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domingo, 27 de enero de 2013

Un año después

Hace casi exactamente un año escribí la primera entrada de este blog. En ella yo me preguntaba si cabe exigir a nuestros representantes electos no solo que no estén inhabilitados para realizar su tarea por problemas con la justicia sino que además puedan demostrar más. En concreto, yo proponía que se pudiera exigir algún grado de ejemplaridad a nuestros dirigentes, teniendo en cuenta que ostentan el mayor grado de responsabilidad en la sociedad. Pues bien, un año después la situación de la corrupción en la política española, que en su momento ilustré con los casos de Francisco Camps y Ricardo Costa, es visiblemente peor: el yerno del jefe del Estado español está siendo juzgado por diversos delitos de guante blanco, y dos tramas de corrupción, de muy distinta gravedad, afectan al PP y al PSOE, los dos principales partidos políticos. Se especula incluso con que el escándalo que afecta al PP pueda llegar a salpicar al presidente del gobierno.

La gran mayoría de los casos de corrupción que involucran a políticos no terminan en condena para estos. Las razones son diversas: el poder de los acusados, los excelentes medios de defensa de que disponen, e incluso la dificultad intrínseca de conseguir condenas en los juicios por este tipo de delitos. El resultado es que tenemos muchos dirigentes cuya imagen es muy mala desde el punto de vista ético pero que sin embargo pueden mantener sus cargos mientras sigan siendo elegidos en las urnas (los que son elegidos, pues la familia real desde luego no lo es). 

Podría parecer que los culpables de que los corruptos se perpetúen en el poder somos los votantes, que legitimamos con nuestro apoyo electoral las malas prácticas de nuestros dirigentes. En efecto, la corrupción no ha sido un problema electoral para los gobiernos regionales de Valencia, Andalucía, Galicia o Cataluña, a pesar de que en todos ellos hay dirigentes de altísimo nivel que se han visto salpicados por la corrupción. Pero hay que tener en cuenta también que nuestro sistema electoral es muy rígido en muchos aspectos: las listas electorales son cerradas, fundar partidos políticos exitosos es muy caro, una parte de la gente piensa que todos los políticos roban, y que por tanto no tiene sentido castigar al dirigente cuyos delitos salen a la luz... Todas esas cosas pueden, por supuesto, mejorarse. Al final, y volviendo a la que era mi propuesta hace un año, tal vez no sea realista la implantación de un "código ético" para representantes electos; pero tal vez si se mejoraran las leyes para hacer que el voto sea más libre y represente mejor la voluntad de quienes votan se podría mitigar el problema. No es esta seguramente una solución completa, pues yo querría que quienes son éticamente reprobables (en la cuestión de la corrupción) no se pudieran presentar a las elecciones. Pero tal vez sirviera para mejorar algo la situación actual y la calidad de nuestros políticos.

viernes, 11 de enero de 2013

Reforma laboral

Hace pocos días se ha hecho público un comunicado de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en el que dicha organización pide una nueva reforma laboral, menos de un año después de la implantación de la última. Por supuesto, entre las peticiones de la patronal se incluyen el abaratamiento del despido y menor intervención judicial a la hora de llevar a cabo expedientes de regulación de empleo (ERE). Además, la patronal de las pequeñas y medianas empresas (Cepyme) propone un contrato para jóvenes por el sueldo mínimo interprofesional español, que es de un poco menos de 650 euros mensuales.

Los argumentos de las organizaciones de empresarios son diversos. Por un lado, consideran que una mayor flexibilidad favorece la creación de empleo. En este contexto, el término flexibilidad significa, invariablemente, despido más barato y con menores garantías para los trabajadores. De hecho, en el comunicado se indica explicitamente que es un problema que los jueces tiendan a fallar en contra de las empresas cuando lo que se dirime es si los despidos son procedentes o improcedentes, considerando que muchos de ellos no están justificados. A mí me parece que eso hace mucho más necesario el control judicial en los despidos: dado que en la relación entre empleado y empleador este último siempre está en una posición más fuerte para negociar, si los jueces observan que la mayoría de las veces es el empleado el que tiene razón, es imprescindible que sigan arbitrando los conflictos laborales de manera que la parte más fuerte lo tenga difícil para cometer abusos.

El comunicado de la patronal recuerda también que Alemania ha hecho cuatro reformas laborales en los últimos años y tiene muy buenos datos de paro. Es indiscutiblemente cierto que la tasa de paro alemana es mejor que la española: menos del 8% frente a más del 25%. Sin embargo, es preciso preguntarse si las cifras son comparables directamente. Por ejemplo, en Alemania están muy extendidos los llamados "minijobs", que son trabajos a tiempo parcial por sueldos ínfimos. Quien tiene un trabajo como ese difícilmente tiene dinero suficiente para subsistir, y sin embargo no es contabilizado como desempleado. Además, corre el riesgo de tener una jubilación miserable

Hay un último argumento de la patronal que no quiero dejar pasar: que hay que hacer algo para resolver el problema del 57% de paro juvenil (esta es la razón aducida para pedir el nuevo contrato para jóvenes). Para mí es evidente que la patronal no tiene una gran preocupación por el paro juvenil, pues se trata de una asociación de empresarios cuyo objetivo es incrementar sus beneficios. Y para cumplir ese objetivo, un paro relativamente alto puede ser hasta bueno, pues al haber más gente desocupada, una oferta de trabajo peor tiene una mayor probabilidad de ser aceptada. No es mi intención valorar las motivaciones de la patronal en sí; pero me molesta mucho que esta trate de disfrazar de preocupación social un intento de conseguir trabajadores con condiciones laborales peores. Y esto es necesariamente así porque las empresas ya pueden ofrecer contratos cuya cuantía sea el sueldo mínimo interprofesional; así que la única ventaja que pueden sacar de la creación de un nuevo contrato con ese sueldo es que dicho contrato tenga condiciones peores, como un despido más barato. Yo no creo que eso sea hacerle ningún favor a los jóvenes españoles.