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jueves, 26 de abril de 2012

Sentimientos nacionalistas

Hoy a mediodía el gobierno español ha anunciado un plan de política penitenciaria para presos de ETA (y algunos otros), en el que, resumiendo con poco cuidado, se relaja la dureza con la que dichos presos son tratados y considerados. Más allá de la medida concreta y de cómo se enmarca en el llamado conflicto vasco, y al hilo de dos entradas que se han publicado en este blog (esta y esta) y de algunos de los comentarios que en ellas aparecían, creo que estaría bien tratar de discutir de forma un poco más general sobre las nociones relacionadas de nación, estado, soberanía nacional, y nacionalismo

El sentimiento nacionalista, tal y como se suele entender, me es ajeno. Históricamente, creo que quienes han defendido y defienden tesis nacionalistas en el fondo persiguen afirmar la superioridad de algunos por encima de otros, es decir, discriminar, y además hacerlo por una causa muy poco objetiva (raza, lugar de nacimiento, idioma...). Eso no significa que no pueda sentirme orgulloso de las virtudes que atesore, por ejemplo, el país cuya nacionalidad ostento, o la región en la que vivo. Sin embargo, en realidad ese sentimiento de orgullo es más bien orgullo razonado, pues necesito una causa que lo motive; y eso significa que más que un sentimiento, es una opinión. Como consecuencia de lo anterior, para mí la soberanía nacional es la legitimidad que alcanza un conjunto de personas que se pone de acuerdo para vivir en sociedad; y esa legitimidad es mayor que la del individuo en tanto en cuanto se entiende que la sociedad actúa en beneficio del conjunto y no de una parte de sus miembros. Es decir, reconozco legitimidad a la nación, al estado, si este es capaz de ser solidario, si como grupo intenta proteger a sus miembros más débiles y si tiene como objetivo que todos vivan de la mejor manera posible.

Por último, y volviendo al caso concreto del conflicto vasco, mi opinión es que un sistema democrático como el español no debería tener problemas para admitir la celebración de un referéndum vinculante en el que los vascos decidan sobre su independencia, de manera que el conflicto se cerrara con la máxima legitimidad desde el punto de vista democrático. Entiendo que es una manera muy simplista de despachar un problema muy complicado, pero discutirlo más en profundidad sería ya otra historia que tal vez sea contada en otra ocasión.

jueves, 19 de abril de 2012

Nacionalización de recursos

La noticia política y económica más relevante esta semana posiblemente ha sido la expropiación de YPF por parte de Argentina a la multinacional Repsol. La petrolera YPF era una empresa estatal argentina hasta que fue privatizada en la última década del siglo pasado, con el apoyo explícito de la actual presidenta argentina, Cristina Fernández. Ahora, y tras meses de infructuosas negociaciones entre el gobierno argentino y dirigentes de la empresa, el primero ha decidido expropiar el 51% de la empresa, con lo que ésta quedará bajo el control del Estado argentino. El gobierno español ha reaccionado con dureza contra lo que considera un ataque a una empresa española, aprestándose a defenderla. 

Al hilo de esta noticia, me gustaría dar mi visión sobre la gestión de recursos y de la riqueza en general, además del reciente caso. En lo general, creo que los recursos llamados estratégicos deberían ser propiedad de entes que representen el interés general, y no intereses particulares de ninguna clase. A día de hoy, las únicas instituciones que representan de alguna forma el interés general son los Estados, y por eso creo que es en manos de éstos en las que deberían encontrarse los recursos. En ese sentido, la nacionalización de YPF, como las del gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, o cualesquiera otras, tienen mi apoyo en principio.

Sin embargo, y yendo al caso concreto de la expropiación de YPF, creo que la actuación de los distintos implicados ha sido, como mínimo, muy discutible. Por el lado del gobierno argentino, me cuesta creer que la presidenta argentina haya nacionalizado la empresa por convicciones ideológicas o morales, toda vez que apoyó su privatización una vez. Además, existen más compañías petroleras actuando en Argentina, y ninguna de ellas va a ser afectada; con lo que no estamos ante un caso estricto de nacionalización de recursos, sino de expropiación de una empresa concreta. Por el lado de la empresa, creo que nadie ha desmentido los argumentos del gobierno argentino para la expropiación (la falta de inversiones de Repsol en territorio argentino), así que asumo que esas razones son ciertas; y si eso es así, Repsol habría incumplido compromisos adquiridos con Argentina. Por último, queda la postura de los gobiernos de terceros países, incluida España. Mi opinión es que, dado que Repsol es una empresa privada con más de un 50% de capital flotante ("free float", capital sujeto a especulación), es una empresa que no pertenece a ningún país, por mucho que su sede central esté en España. Por tanto, creo que el gobierno español no debe implicarse en la polémica, pues se debe a su pueblo y no a los accionistas de Repsol. Y desde luego, no debería promover sanciones contra Argentina, que legalmente puede llevar a cabo la expropiación, de acuerdo con sus reglas económicas.

