La religión y el progreso

En España, la iglesia católica recibe una parte de los impuestos de cada ciudadano que voluntariamente así lo decide para su sostenimiento y actividades. Cada año, la iglesia realiza una campaña de promoción para tratar de que el mayor número posible de personas decida asignarle la citada parte de sus impuestos. Dicha campaña recibe el nombre de programa Xtantos, y que no está exenta de polémica. Adicionalmente, el Estado español asigna una cantidad de dinero proveniente de los presupuestos a la iglesia. Se puede, claro, argumentar que ese dinero estaría mejor empleado si se destinara a otros fines.

En mi opinión, el papel de las distintas religiones en el progreso de la sociedad ha sido distinto en cada momento de la Historia. La religión católica fue, a través de la traducción y conservación de textos clásicos en los monasterios, y de la caridad ejercida por sus miembros entre los más pobres, una influencia claramente positiva en los avances de la sociedad al inicio de la Edad Media. Por contra, la temible Inquisición y la negativa a aceptar el progreso científico (Galileo ha sido, aún hoy día, solo parcialmente rehabilitado por la iglesia) lastraron el desarrollo de la ciencia en los países católicos durante siglos. La religión musulmana ha cambiado también de cara en numerosas ocasiones, de la tolerante de los inicios que permitió el desarrollo de la medicina con Avicena, por ejemplo, a la menos tolerante que podemos observar en ciertos lugares hoy en día. 

A raíz de todo lo anterior, las preguntas que me hago son las siguientes: ¿Es el sentimiento religioso bueno para el progreso de la sociedad? ¿Son las instituciones religiosas buenas para el progreso de la sociedad? ¿Cambia la respuesta a las preguntas anteriores si pensamos en una época distinta a la actual? Sobre la primera pregunta confieso que no tengo argumentos para opinar en ningún sentido (o, equivalentemente, creo que no influye). Con respecto a la segunda pregunta, tengo la sensación de que, por desgracia, las instituciones religiosas constituyen un foco de poder muy terrenal al que sus dirigentes se aferran, lo que hace que en general perjudiquen al progreso en un intento de proteger su ascendiente sobre la población. A pesar de los indudables buenos sentimientos que se desprenden de casi todas las teorías religiosas que conozco, me da la sensación de que la necesidad de afirmar una serie de dogmas (y necesariamente sin usar la razón) obliga a quienes mandan en las distintas religiones a coartar el desarrollo de algunas características positivas del progreso. Por último, con respecto a la tercera pregunta, mi respuesta se deduce de la anterior: cuando la jerarquía eclesiástica de una religión no tiene poder más allá de lo espiritual, en principio no hay ninguna razón para que su existencia perjudique en modo alguno al resto de la sociedad y su desarrollo. Pero no conozco ninguna religión cuyos dirigentes no aspiren a un gran poder en la Tierra.

Ruido

El martes día 15 de mayo hubo una cacerolada en la puerta del Sol. La cacerolada fue organizada por el movimiento 15M en el día de su primer aniversario y supuso el colofón a cuatro días de protestas y actividades que empezaron con la manifestación del sábado 12. Las razones de este movimiento han sido ampliamente comentadas y están disponibles en la red. Además, han sido apoyadas o duramente criticadas por algunos medios de comunicación e incluso yo he escrito sobre ellas. 

Precisamente sobre eso quiero hablar hoy: sobre el tratamiento de la información, especialmente por parte de los periodistas. En efecto, los distintos medios de comunicación tienen posiciones muy diferentes con respecto al movimiento 15M, y en general con respecto a cualquier tema. No me parece que sea malo que cada uno opine de una manera distinta sobre cada asunto, pero parece que está claro que los medios de comunicación (y los gobiernos y partidos políticos) exageran o retocan la información que publican, cuando no mienten con descaro. En ese sentido, me parece que en España tenemos tres problemas fundamentales que seguramente habría que tratar de atajar aprobando normas específicas relacionadas con la ética de la profesión periodística:

