problemas económicos que tienen (además, no las comparto, y así lo suelo expresar con mi voto). Pero lo que me hace hervir la sangre es que además presenten las medidas de esa índole como una mejora, insultando mi inteligencia e incumpliendo todos los principios éticos que conozco en cuanto a la honestidad  de un representante para con sus representados. 

jueves, 6 de septiembre de 2012

Desregulación

Ryanair es una compañía aérea irlandesa de bajo coste. En concreto, es la mayor compañía aérea de bajo coste en Europa: no en vano, transportó más de 75 millones de pasajeros en 2.011. Sus precios son inigualables, consiguiendo que en ocasiones volar a algún destino que esté a 2.000 kilómetros de distancia sea más barato que viajar en autobús a una ciudad cercana. Como consecuencia, el resto de aerolíneas se ven obligadas en ocasiones a bajar sus precios o a cancelar rutas debido a la feroz competencia que Ryanair supone. Esto es, en sí mismo, un ejemplo del éxito del libre mercado y de las normas de competencia, que suponen que cuando varias empresas intentan atraerse a un cliente, este se ve beneficiado y recibe un mejor servicio.

Sin embargo, existen numerosas sombras sobre la compañía irlandesa que hacen sospechar que no estamos ante un caso modélico. La aerolínea dice que sus precios son tan competitivos porque reduce al máximo sus gastos: personal de tierra, peso de la aeronave, cantidad de combustible cargada en cada avión... Sin embargo, también reduce gastos de otras formas: no permite facturar equipaje gratuitamente, ni llevar más de un pequeñísimo bolso de mano, deniega el embarque con excusas de lo más peregrino, y en general busca el límite de la legalidad para ahorrar de cualquier manera, con el consiguiente deterioro de la calidad del servicio (la aerolínea incluso propuso que se pudiera volar de pie, o que se pagara dinero por ir al servicio en el avión). Además, va al límite en cuestiones relacionadas con la seguridad, que son más graves: este verano sus aviones han tenido que realizar varios aterrizajes de emergencia porque se estaban quedando sin combustible. Por último, su estrategia en ocasiones pasa por mantener líneas no rentables en aeropuertos regionales a cambio de importantes subvenciones de los gobiernos.

Una conclusión que se puede sacar de todo lo anterior es que Ryanair no compite en igualdad de condiciones con las demás líneas aéreas. Esto es indiscutible en la parte que atañe a las subvenciones públicas; pero creo que no es la razón fundamental de los problemas que la aerolínea ocasiona. Ryanair se mantiene la mayor parte del tiempo dentro de la ley y de las reglas del libre mercado, pues ofrece servicios y productos legalmente, y cuando se salta las normas y es denunciada, asume las consecuencias como cualquier otra empresa. Yo creo que Ryanair es un ejemplo de las consecuencias del libre mercado en sí, o como mínimo de la desregulación. Si el servicio que Ryanair ofrece es incómodo, y en ocasiones engañoso y peligroso, es porque las autoridades lo permiten. Y la postura de la compañía es lógica: no tiene compromisos éticos, y por lo tanto lo único que quiere es maximizar su beneficio. Es un debate interesante, aunque me temo que exclusivamente teórico, determinar si las empresas deberían regirse por criterios éticos o morales además de económicos. Pero lo que está claro es que en general no hay relación entre el interés de una empresa y el general, y por tanto creo necesaria una regulación fuerte que evite que las corporaciones actúen en contra del interés de los clientes (que no son solamente clientes, también son personas con derechos) o incluso pongan en riesgo su seguridad.

jueves, 12 de julio de 2012

Cerrado en verano

Durante algunas semanas este blog no va a ser actualizado. Volveremos a finales de agosto o en septiembre, posiblemente con algunos cambios.

P.D: A modo de entrada de esta semana, recomiendo este artículo de Isaac Rosa, que suscribo totalmente. 

jueves, 28 de junio de 2012

¿Privilegiados?

Desde que empezó la crisis económica en España, los gobiernos de la nación han adoptado políticas de reducción del gasto público que han afectado a algunas de las partidas de los presupuestos, como ya hemos hablado alguna vez aquí. Una de las medidas que se ha adoptado (en Madrid, dos veces) es la reducción del sueldo de los empleados públicos. Además, en la actualidad se discute una segunda reducción de sueldo como condición para el rescate financiero por parte de la Unión Europea. La justificación oficial de la reducción de sueldos es, como para todos los recortes, la malísima situación de las arcas públicas y la necesidad de controlar el déficit de la administración. Sin embargo, existe una segunda justificación, esgrimida por mucha gente en diversos ámbitos, que consiste en considerar justo el recorte del sueldo de los empleados públicos porque son unos "privilegiados" y unos "vagos".

Con respecto a lo vagos que son los empleados públicos, la crítica hereda de la famosísima de Mariano José de Larra. La imagen es la de un empleado perezoso que llega tarde a su puesto, se va pronto, sale a desayunar durante una hora y es en general muy malo en su trabajo, que por otra parte es muy fácil. Los privilegios de los funcionarios son, fundamentalmente, la absoluta seguridad en el puesto de trabajo y el sueldo garantizado de por vida. Mi opinión es que esta crítica es falsa, y las más de las veces, malintencionada; pues creo que muchos entre quienes la hacen suelen tener interés personal o político en desprestigiar a los empleados públicos. Ahí van mis argumentos (utilizo como datos este artículo de 2010 y la escala salarial de la función pública de 2009):

