Hace casi exactamente un año escribí la primera entrada de este blog. En ella yo me preguntaba si cabe exigir a nuestros representantes electos no solo que no estén inhabilitados para realizar su tarea por problemas con la justicia sino que además puedan demostrar más. En concreto, yo proponía que se pudiera exigir algún grado de ejemplaridad a nuestros dirigentes, teniendo en cuenta que ostentan el mayor grado de responsabilidad en la sociedad. Pues bien, un año después la situación de la corrupción en la política española, que en su momento ilustré con los casos de Francisco Camps y Ricardo Costa, es visiblemente peor: el yerno del jefe del Estado español está siendo juzgado por diversos delitos de guante blanco, y dos tramas de corrupción, de muy distinta gravedad, afectan al PP y al PSOE, los dos principales partidos políticos. Se especula incluso con que el escándalo que afecta al PP pueda llegar a salpicar al presidente del gobierno.
La gran mayoría de los casos de corrupción que involucran a políticos no terminan en condena para estos. Las razones son diversas: el poder de los acusados, los excelentes medios de defensa de que disponen, e incluso la dificultad intrínseca de conseguir condenas en los juicios por este tipo de delitos. El resultado es que tenemos muchos dirigentes cuya imagen es muy mala desde el punto de vista ético pero que sin embargo pueden mantener sus cargos mientras sigan siendo elegidos en las urnas (los que son elegidos, pues la familia real desde luego no lo es).
Podría parecer que los culpables de que los corruptos se perpetúen en el poder somos los votantes, que legitimamos con nuestro apoyo electoral las malas prácticas de nuestros dirigentes. En efecto, la corrupción no ha sido un problema electoral para los gobiernos regionales de Valencia, Andalucía, Galicia o Cataluña, a pesar de que en todos ellos hay dirigentes de altísimo nivel que se han visto salpicados por la corrupción. Pero hay que tener en cuenta también que nuestro sistema electoral es muy rígido en muchos aspectos: las listas electorales son cerradas, fundar partidos políticos exitosos es muy caro, una parte de la gente piensa que todos los políticos roban, y que por tanto no tiene sentido castigar al dirigente cuyos delitos salen a la luz... Todas esas cosas pueden, por supuesto, mejorarse. Al final, y volviendo a la que era mi propuesta hace un año, tal vez no sea realista la implantación de un "código ético" para representantes electos; pero tal vez si se mejoraran las leyes para hacer que el voto sea más libre y represente mejor la voluntad de quienes votan se podría mitigar el problema. No es esta seguramente una solución completa, pues yo querría que quienes son éticamente reprobables (en la cuestión de la corrupción) no se pudieran presentar a las elecciones. Pero tal vez sirviera para mejorar algo la situación actual y la calidad de nuestros políticos.