1. Los medios de comunicación son muy poco independientes. No me parece mal que un periódico o una radio tengan una línea editorial clara y que sus columnistas, tertulianos, colaboradores y articulistas de opinión expresen ideas de una determinada ideología, siempre que el medio sea privado. Sin embargo, los grupos de comunicación de nuestro país, normalmente en manos de poderosos hombres de negocios, parecen estar guiados no por una ideología, sino por el apoyo a un determinado partido político, que puede a su vez tener una línea ideológica coherente o no.
2. Creo que los distintos grupos de comunicación distinguen muy mal la información de la opinión, y eso hace que lo que nos llega a los ciudadanos esté siempre sesgado y manipulado.  
3. Los medios de comunicación piensan que los ciudadanos son muy manipulables, o los ciudadanos no castigan (no comprando el periódico, no escuchando la radio, no viendo la televisión) a los medios de comunicación que manipulan. Dado que vivimos en un sistema de libre mercado, una regulación para este problema ha de venir de los ciudadanos y no de la administración.

Por último, quiero terminar la entrada con la que creo que es la relación entre la cacerolada, la manipulación de los medios informativos y el título de esta entrada del blog. Yo estuve en Sol el martes. En la cacerolada, además de hacer ruido con unos poco habituales instrumentos musicales, se gritaban algunas de las consignas más conocidas del movimiento 15M. Naturalmente, el ruido reinante impedía que los gritos se propagaran de forma rápida o muy coordinada, llegando incluso a escucharse dos consignas simultáneamente desde sectores distintos de la plaza. Y mientras golpeaba mi bandeja metálica con un tenedor y escuchaba los sonidos que emitían los otros miles de personas que estaban allí, pensé que las cosas que quería decir la gente, las frases que querían corear, me llegaban con muchísimo menos ruido que la información que recibimos a diario por parte de los medios de comunicación. Y pensé también que esa podía ser la razón por la que me identifico tanto con el movimiento 15M; pues lo que allí se escuchaba era la verdad de muchas personas, sin distorsiones ni manipulaciones, entre un fragor que no impedía que todos nos entendiéramos perfectamente.

Calidad democrática

Dado que el próximo sábado hay convocada una manifestación cuyas consignas incluyen referencias a esto, y aunque de parte de este tema ya he escrito, creo que es apropiado esta semana hablar de la calidad de nuestra democracia. Si bien es generalmente aceptado que organizarse de forma democrática es la mejor forma posible de hacerlo, está claro que hay aspectos de esa organización que la pueden hacer mejor (o mucho peor). Con respecto al caso español, creo que existen muchas razones para acudir a la manifestación de este fin de semana. Pienso que la calidad de nuestra democracia es bajísima, y como prueba de ello incluyo aquí algunas situaciones o actuaciones que creo que no deberían ocurrir nunca en una sociedad democrática justa:

• Nuestros dirigentes no son ejemplares. Roban, trafican con influencias, e incluso matan utilizando el poder que el pueblo les otorga en las urnas para actuar contra la moral de sus votantes y la ley.
• Nuestros partidos políticos no son independientes. Los partidos políticos reciben una subvención que proviene de los presupuestos del Estado, lo que les resta independencia e impide que su lealtad sea únicamente para con sus votantes.
• Nuestros sindicatos tampoco son independientes, por las mismas razones que los partidos políticos. Además, su clara relación con determinados partidos políticos (que no con determinadas ideas) hace que su efectividad dependa de quién ostente el gobierno en cada momento.
• Nuestro jefe del Estado no se elige en las urnas. Se eligió una vez y para siempre en una votación sin ninguna otra opción hace más o menos 35 años.
• La mayoría de nuestros representantes son elegidos utilizando listas cerradas, lo que impide que el votante seleccione a las personas que mejor le representen.