  • No todos los empleados públicos tienen su puesto asegurado: hay aproximadamente 2,5 millones de empleados públicos. De ellos, aproximadamente un millón no son funcionarios, y por tanto pueden ser despedidos como cualquier otro trabajador. Y de hecho, tienen menos estabilidad: la temporalidad es más alta en la parte del sector público no funcionario que en el sector privado.
  • La mayoría de los funcionarios no son administrativos: el 20% son profesores, el 18% trabajan en la sanidad, hay policías, soldados... Los oficinistas y administrativos son solamente un 20% de los trabajadores públicos, más o menos.
  • No trabajan pocas horas: la media de horas que trabaja un funcionario a la semana es 38. El máximo que se puede exigir por ley es 40. 
  • No tienen más vacaciones que los demás trabajadores: en general, un empleado público tiene 22 días laborables de vacaciones, como cualquier otro trabajador por cuenta ajena. La excepción aquí es, por supuesto, el profesorado no universitario, que descansa la práctica totalidad de los meses de julio y agosto.
  • No ganan mucho dinero: si bien hay muy pocos empleados públicos que ganan menos de 1.000 euros al mes, no es menos cierto que, a igual puesto de trabajo, se gana más dinero en la empresa privada. Esto es cierto especialmente en los puestos de mayor responsabilidad y mayor remuneración. 

Por último, me queda el que considero el argumento más importante de todos: un privilegio es la "exención de una obligación o ventaja exclusiva o especial de que goza alguien por concesión de un superior o por determinada circunstancia propia". Todos los funcionarios lo son porque han aprobado una oposición. Las oposiciones son el sistema más justo que conozco para decidir a quien asignar un puesto de trabajo, y cualquiera puede presentarse a ellas. No es un privilegiado quien ha obtenido un puesto de trabajo que se ofreció a todos, para el que fue distinguido como el mejor de los candidatos en un proceso (en general) justo, y que renuncia a una carrera profesional que posiblemente le fuera a reportar más dinero a cambio de estabilidad. Si en la época de bonanza económica los empleados públicos no eran los que más ganaban de todos, si no han sido designados "a dedo" para su puesto, es injusto que ahora sean usados como diana de las críticas, por mucho que su situación sea envidiable para otros. 

viernes, 22 de junio de 2012

Decisiones personales, decisiones colectivas

El otro día leí un artículo periodístico en el que se explicaba como un juez había tomado la decisión de ordenar que se alimentara a la fuerza a una mujer anoréxica. El caso es el siguiente: la mujer, que actualmente tiene 32 años, lleva 21 sufriendo trastornos relacionados con la alimentación, tiene un índice de masa corporal bajísimo y no toma alimentos sólidos. Tras ser alertado por las autoridades del municipio en el que vive, un juez del tribunal de protección inglés ha dictaminado que se la ha de alimentar contra su voluntad para preservar su vida. 

Además de tristísima, la historia de esta enferma es muy polémica. Para tomar la decisión que ha tomado, el juez, de acuerdo con la ley británica sobre incapacidad mental, ha tenido que considerar que la mujer enferma no era capaz de tomar decisiones por sí misma; que la alimentación forzosa va en su interés; y que la decisión tomada es la menos invasiva (con respecto a la libertad y la intimidad) de entre las que cumplen los dos principios anteriores. Es posible que, dadas las condiciones físicas extremas en las que se encuentra la enferma, este último requisito se cumpla. Pero el propio juez reconoce que  la paciente "no es una niña (...) sino una mujer inteligente y elocuente", por lo que la presunta incapacidad mental de la enferma queda en entredicho. Y todavía está menos claro que la alimentación forzosa vaya en su interés, dado que tanto ella como su entorno familiar han manifestado que no lo desean.

Independientemente de que la decisión de la justicia haya sido más o menos acertada de acuerdo con la ley inglesa (y yo creo que no lo ha sido, dado que el propio juez reconoce que la enferma está capacitada para tomar decisiones), la situación de esta mujer es claramente un caso en el que hay que decidir entre la libertad individual y otro tipo de consideraciones. En concreto, se trata de ver si ha de prevalecer la libertad de una persona, aunque dicha libertad sea autodestructiva, por encima de la propia vida. Yo no creo en las libertades individuales por encima de todo: por ejemplo, creo que en ocasiones es lícito recortarlas o mermarlas por el bien del colectivo. Además, mis sentimientos me impulsan a apoyar la decisión del juez, cuyo objetivo es salvar una vida. Pero lo cierto es que no veo de qué modo perjudica al colectivo que una persona no desee alimentarse; y por tanto no creo que se deba dejar de respetar la libertad de elección en este caso. Así que la única razón por la que yo justificaría la alimentación forzosa sería que la enferma fuera declarada incapaz por su anorexia, y dado que no soy médico, considero que no tengo suficientes elementos de juicio para hacerlo. 

viernes, 15 de junio de 2012

Mentiras y neolengua

Hace un tiempo escribí en este blog sobre la ejemplaridad de nuestros políticos. Está claro que sería muy deseable que nuestros políticos dijeran siempre la verdad y que nos informaran con precisión de las decisiones que toman, pero creo que esto no ocurre casi nunca. Representantes de todos los partidos políticos mienten, en ocasiones con descaro, y no tienen ningún problema por ello. Ejemplos de esto pueden ser la afirmación del ministro de Educación, Jose Ignacio Wert, quien afirmó que en California hay 10 universidades, a pesar de que hay más de 100; o las afirmaciones del gobierno socialista español, o el popular madrileño, con respecto al déficit público del año 2011. En el caso de los primeros, Alfredo Pérez Rubalcaba llegó a afirmar que "todo el mundo" sabía que se iba a incumplir el objetivo de déficit, a pesar de que el gobierno mantuvo lo contrario, en público y en privado, hasta que se celebraron las elecciones generales de noviembre de 2011.

