¿Privilegiados?

Desde que empezó la crisis económica en España, los gobiernos de la nación han adoptado políticas de reducción del gasto público que han afectado a algunas de las partidas de los presupuestos, como ya hemos hablado alguna vez aquí. Una de las medidas que se ha adoptado (en Madrid, dos veces) es la reducción del sueldo de los empleados públicos. Además, en la actualidad se discute una segunda reducción de sueldo como condición para el rescate financiero por parte de la Unión Europea. La justificación oficial de la reducción de sueldos es, como para todos los recortes, la malísima situación de las arcas públicas y la necesidad de controlar el déficit de la administración. Sin embargo, existe una segunda justificación, esgrimida por mucha gente en diversos ámbitos, que consiste en considerar justo el recorte del sueldo de los empleados públicos porque son unos "privilegiados" y unos "vagos".

Con respecto a lo vagos que son los empleados públicos, la crítica hereda de la famosísima de Mariano José de Larra. La imagen es la de un empleado perezoso que llega tarde a su puesto, se va pronto, sale a desayunar durante una hora y es en general muy malo en su trabajo, que por otra parte es muy fácil. Los privilegios de los funcionarios son, fundamentalmente, la absoluta seguridad en el puesto de trabajo y el sueldo garantizado de por vida. Mi opinión es que esta crítica es falsa, y las más de las veces, malintencionada; pues creo que muchos entre quienes la hacen suelen tener interés personal o político en desprestigiar a los empleados públicos. Ahí van mis argumentos (utilizo como datos este artículo de 2010 y la escala salarial de la función pública de 2009):

• No todos los empleados públicos tienen su puesto asegurado: hay aproximadamente 2,5 millones de empleados públicos. De ellos, aproximadamente un millón no son funcionarios, y por tanto pueden ser despedidos como cualquier otro trabajador. Y de hecho, tienen menos estabilidad: la temporalidad es más alta en la parte del sector público no funcionario que en el sector privado.
• La mayoría de los funcionarios no son administrativos: el 20% son profesores, el 18% trabajan en la sanidad, hay policías, soldados... Los oficinistas y administrativos son solamente un 20% de los trabajadores públicos, más o menos.
• No trabajan pocas horas: la media de horas que trabaja un funcionario a la semana es 38. El máximo que se puede exigir por ley es 40. 
• No tienen más vacaciones que los demás trabajadores: en general, un empleado público tiene 22 días laborables de vacaciones, como cualquier otro trabajador por cuenta ajena. La excepción aquí es, por supuesto, el profesorado no universitario, que descansa la práctica totalidad de los meses de julio y agosto.
• No ganan mucho dinero: si bien hay muy pocos empleados públicos que ganan menos de 1.000 euros al mes, no es menos cierto que, a igual puesto de trabajo, se gana más dinero en la empresa privada. Esto es cierto especialmente en los puestos de mayor responsabilidad y mayor remuneración. 

Por último, me queda el que considero el argumento más importante de todos: un privilegio es la "exención de una obligación o ventaja exclusiva o especial de que goza alguien por concesión de un superior o por determinada circunstancia propia". Todos los funcionarios lo son porque han aprobado una oposición. Las oposiciones son el sistema más justo que conozco para decidir a quien asignar un puesto de trabajo, y cualquiera puede presentarse a ellas. No es un privilegiado quien ha obtenido un puesto de trabajo que se ofreció a todos, para el que fue distinguido como el mejor de los candidatos en un proceso (en general) justo, y que renuncia a una carrera profesional que posiblemente le fuera a reportar más dinero a cambio de estabilidad. Si en la época de bonanza económica los empleados públicos no eran los que más ganaban de todos, si no han sido designados "a dedo" para su puesto, es injusto que ahora sean usados como diana de las críticas, por mucho que su situación sea envidiable para otros.