Creo que cambiar todas las cosas que he escrito arriba contribuirían a que nuestra organización en sociedad fuera mejor; y por esa razón yo voy a ir a la manifestación este sábado. Sin embargo, y tratando de ir al fondo de la cuestión, es posible que el problema sea que una democracia "buena" no puede existir. Está más que comprobado que políticos muy corruptos (o sus partidos, si ellos abandonan la escena política) revalidan sus mayorías sin ninguna dificultad, viendo legitimados sus desmanes por una mayoría que o bien los ignora o bien considera que no son los bastante importantes. Por tanto, es posible que el voto no sea la manera correcta de decidir quién gobierna, o que las decisiones de la mayoría no sean las mejores. Yo no tengo claramente formada una opinión al respecto, porque no veo que ninguno de los demás regímenes de los que he tenido noticia sea mejor; pero tampoco he visto ningún país democrático que funcione como a mi me gustaría, sobre todo en aspectos relacionados con la justicia social.

Disciplina de voto

En el parlamento autonómico de Andalucía que se constituyó tras las últimas elecciones en esa comunidad autónoma, el partido que ha obtenido un mayor número de escaños es el Partido Popular. Tras hacer un referéndum entre sus militantes no exento de polémica, Izquierda Unida ha apoyado la investidura de José Antonio Griñán, cabeza de lista del Partido Socialista Obrero Español en las elecciones, como presidente de la Comunidad. Además, el primer partido entrará en el gobierno autonómico de manera estable, obteniendo algunas consejerías (aún por determinar). Por contra, hace algunos meses en Extremadura, y con una disposición similar de las fuerzas parlamentarias, la decisión de IU fue no apoyar la investidura del candidato del PSOE, lo que propició la elección por mayoría simple de Jose Antonio Monago, del PP. Me gustaría discutir dos cuestiones relacionadas con estos dos hechos políticos: la propia decisión de IU en cada uno de los casos, y en el caso andaluz, el voto discrepante del resto de su formación anunciado y emitido por Juan Manuel Sánchez Gordillo.

En cuanto a la decisión de IU en una y otra situación, considero que la postura adoptada en el caso extremeño es más honesta con su programa electoral (y por tanto con sus votantes). Creo que las diferencias ideológicas entre los dos partidos susceptibles de coaligarse son muy grandes, a pesar de que ambos son habitualmente calificados de partidos de izquierdas. Desde el punto de vista de IU, tanto el PSOE como el PP son partidos liberales que por lo tanto chocan frontalmente con la concepción económica de una formación que integra en su seno al Partido Comunista de España. Además, creo que en general es pernicioso elegir lo "menos malo" entre dos opciones dadas, y que la vocación de gobernar no puede ser la única motivación en política, ni la más importante.

En cuanto a la actuación de Sánchez Gordillo, me parece que se puede abordar el asunto desde una perspectiva más amplia, que es el de la disciplina de voto en las formaciones políticas. Muy pocas veces vemos discrepancias en el voto entre representantes del mismo partido; este hecho solamente se da en situaciones puntuales, como el caso de la prohibición de las corridas de toros en Cataluña. Esto posiblemente sea consecuencia de que el sistema de elección en España, salvo en el caso del Senado, es mediante listas cerradas. En cualquier caso, yo creo que siempre es mejor que las personas piensen por sí mismas; y me sorprende que dos parlamentarios, por mucho que pertenezcan al mismo partido, siempre voten lo mismo. Por tanto, estoy a favor de que los representantes sean elegidos mediante listas abiertas e, independiente de eso, me parece muy bueno desde el punto de vista democrático que los representantes electos actúen de acuerdo con su conciencia y rompan la disciplina de voto cuando lo consideren oportuno. Además, en el caso concreto de Sánchez Gordillo, considero que su discrepancia está justificada y me parece acertada.

Sentimientos nacionalistas

Hoy a mediodía el gobierno español ha anunciado un plan de política penitenciaria para presos de ETA (y algunos otros), en el que, resumiendo con poco cuidado, se relaja la dureza con la que dichos presos son tratados y considerados. Más allá de la medida concreta y de cómo se enmarca en el llamado conflicto vasco, y al hilo de dos entradas que se han publicado en este blog (esta y esta) y de algunos de los comentarios que en ellas aparecían, creo que estaría bien tratar de discutir de forma un poco más general sobre las nociones relacionadas de nación, estado, soberanía nacional, y nacionalismo. 