Sin embargo, hoy no quiero hablar de esas mentiras descaradas y comprobables, que para mi gusto deberían dar lugar a responsabilidades judiciales (y políticas, por supuesto). Quiero hablar de otra forma de manipulación, un poco más sutil, y que es usada quizá con mayor frecuencia por nuestros políticos: el empleo de eufemismos para evitar decir cosas que incomoden a quienes escuchan (lo que George Orwell llamó neolengua). El ejemplo que ha hecho que piense en este tema esta semana es el debate sobre si el dinero que va a recibir España desde la Unión Europea se debe denominar rescate, o si por el contrario se debe llamar "préstamo en condiciones muy favorables", o de cualquier otra manera. Este tipo de debates es muy interesante por diversas razones, ninguna de ellas muy edificante para mi gusto. Para empezar, edulcorar la verdad de manera que esta se vea como menos mala de lo que es se puede considerar una absoluta falta de ética por parte de quien lo hace. Además, el lenguaje se pervierte: un término con connotaciones esencialmente positivas como es "rescate" en la actualidad se considera algo malísimo. Y desde luego, cuando yo aprendí la dichosa palabra, si yo necesitaba ayuda y alguien me rescataba, eso era muy bueno para mí; pero ahora, gracias a nuestros políticos, la palabra rescate es algo malo y lo bueno es un préstamo en condiciones muy favorables. Temo el momento en el que "favorable" pase a ser un término que describa algo malo...

Por último, creo que hay otra consecuencia importante del debate sobre el uso de unos y otros términos para referirse a una misma cosa, y es el hecho de que debatir sobre los términos sirve para ocultar el verdadero debate. Pienso que el debate no debería centrarse en si los 100.000 millones de euros que España va a recibir deben denominarse rescate o de otra manera. El debate debería ser, por supuesto, sobre el impacto que ese préstamo, o como se llame, va a tener en la economía española, o en las posibles contrapartidas que ese préstamo requiera por parte de la población española. Pero por desgracia, parece que el debate sobre el fondo de los asuntos no es lo que más gusta a nuestros políticos. 

jueves, 7 de junio de 2012

Política agraria

La Unión Europea (UE) es una entidad supranacional que no tiene un gran poder político real, en el sentido de que no puede tomar decisiones e imponerlas a sus estados miembros en casi ningún asunto. Sin embargo, existe al menos un aspecto en el que los países de la UE sí que se organizan bajo una política común: la agricultura, mediante la llamada política agrícola común (PAC). Dicha política común tiene como objetivo el apoyo a los agricultores europeos, de manera que estos produzcan productos de alta calidad y de manera respetuosa con el medio ambiente. La PAC ha sufrido varios cambios importantes en su historia, y en la actualidad se está estudiando volver a reformarla.

Parecería que el hecho de que exista alguna política común a toda la UE es algo positivo (especialmente, en un momento en el que esta institución no está especialmente bien considerada desde España). Sin embargo, creo que la PAC tiene muchos defectos, algunos de cuales paso a comentar:

  • Las subvenciones a los agricultores se reparten en base a la cantidad de terreno que se posee. Eso hace que los grandes terratenientes y las empresas de alimentación reciban, sin necesitarlo, la mayor parte de las subvenciones agrarias.
  • Una de las principales motivaciones para que se entreguen subsidios a los agricultores es el hecho de que la producción fuera de Europa es mucho más barata, y sin el apoyo económico de la UE los agricultores europeos no pueden competir con los demás. Sin embargo, creo que la manera correcta de atajar ese problema no es permitir a los agricultores europeos competir de forma desleal; el dinero de las subvenciones a agricultores europeos seguramente estaría mejor empleado atacando la raíz de esa diferencia en los costes de producción que sirviendo de parche a una realidad injusta.
  • La concesión de las subvenciones no está vinculada a la producción. En consecuencia, existen terrenos cuyo uso no es agrícola (por ejemplo, campos de golf) y cuyos propietarios reciben la misma subvención que los que sí cultivan sus tierras.

Por último, me gustaría hacer una reflexión sobre la relación entre la PAC y la organización económica mundial. Resulta que la razón por la que la PAC no vincula, desde el año 2003, las subvenciones dadas a los agricultores con la producción que estos alcanzan es que en los años ochenta del siglo pasado el exceso de producción se convirtió en un grave problema económico que amenazaba las condiciones de vida de los agricultores. Me resulta realmente sorprendente y muy injusto que la UE pueda considerar problemática la sobreproducción de alimentos, dada la situación económica mundial, y dado que hay más de 1.000 millones de personas que pasan hambre en el mundo. Creo que este hecho, por sí solo, resulta un indicio muy claro de que algo en nuestro sistema económico (tal vez todo él) está muy mal, cuando la opulencia de ciertas regiones obliga a reducir la producción de alimentos para mantener el nivel de vida, mientras que la miseria de otras (mucho más grandes, además) hace que su población muera de hambre.

jueves, 31 de mayo de 2012

Política económica

El origen de la crisis económica en España se puede estimar en el período inmediatamente anterior a las elecciones generales de 2008, o tal vez un poco antes. El gobierno de entonces, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), negó durante mucho tiempo que existiera una tal crisis económica, y cuando al fin reconoció que la había aplicó sucesivos recortes en el gasto social para tratar de equilibrar las cuentas estatales. En concreto, el gobierno del PSOE aprobó una reforma laboral (que provocó una huelga general), redujo el sueldo de los funcionarios y congeló las pensiones, además de reducir el gasto en Educación e Investigación, que había aumentado en los años anteriores. En las elecciones generales de noviembre de 2011, el Partido Popular (PP) ganó claramente y formó gobierno en España. La situación económica era peor aún, pues se había agravado por la crisis de deuda soberana, que añadía una nueva y preocupante dimensión al cuadro macroecónomico global. Las primeras medidas aprobadas por el nuevo gobierno han incluido una reforma laboral (con su huelga general asociada), grandes recortes presupuestarios en Educación, Sanidad e Investigación y una amnistía fiscal. Además, recientemente el gobierno ha nacionalizado Bankia, una de las entidades bancarias mayores en España, destinando para ello una gran cantidad de dinero público.

El cuadro general que acabo de esbozar me lleva a hacer las siguientes observaciones:
  • La política económica llevada a cabo por los dos partidos tradicionalmente más votados en España sigue líneas similares, si es que no es exactamente la misma. Ello resulta sorprendente, habida cuenta de que, en principio, ambos partidos representan sensibilidades y valores muy diferentes entre sí. 
  • La receta económica aplicada no es efectiva. Sin entrar en las motivaciones o en si las medidas que se han ido adoptando son justas, está claro que la línea de máxima austeridad no funciona, ni siquiera en el sentido que quieren quienes aplican las reformas (podrían estar funcionando, según ellos, y que el resultado no me gustara a mí; pero no es ese el caso).
  • Los dos partidos mayoritarios en España parecen desconocer otras posibles soluciones a la crisis económica. Aparentemente, países tan distintos como Estados Unidos, Brasil, Islandia o Noruega han aplicado medidas diferentes a las aplicadas en Europa occidental cosechando un éxito mucho mayor.
Por todo lo anterior, me gustaría proponer para su discusión otra posible línea de actuación, y sopesar sus pros y contras desde el punto de vista de la utilidad (es decir, de la manera menos ideológica posible). Supongamos que España decide no pagar su deuda soberana, aduciendo que pagarla resultaría inadmisible para sus ciudadanos. Adicionalmente, España saldría del Euro y de la Unión Europea (UE), volviendo a su antigua moneda (o a otra), con lo que recuperaría la capacidad de hacer política monetaria. La razón que se esgrimiría para ello es la merma de soberanía que sufre el pueblo español por el hecho de pertenecer a la UE, unido al no muy edificante ejemplo de la situación actual en Grecia. Además, se detendrían los rescates a entidades financieras en problemas, dejándolas caer para nacionalizarlas después por muy poco dinero; el objetivo concreto de esas nacionalizaciones debería ser la protección de los depósitos de los clientes. Por último, y ya que la discusión es teórica, supongamos que estas medidas se hubieran aplicado antes de llegar a la situación actual. ¿Habría cambiado algo? ¿Estaríamos mejor que ahora, o peor? ¿Afectaría esta "solución" a la crisis de deuda al resto de la situación económica española, y muy especialmente a la tasa de desempleo?

viernes, 25 de mayo de 2012

La religión y el progreso

En España, la iglesia católica recibe una parte de los impuestos de cada ciudadano que voluntariamente así lo decide para su sostenimiento y actividades. Cada año, la iglesia realiza una campaña de promoción para tratar de que el mayor número posible de personas decida asignarle la citada parte de sus impuestos. Dicha campaña recibe el nombre de programa Xtantos, y que no está exenta de polémica. Adicionalmente, el Estado español asigna una cantidad de dinero proveniente de los presupuestos a la iglesia. Se puede, claro, argumentar que ese dinero estaría mejor empleado si se destinara a otros fines.

En mi opinión, el papel de las distintas religiones en el progreso de la sociedad ha sido distinto en cada momento de la Historia. La religión católica fue, a través de la traducción y conservación de textos clásicos en los monasterios, y de la caridad ejercida por sus miembros entre los más pobres, una influencia claramente positiva en los avances de la sociedad al inicio de la Edad Media. Por contra, la temible Inquisición y la negativa a aceptar el progreso científico (Galileo ha sido, aún hoy día, solo parcialmente rehabilitado por la iglesia) lastraron el desarrollo de la ciencia en los países católicos durante siglos. La religión musulmana ha cambiado también de cara en numerosas ocasiones, de la tolerante de los inicios que permitió el desarrollo de la medicina con Avicena, por ejemplo, a la menos tolerante que podemos observar en ciertos lugares hoy en día. 

A raíz de todo lo anterior, las preguntas que me hago son las siguientes: ¿Es el sentimiento religioso bueno para el progreso de la sociedad? ¿Son las instituciones religiosas buenas para el progreso de la sociedad? ¿Cambia la respuesta a las preguntas anteriores si pensamos en una época distinta a la actual? Sobre la primera pregunta confieso que no tengo argumentos para opinar en ningún sentido (o, equivalentemente, creo que no influye). Con respecto a la segunda pregunta, tengo la sensación de que, por desgracia, las instituciones religiosas constituyen un foco de poder muy terrenal al que sus dirigentes se aferran, lo que hace que en general perjudiquen al progreso en un intento de proteger su ascendiente sobre la población. A pesar de los indudables buenos sentimientos que se desprenden de casi todas las teorías religiosas que conozco, me da la sensación de que la necesidad de afirmar una serie de dogmas (y necesariamente sin usar la razón) obliga a quienes mandan en las distintas religiones a coartar el desarrollo de algunas características positivas del progreso. Por último, con respecto a la tercera pregunta, mi respuesta se deduce de la anterior: cuando la jerarquía eclesiástica de una religión no tiene poder más allá de lo espiritual, en principio no hay ninguna razón para que su existencia perjudique en modo alguno al resto de la sociedad y su desarrollo. Pero no conozco ninguna religión cuyos dirigentes no aspiren a un gran poder en la Tierra.