El sentimiento nacionalista, tal y como se suele entender, me es ajeno. Históricamente, creo que quienes han defendido y defienden tesis nacionalistas en el fondo persiguen afirmar la superioridad de algunos por encima de otros, es decir, discriminar, y además hacerlo por una causa muy poco objetiva (raza, lugar de nacimiento, idioma...). Eso no significa que no pueda sentirme orgulloso de las virtudes que atesore, por ejemplo, el país cuya nacionalidad ostento, o la región en la que vivo. Sin embargo, en realidad ese sentimiento de orgullo es más bien orgullo razonado, pues necesito una causa que lo motive; y eso significa que más que un sentimiento, es una opinión. Como consecuencia de lo anterior, para mí la soberanía nacional es la legitimidad que alcanza un conjunto de personas que se pone de acuerdo para vivir en sociedad; y esa legitimidad es mayor que la del individuo en tanto en cuanto se entiende que la sociedad actúa en beneficio del conjunto y no de una parte de sus miembros. Es decir, reconozco legitimidad a la nación, al estado, si este es capaz de ser solidario, si como grupo intenta proteger a sus miembros más débiles y si tiene como objetivo que todos vivan de la mejor manera posible.

Por último, y volviendo al caso concreto del conflicto vasco, mi opinión es que un sistema democrático como el español no debería tener problemas para admitir la celebración de un referéndum vinculante en el que los vascos decidan sobre su independencia, de manera que el conflicto se cerrara con la máxima legitimidad desde el punto de vista democrático. Entiendo que es una manera muy simplista de despachar un problema muy complicado, pero discutirlo más en profundidad sería ya otra historia que tal vez sea contada en otra ocasión.

Nacionalización de recursos

La noticia política y económica más relevante esta semana posiblemente ha sido la expropiación de YPF por parte de Argentina a la multinacional Repsol. La petrolera YPF era una empresa estatal argentina hasta que fue privatizada en la última década del siglo pasado, con el apoyo explícito de la actual presidenta argentina, Cristina Fernández. Ahora, y tras meses de infructuosas negociaciones entre el gobierno argentino y dirigentes de la empresa, el primero ha decidido expropiar el 51% de la empresa, con lo que ésta quedará bajo el control del Estado argentino. El gobierno español ha reaccionado con dureza contra lo que considera un ataque a una empresa española, aprestándose a defenderla. 

Al hilo de esta noticia, me gustaría dar mi visión sobre la gestión de recursos y de la riqueza en general, además del reciente caso. En lo general, creo que los recursos llamados estratégicos deberían ser propiedad de entes que representen el interés general, y no intereses particulares de ninguna clase. A día de hoy, las únicas instituciones que representan de alguna forma el interés general son los Estados, y por eso creo que es en manos de éstos en las que deberían encontrarse los recursos. En ese sentido, la nacionalización de YPF, como las del gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, o cualesquiera otras, tienen mi apoyo en principio.

Sin embargo, y yendo al caso concreto de la expropiación de YPF, creo que la actuación de los distintos implicados ha sido, como mínimo, muy discutible. Por el lado del gobierno argentino, me cuesta creer que la presidenta argentina haya nacionalizado la empresa por convicciones ideológicas o morales, toda vez que apoyó su privatización una vez. Además, existen más compañías petroleras actuando en Argentina, y ninguna de ellas va a ser afectada; con lo que no estamos ante un caso estricto de nacionalización de recursos, sino de expropiación de una empresa concreta. Por el lado de la empresa, creo que nadie ha desmentido los argumentos del gobierno argentino para la expropiación (la falta de inversiones de Repsol en territorio argentino), así que asumo que esas razones son ciertas; y si eso es así, Repsol habría incumplido compromisos adquiridos con Argentina. Por último, queda la postura de los gobiernos de terceros países, incluida España. Mi opinión es que, dado que Repsol es una empresa privada con más de un 50% de capital flotante ("free float", capital sujeto a especulación), es una empresa que no pertenece a ningún país, por mucho que su sede central esté en España. Por tanto, creo que el gobierno español no debe implicarse en la polémica, pues se debe a su pueblo y no a los accionistas de Repsol. Y desde luego, no debería promover sanciones contra Argentina, que legalmente puede llevar a cabo la expropiación, de acuerdo con sus reglas económicas.