jueves, 17 de mayo de 2012

Ruido

El martes día 15 de mayo hubo una cacerolada en la puerta del Sol. La cacerolada fue organizada por el movimiento 15M en el día de su primer aniversario y supuso el colofón a cuatro días de protestas y actividades que empezaron con la manifestación del sábado 12. Las razones de este movimiento han sido ampliamente comentadas y están disponibles en la red. Además, han sido apoyadas o duramente criticadas por algunos medios de comunicación e incluso yo he escrito sobre ellas. 

Precisamente sobre eso quiero hablar hoy: sobre el tratamiento de la información, especialmente por parte de los periodistas. En efecto, los distintos medios de comunicación tienen posiciones muy diferentes con respecto al movimiento 15M, y en general con respecto a cualquier tema. No me parece que sea malo que cada uno opine de una manera distinta sobre cada asunto, pero parece que está claro que los medios de comunicación (y los gobiernos y partidos políticos) exageran o retocan la información que publican, cuando no mienten con descaro. En ese sentido, me parece que en España tenemos tres problemas fundamentales que seguramente habría que tratar de atajar aprobando normas específicas relacionadas con la ética de la profesión periodística:

  1. Los medios de comunicación son muy poco independientes. No me parece mal que un periódico o una radio tengan una línea editorial clara y que sus columnistas, tertulianos, colaboradores y articulistas de opinión expresen ideas de una determinada ideología, siempre que el medio sea privado. Sin embargo, los grupos de comunicación de nuestro país, normalmente en manos de poderosos hombres de negocios, parecen estar guiados no por una ideología, sino por el apoyo a un determinado partido político, que puede a su vez tener una línea ideológica coherente o no.
  2. Creo que los distintos grupos de comunicación distinguen muy mal la información de la opinión, y eso hace que lo que nos llega a los ciudadanos esté siempre sesgado y manipulado.  
  3. Los medios de comunicación piensan que los ciudadanos son muy manipulables, o los ciudadanos no castigan (no comprando el periódico, no escuchando la radio, no viendo la televisión) a los medios de comunicación que manipulan. Dado que vivimos en un sistema de libre mercado, una regulación para este problema ha de venir de los ciudadanos y no de la administración.


Por último, quiero terminar la entrada con la que creo que es la relación entre la cacerolada, la manipulación de los medios informativos y el título de esta entrada del blog. Yo estuve en Sol el martes. En la cacerolada, además de hacer ruido con unos poco habituales instrumentos musicales, se gritaban algunas de las consignas más conocidas del movimiento 15M. Naturalmente, el ruido reinante impedía que los gritos se propagaran de forma rápida o muy coordinada, llegando incluso a escucharse dos consignas simultáneamente desde sectores distintos de la plaza. Y mientras golpeaba mi bandeja metálica con un tenedor y escuchaba los sonidos que emitían los otros miles de personas que estaban allí, pensé que las cosas que quería decir la gente, las frases que querían corear, me llegaban con muchísimo menos ruido que la información que recibimos a diario por parte de los medios de comunicación. Y pensé también que esa podía ser la razón por la que me identifico tanto con el movimiento 15M; pues lo que allí se escuchaba era la verdad de muchas personas, sin distorsiones ni manipulaciones, entre un fragor que no impedía que todos nos entendiéramos perfectamente.

jueves, 10 de mayo de 2012

Calidad democrática

Dado que el próximo sábado hay convocada una manifestación cuyas consignas incluyen referencias a esto, y aunque de parte de este tema ya he escrito, creo que es apropiado esta semana hablar de la calidad de nuestra democracia. Si bien es generalmente aceptado que organizarse de forma democrática es la mejor forma posible de hacerlo, está claro que hay aspectos de esa organización que la pueden hacer mejor (o mucho peor). Con respecto al caso español, creo que existen muchas razones para acudir a la manifestación de este fin de semana. Pienso que la calidad de nuestra democracia es bajísima, y como prueba de ello incluyo aquí algunas situaciones o actuaciones que creo que no deberían ocurrir nunca en una sociedad democrática justa:

  • Nuestros dirigentes no son ejemplares. Roban, trafican con influencias, e incluso matan utilizando el poder que el pueblo les otorga en las urnas para actuar contra la moral de sus votantes y la ley.
  • Nuestros partidos políticos no son independientes. Los partidos políticos reciben una subvención que proviene de los presupuestos del Estado, lo que les resta independencia e impide que su lealtad sea únicamente para con sus votantes.
  • Nuestros sindicatos tampoco son independientes, por las mismas razones que los partidos políticos. Además, su clara relación con determinados partidos políticos (que no con determinadas ideas) hace que su efectividad dependa de quién ostente el gobierno en cada momento.
  • Nuestro jefe del Estado no se elige en las urnas. Se eligió una vez y para siempre en una votación sin ninguna otra opción hace más o menos 35 años.
  • La mayoría de nuestros representantes son elegidos utilizando listas cerradas, lo que impide que el votante seleccione a las personas que mejor le representen.

Creo que cambiar todas las cosas que he escrito arriba contribuirían a que nuestra organización en sociedad fuera mejor; y por esa razón yo voy a ir a la manifestación este sábado. Sin embargo, y tratando de ir al fondo de la cuestión, es posible que el problema sea que una democracia "buena" no puede existir. Está más que comprobado que políticos muy corruptos (o sus partidos, si ellos abandonan la escena política) revalidan sus mayorías sin ninguna dificultad, viendo legitimados sus desmanes por una mayoría que o bien los ignora o bien considera que no son los bastante importantes. Por tanto, es posible que el voto no sea la manera correcta de decidir quién gobierna, o que las decisiones de la mayoría no sean las mejores. Yo no tengo claramente formada una opinión al respecto, porque no veo que ninguno de los demás regímenes de los que he tenido noticia sea mejor; pero tampoco he visto ningún país democrático que funcione como a mi me gustaría, sobre todo en aspectos relacionados con la justicia social.

jueves, 3 de mayo de 2012

Disciplina de voto

En el parlamento autonómico de Andalucía que se constituyó tras las últimas elecciones en esa comunidad autónoma, el partido que ha obtenido un mayor número de escaños es el Partido Popular. Tras hacer un referéndum entre sus militantes no exento de polémica, Izquierda Unida ha apoyado la investidura de José Antonio Griñán, cabeza de lista del Partido Socialista Obrero Español en las elecciones, como presidente de la Comunidad. Además, el primer partido entrará en el gobierno autonómico de manera estable, obteniendo algunas consejerías (aún por determinar). Por contra, hace algunos meses en Extremadura, y con una disposición similar de las fuerzas parlamentarias, la decisión de IU fue no apoyar la investidura del candidato del PSOE, lo que propició la elección por mayoría simple de Jose Antonio Monago, del PP. Me gustaría discutir dos cuestiones relacionadas con estos dos hechos políticos: la propia decisión de IU en cada uno de los casos, y en el caso andaluz, el voto discrepante del resto de su formación anunciado y emitido por Juan Manuel Sánchez Gordillo.

En cuanto a la decisión de IU en una y otra situación, considero que la postura adoptada en el caso extremeño es más honesta con su programa electoral (y por tanto con sus votantes). Creo que las diferencias ideológicas entre los dos partidos susceptibles de coaligarse son muy grandes, a pesar de que ambos son habitualmente calificados de partidos de izquierdas. Desde el punto de vista de IU, tanto el PSOE como el PP son partidos liberales que por lo tanto chocan frontalmente con la concepción económica de una formación que integra en su seno al Partido Comunista de España. Además, creo que en general es pernicioso elegir lo "menos malo" entre dos opciones dadas, y que la vocación de gobernar no puede ser la única motivación en política, ni la más importante.

En cuanto a la actuación de Sánchez Gordillo, me parece que se puede abordar el asunto desde una perspectiva más amplia, que es el de la disciplina de voto en las formaciones políticas. Muy pocas veces vemos discrepancias en el voto entre representantes del mismo partido; este hecho solamente se da en situaciones puntuales, como el caso de la prohibición de las corridas de toros en Cataluña. Esto posiblemente sea consecuencia de que el sistema de elección en España, salvo en el caso del Senado, es mediante listas cerradas. En cualquier caso, yo creo que siempre es mejor que las personas piensen por sí mismas; y me sorprende que dos parlamentarios, por mucho que pertenezcan al mismo partido, siempre voten lo mismo. Por tanto, estoy a favor de que los representantes sean elegidos mediante listas abiertas e, independiente de eso, me parece muy bueno desde el punto de vista democrático que los representantes electos actúen de acuerdo con su conciencia y rompan la disciplina de voto cuando lo consideren oportuno. Además, en el caso concreto de Sánchez Gordillo, considero que su discrepancia está justificada y me parece acertada.

jueves, 26 de abril de 2012

Sentimientos nacionalistas

Hoy a mediodía el gobierno español ha anunciado un plan de política penitenciaria para presos de ETA (y algunos otros), en el que, resumiendo con poco cuidado, se relaja la dureza con la que dichos presos son tratados y considerados. Más allá de la medida concreta y de cómo se enmarca en el llamado conflicto vasco, y al hilo de dos entradas que se han publicado en este blog (esta y esta) y de algunos de los comentarios que en ellas aparecían, creo que estaría bien tratar de discutir de forma un poco más general sobre las nociones relacionadas de nación, estado, soberanía nacional, y nacionalismo

El sentimiento nacionalista, tal y como se suele entender, me es ajeno. Históricamente, creo que quienes han defendido y defienden tesis nacionalistas en el fondo persiguen afirmar la superioridad de algunos por encima de otros, es decir, discriminar, y además hacerlo por una causa muy poco objetiva (raza, lugar de nacimiento, idioma...). Eso no significa que no pueda sentirme orgulloso de las virtudes que atesore, por ejemplo, el país cuya nacionalidad ostento, o la región en la que vivo. Sin embargo, en realidad ese sentimiento de orgullo es más bien orgullo razonado, pues necesito una causa que lo motive; y eso significa que más que un sentimiento, es una opinión. Como consecuencia de lo anterior, para mí la soberanía nacional es la legitimidad que alcanza un conjunto de personas que se pone de acuerdo para vivir en sociedad; y esa legitimidad es mayor que la del individuo en tanto en cuanto se entiende que la sociedad actúa en beneficio del conjunto y no de una parte de sus miembros. Es decir, reconozco legitimidad a la nación, al estado, si este es capaz de ser solidario, si como grupo intenta proteger a sus miembros más débiles y si tiene como objetivo que todos vivan de la mejor manera posible.