Libertad contra justicia social

El otro día mantuve un debate muy interesante que hoy quiero trasladar aquí. El centro del mismo era el valor que le otorgamos a las libertades frente a algunas otras cosas. En concreto, se trataba de decidir cómo de necesarias eran las libertades individuales para la construcción de un Estado justo y bueno con sus ciudadanos (si es que está claro qué es eso). La hipótesis inicial que yo defendía era que, si bien las libertades individuales y los avances en derechos son muy importantes, es más importante un Estado fuerte que disminuya los desequilibrios entre sus ciudadanos y garantice que éstos puedan subsistir dignamente a través del gobierno de la economía; en definitiva, yo anteponía la justicia social a la libertad. El argumento que se me dio en contra es que los regímenes que atentan contra las libertades impiden a largo plazo la justicia social, y que la libertad es la única forma de conseguir, al final, esa justicia social. Los imperfectos ejemplos de ambas posturas podían ser, por un lado, algunos gobiernos sudamericanos populistas y represores de la libertad de expresión, pero con datos económicos y de lucha contra la pobreza inapelables (Venezuela, Bolivia, Brasil); y por el otro, las democracias occidentales (Estados Unidos, España, Alemania).

Sin embargo, esta semana han pasado dos cosas que me llevan a enfocar el asunto desde otro ángulo. La pregunta es: ¿Es cierto que las democracias occidentales garantizan las libertades, y son en eso mucho mejores que otros regímenes? Los dos hechos que me han llevado a plantearme la pregunta son los siguientes: la polémica en torno al poema de Günter Grass publicado en el Süddeutsche Zeitung alemán y el anuncio del gobierno español de que se castigará la resistencia pasiva en el Código Penal. Grass ha sido declarado persona non grata por Israel a raíz de su poema (como lo fue en su día José Saramago), y en Alemania ha sido reiteradamente acusado de nazi (lo fue un día) por esa razón. Criminalizar la resistencia pasiva es, en cambio, un recorte en derechos enorme que dejaría fuera de la ley a personajes como Gandhi. Estos dos ejemplos han reforzado empíricamente mi opinión con respecto a qué es más importante, si justicia social o libertad, en favor de la primera; y eso a pesar de la opinión que ya expresé a favor de la libertad de expresión. Pero reconozco que el problema sigue abierto para mí y me gustaría saber más.

Dos cuestiones sobre los presupuestos

La entrada de esta semana es un poco más larga de lo habitual, porque pretende discutir dos cuestiones distintas, ambas relacionadas con los presupuestos generales presentados por el gobierno español tras el consejo de ministros del pasado viernes. La primera cuestión es la amnistía fiscal. Como medida para aumentar los ingresos, se ofrece a quien tiene dinero negro que lo declare pagando un "impuesto" del 10% de la cantidad aflorada, quedando además el declarante eximido de culpa de cualquier delito fiscal asociado a ese dinero. El partido en el gobierno, el PP, promueve esta amnistía fiscal cuando la criticó hace dos años. El principal partido de la oposición, el PSOE, la critica cuando hace dos años propuso una similar, además de haber ejecutado dos en sus años de gobierno.

Sin embargo, a mí no me interesa especialmente el debate partidista sobre la medida, sino más bien la discusión moral sobre el fondo de la misma. Una amnistía fiscal es injusta en el sentido de que premia a quien no declaró sus impuestos a Hacienda, ofreciéndole pagar menos de lo que habría tenido que pagar si hubiera hecho las cosas de acuerdo con la ley. Pero (y esto tal vez sea muy demagógico) si con el dinero que declara tarde, mal y barato un criminal se puede construir un hospital, tal vez el punto de vista cambie, pues es más justo un país con una Sanidad mejor; algo a lo que, desde luego, contribuye ese hospital de más. La discusión es, en el fondo, si el fin justifica los medios. Mi opción es, en general y ahora, que no.