Por último, y volviendo al caso concreto del conflicto vasco, mi opinión es que un sistema democrático como el español no debería tener problemas para admitir la celebración de un referéndum vinculante en el que los vascos decidan sobre su independencia, de manera que el conflicto se cerrara con la máxima legitimidad desde el punto de vista democrático. Entiendo que es una manera muy simplista de despachar un problema muy complicado, pero discutirlo más en profundidad sería ya otra historia que tal vez sea contada en otra ocasión.

jueves, 19 de abril de 2012

Nacionalización de recursos

La noticia política y económica más relevante esta semana posiblemente ha sido la expropiación de YPF por parte de Argentina a la multinacional Repsol. La petrolera YPF era una empresa estatal argentina hasta que fue privatizada en la última década del siglo pasado, con el apoyo explícito de la actual presidenta argentina, Cristina Fernández. Ahora, y tras meses de infructuosas negociaciones entre el gobierno argentino y dirigentes de la empresa, el primero ha decidido expropiar el 51% de la empresa, con lo que ésta quedará bajo el control del Estado argentino. El gobierno español ha reaccionado con dureza contra lo que considera un ataque a una empresa española, aprestándose a defenderla. 

Al hilo de esta noticia, me gustaría dar mi visión sobre la gestión de recursos y de la riqueza en general, además del reciente caso. En lo general, creo que los recursos llamados estratégicos deberían ser propiedad de entes que representen el interés general, y no intereses particulares de ninguna clase. A día de hoy, las únicas instituciones que representan de alguna forma el interés general son los Estados, y por eso creo que es en manos de éstos en las que deberían encontrarse los recursos. En ese sentido, la nacionalización de YPF, como las del gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, o cualesquiera otras, tienen mi apoyo en principio.

Sin embargo, y yendo al caso concreto de la expropiación de YPF, creo que la actuación de los distintos implicados ha sido, como mínimo, muy discutible. Por el lado del gobierno argentino, me cuesta creer que la presidenta argentina haya nacionalizado la empresa por convicciones ideológicas o morales, toda vez que apoyó su privatización una vez. Además, existen más compañías petroleras actuando en Argentina, y ninguna de ellas va a ser afectada; con lo que no estamos ante un caso estricto de nacionalización de recursos, sino de expropiación de una empresa concreta. Por el lado de la empresa, creo que nadie ha desmentido los argumentos del gobierno argentino para la expropiación (la falta de inversiones de Repsol en territorio argentino), así que asumo que esas razones son ciertas; y si eso es así, Repsol habría incumplido compromisos adquiridos con Argentina. Por último, queda la postura de los gobiernos de terceros países, incluida España. Mi opinión es que, dado que Repsol es una empresa privada con más de un 50% de capital flotante ("free float", capital sujeto a especulación), es una empresa que no pertenece a ningún país, por mucho que su sede central esté en España. Por tanto, creo que el gobierno español no debe implicarse en la polémica, pues se debe a su pueblo y no a los accionistas de Repsol. Y desde luego, no debería promover sanciones contra Argentina, que legalmente puede llevar a cabo la expropiación, de acuerdo con sus reglas económicas.

jueves, 12 de abril de 2012

Libertad contra justicia social

El otro día mantuve un debate muy interesante que hoy quiero trasladar aquí. El centro del mismo era el valor que le otorgamos a las libertades frente a algunas otras cosas. En concreto, se trataba de decidir cómo de necesarias eran las libertades individuales para la construcción de un Estado justo y bueno con sus ciudadanos (si es que está claro qué es eso). La hipótesis inicial que yo defendía era que, si bien las libertades individuales y los avances en derechos son muy importantes, es más importante un Estado fuerte que disminuya los desequilibrios entre sus ciudadanos y garantice que éstos puedan subsistir dignamente a través del gobierno de la economía; en definitiva, yo anteponía la justicia social a la libertad. El argumento que se me dio en contra es que los regímenes que atentan contra las libertades impiden a largo plazo la justicia social, y que la libertad es la única forma de conseguir, al final, esa justicia social. Los imperfectos ejemplos de ambas posturas podían ser, por un lado, algunos gobiernos sudamericanos populistas y represores de la libertad de expresión, pero con datos económicos y de lucha contra la pobreza inapelables (Venezuela, Bolivia, Brasil); y por el otro, las democracias occidentales (Estados Unidos, España, Alemania).

Sin embargo, esta semana han pasado dos cosas que me llevan a enfocar el asunto desde otro ángulo. La pregunta es: ¿Es cierto que las democracias occidentales garantizan las libertades, y son en eso mucho mejores que otros regímenes? Los dos hechos que me han llevado a plantearme la pregunta son los siguientes: la polémica en torno al poema de Günter Grass publicado en el Süddeutsche Zeitung alemán y el anuncio del gobierno español de que se castigará la resistencia pasiva en el Código Penal. Grass ha sido declarado persona non grata por Israel a raíz de su poema (como lo fue en su día José Saramago), y en Alemania ha sido reiteradamente acusado de nazi (lo fue un día) por esa razón. Criminalizar la resistencia pasiva es, en cambio, un recorte en derechos enorme que dejaría fuera de la ley a personajes como Gandhi. Estos dos ejemplos han reforzado empíricamente mi opinión con respecto a qué es más importante, si justicia social o libertad, en favor de la primera; y eso a pesar de la opinión que ya expresé a favor de la libertad de expresión. Pero reconozco que el problema sigue abierto para mí y me gustaría saber más.

jueves, 5 de abril de 2012

Dos cuestiones sobre los presupuestos

La entrada de esta semana es un poco más larga de lo habitual, porque pretende discutir dos cuestiones distintas, ambas relacionadas con los presupuestos generales presentados por el gobierno español tras el consejo de ministros del pasado viernes. La primera cuestión es la amnistía fiscal. Como medida para aumentar los ingresos, se ofrece a quien tiene dinero negro que lo declare pagando un "impuesto" del 10% de la cantidad aflorada, quedando además el declarante eximido de culpa de cualquier delito fiscal asociado a ese dinero. El partido en el gobierno, el PP, promueve esta amnistía fiscal cuando la criticó hace dos años. El principal partido de la oposición, el PSOE, la critica cuando hace dos años propuso una similar, además de haber ejecutado dos en sus años de gobierno.

Sin embargo, a mí no me interesa especialmente el debate partidista sobre la medida, sino más bien la discusión moral sobre el fondo de la misma. Una amnistía fiscal es injusta en el sentido de que premia a quien no declaró sus impuestos a Hacienda, ofreciéndole pagar menos de lo que habría tenido que pagar si hubiera hecho las cosas de acuerdo con la ley. Pero (y esto tal vez sea muy demagógico) si con el dinero que declara tarde, mal y barato un criminal se puede construir un hospital, tal vez el punto de vista cambie, pues es más justo un país con una Sanidad mejor; algo a lo que, desde luego, contribuye ese hospital de más. La discusión es, en el fondo, si el fin justifica los medios. Mi opción es, en general y ahora, que no.

El segundo tema que me interesa está relacionado con algunas partidas de gasto de los presupuestos. En concreto, quiero centrarme en cuatro cifras concretas: el plan nacional de I+D+i sufre un recorte del 35,5% en su dotación, mientras que el presupuesto de educación se reduce un 21,9%. Por contra, el presupuesto del Consejo Superior de Deportes sube un 13,6%, y el del la Agencia Antidopaje sube el 6,3%. Todo ello se enmarca en unos presupuestos muy austeros en los que casi todas las partidas bajan.

Mi pregunta con respecto al criterio seguido a la hora de distribuir el gasto en el presupuesto es la siguiente: ¿Qué clase de país queremos construir? En general, creo que la mejor imagen profesional que puede proyectar un país es la de una sociedad formada y reconocida por sus logros industriales, científicos y culturales. No concibo manera de construir esta imagen sin un adecuado fomento de la educación a todos los niveles, desde la básica a la más avanzada. Y lo que se deduce de estos presupuestos es que la imagen obtenida a través del deporte es más importante que la inversión en educación. Creo que eso es muy lamentable, pues nos lleva en la dirección de un tipo de país mucho menos avanzado de lo que yo deseo. 

jueves, 29 de marzo de 2012

Cerrado por huelga

Normalmente este blog se actualiza los jueves. Pero esta semana no va a ser así, porque estamos en la huelga general.

jueves, 22 de marzo de 2012

Razones para una huelga

Ni a favor del PP, ni en su contra. Ni con el PSOE, ni contra él. Ni por IU, ni contra ella. Ni por la convocatoria de los sindicatos CCOO y UGT, ni por oposición a la patronal CEOE. Ni a favor de las organizaciones de base católicas, ni en contra de su jerarquía. Ni en contra de UPyD, ni a favor de la organización Democracia Real Ya. Ni porque se hayan sumado las organizaciones ecologistas, ni en contra de la fundación FAES. Pienso que el apoyo a la huelga general del próximo 29 de marzo no debe depender de qué organizaciones la apoyan o la enfrentan; de hecho, pienso eso en general, pero me parece que vale la pena recordarlo en esta ocasión.

Creo que lo que está en juego es lo bastante importante como para que cada uno tratemos de actuar de manera independiente de lo que hagan nuestras instituciones, organizaciones y medios de comunicación de referencia. Pienso que la situación económica española es mala, muy mala, y que hay que hacer algo que ayude a mejorarla. También creo que el gobierno de un país ha de hacer su trabajo en beneficio de sus ciudadanos; de todos ellos. Sin embargo, creo que la reforma laboral no verifica ese principio, y voy a dar unos cuantos argumentos al respecto:
  • Es una reforma desequilibrada en favor de los más fuertes: una empresa con cualquier volumen de beneficios pero cuyos ingresos se reduzcan durante tres trimestres consecutivos, puede despedir a parte de su plantilla, considerándose esos despidos procedentes; o puede bajarles el sueldo, o subirles las horas de trabajo. Además, muchos expedientes de regulación de empleo (ERE) se pueden ya realizar sin que un juez establezca si son justos o no. Y prevalece el convenio de empresa frente al convenio colectivo, lo que reduce la fuerza de los trabajadores en la negociación de sus condiciones de trabajo.
  • Es una reforma que ataca derechos de los ciudadanos: España contaba con uno de los despidos más caros de Europa antes de la reforma. Eso ahora deja de ser así, lo que significa que un derecho adquirido y una ley que lo protegía se ven recortados.
  • Es una reforma que ataca la seguridad en el empleo: los contratos de formación se extienden hasta la edad de 30 años. Se suprimen los salarios de tramitación (lo que percibe el trabajador despedido que mantiene un conflicto judicial con su empleador). Incluso se prevé el posible despido de trabajadores fijos de la Administración.

En general, creo que los derechos adquiridos nunca deberían poder perderse o recortarse, y creo que la reforma laboral permite que eso ocurra con algunos de ellos. También creo que el gobierno ha legislado en esta ocasión a favor de un segmento de la población y en contra de otro más débil. Y por eso, yo voy a hacer huelga el próximo jueves.