El segundo tema que me interesa está relacionado con algunas partidas de gasto de los presupuestos. En concreto, quiero centrarme en cuatro cifras concretas: el plan nacional de I+D+i sufre un recorte del 35,5% en su dotación, mientras que el presupuesto de educación se reduce un 21,9%. Por contra, el presupuesto del Consejo Superior de Deportes sube un 13,6%, y el del la Agencia Antidopaje sube el 6,3%. Todo ello se enmarca en unos presupuestos muy austeros en los que casi todas las partidas bajan.

Mi pregunta con respecto al criterio seguido a la hora de distribuir el gasto en el presupuesto es la siguiente: ¿Qué clase de país queremos construir? En general, creo que la mejor imagen profesional que puede proyectar un país es la de una sociedad formada y reconocida por sus logros industriales, científicos y culturales. No concibo manera de construir esta imagen sin un adecuado fomento de la educación a todos los niveles, desde la básica a la más avanzada. Y lo que se deduce de estos presupuestos es que la imagen obtenida a través del deporte es más importante que la inversión en educación. Creo que eso es muy lamentable, pues nos lleva en la dirección de un tipo de país mucho menos avanzado de lo que yo deseo. 

Cerrado por huelga

Normalmente este blog se actualiza los jueves. Pero esta semana no va a ser así, porque estamos en la huelga general.

Razones para una huelga

Ni a favor del PP, ni en su contra. Ni con el PSOE, ni contra él. Ni por IU, ni contra ella. Ni por la convocatoria de los sindicatos CCOO y UGT, ni por oposición a la patronal CEOE. Ni a favor de las organizaciones de base católicas, ni en contra de su jerarquía. Ni en contra de UPyD, ni a favor de la organización Democracia Real Ya. Ni porque se hayan sumado las organizaciones ecologistas, ni en contra de la fundación FAES. Pienso que el apoyo a la huelga general del próximo 29 de marzo no debe depender de qué organizaciones la apoyan o la enfrentan; de hecho, pienso eso en general, pero me parece que vale la pena recordarlo en esta ocasión.

Creo que lo que está en juego es lo bastante importante como para que cada uno tratemos de actuar de manera independiente de lo que hagan nuestras instituciones, organizaciones y medios de comunicación de referencia. Pienso que la situación económica española es mala, muy mala, y que hay que hacer algo que ayude a mejorarla. También creo que el gobierno de un país ha de hacer su trabajo en beneficio de sus ciudadanos; de todos ellos. Sin embargo, creo que la reforma laboral no verifica ese principio, y voy a dar unos cuantos argumentos al respecto:

• Es una reforma desequilibrada en favor de los más fuertes: una empresa con cualquier volumen de beneficios pero cuyos ingresos se reduzcan durante tres trimestres consecutivos, puede despedir a parte de su plantilla, considerándose esos despidos procedentes; o puede bajarles el sueldo, o subirles las horas de trabajo. Además, muchos expedientes de regulación de empleo (ERE) se pueden ya realizar sin que un juez establezca si son justos o no. Y prevalece el convenio de empresa frente al convenio colectivo, lo que reduce la fuerza de los trabajadores en la negociación de sus condiciones de trabajo.
• Es una reforma que ataca derechos de los ciudadanos: España contaba con uno de los despidos más caros de Europa antes de la reforma. Eso ahora deja de ser así, lo que significa que un derecho adquirido y una ley que lo protegía se ven recortados.
• Es una reforma que ataca la seguridad en el empleo: los contratos de formación se extienden hasta la edad de 30 años. Se suprimen los salarios de tramitación (lo que percibe el trabajador despedido que mantiene un conflicto judicial con su empleador). Incluso se prevé el posible despido de trabajadores fijos de la Administración.

En general, creo que los derechos adquiridos nunca deberían poder perderse o recortarse, y creo que la reforma laboral permite que eso ocurra con algunos de ellos. También creo que el gobierno ha legislado en esta ocasión a favor de un segmento de la población y en contra de otro más débil. Y por eso, yo voy a hacer huelga el próximo jueves.