jueves, 12 de abril de 2012

Libertad contra justicia social

El otro día mantuve un debate muy interesante que hoy quiero trasladar aquí. El centro del mismo era el valor que le otorgamos a las libertades frente a algunas otras cosas. En concreto, se trataba de decidir cómo de necesarias eran las libertades individuales para la construcción de un Estado justo y bueno con sus ciudadanos (si es que está claro qué es eso). La hipótesis inicial que yo defendía era que, si bien las libertades individuales y los avances en derechos son muy importantes, es más importante un Estado fuerte que disminuya los desequilibrios entre sus ciudadanos y garantice que éstos puedan subsistir dignamente a través del gobierno de la economía; en definitiva, yo anteponía la justicia social a la libertad. El argumento que se me dio en contra es que los regímenes que atentan contra las libertades impiden a largo plazo la justicia social, y que la libertad es la única forma de conseguir, al final, esa justicia social. Los imperfectos ejemplos de ambas posturas podían ser, por un lado, algunos gobiernos sudamericanos populistas y represores de la libertad de expresión, pero con datos económicos y de lucha contra la pobreza inapelables (Venezuela, Bolivia, Brasil); y por el otro, las democracias occidentales (Estados Unidos, España, Alemania).

Sin embargo, esta semana han pasado dos cosas que me llevan a enfocar el asunto desde otro ángulo. La pregunta es: ¿Es cierto que las democracias occidentales garantizan las libertades, y son en eso mucho mejores que otros regímenes? Los dos hechos que me han llevado a plantearme la pregunta son los siguientes: la polémica en torno al poema de Günter Grass publicado en el Süddeutsche Zeitung alemán y el anuncio del gobierno español de que se castigará la resistencia pasiva en el Código Penal. Grass ha sido declarado persona non grata por Israel a raíz de su poema (como lo fue en su día José Saramago), y en Alemania ha sido reiteradamente acusado de nazi (lo fue un día) por esa razón. Criminalizar la resistencia pasiva es, en cambio, un recorte en derechos enorme que dejaría fuera de la ley a personajes como Gandhi. Estos dos ejemplos han reforzado empíricamente mi opinión con respecto a qué es más importante, si justicia social o libertad, en favor de la primera; y eso a pesar de la opinión que ya expresé a favor de la libertad de expresión. Pero reconozco que el problema sigue abierto para mí y me gustaría saber más.

jueves, 5 de abril de 2012

Dos cuestiones sobre los presupuestos

La entrada de esta semana es un poco más larga de lo habitual, porque pretende discutir dos cuestiones distintas, ambas relacionadas con los presupuestos generales presentados por el gobierno español tras el consejo de ministros del pasado viernes. La primera cuestión es la amnistía fiscal. Como medida para aumentar los ingresos, se ofrece a quien tiene dinero negro que lo declare pagando un "impuesto" del 10% de la cantidad aflorada, quedando además el declarante eximido de culpa de cualquier delito fiscal asociado a ese dinero. El partido en el gobierno, el PP, promueve esta amnistía fiscal cuando la criticó hace dos años. El principal partido de la oposición, el PSOE, la critica cuando hace dos años propuso una similar, además de haber ejecutado dos en sus años de gobierno.

Sin embargo, a mí no me interesa especialmente el debate partidista sobre la medida, sino más bien la discusión moral sobre el fondo de la misma. Una amnistía fiscal es injusta en el sentido de que premia a quien no declaró sus impuestos a Hacienda, ofreciéndole pagar menos de lo que habría tenido que pagar si hubiera hecho las cosas de acuerdo con la ley. Pero (y esto tal vez sea muy demagógico) si con el dinero que declara tarde, mal y barato un criminal se puede construir un hospital, tal vez el punto de vista cambie, pues es más justo un país con una Sanidad mejor; algo a lo que, desde luego, contribuye ese hospital de más. La discusión es, en el fondo, si el fin justifica los medios. Mi opción es, en general y ahora, que no.

El segundo tema que me interesa está relacionado con algunas partidas de gasto de los presupuestos. En concreto, quiero centrarme en cuatro cifras concretas: el plan nacional de I+D+i sufre un recorte del 35,5% en su dotación, mientras que el presupuesto de educación se reduce un 21,9%. Por contra, el presupuesto del Consejo Superior de Deportes sube un 13,6%, y el del la Agencia Antidopaje sube el 6,3%. Todo ello se enmarca en unos presupuestos muy austeros en los que casi todas las partidas bajan.

Mi pregunta con respecto al criterio seguido a la hora de distribuir el gasto en el presupuesto es la siguiente: ¿Qué clase de país queremos construir? En general, creo que la mejor imagen profesional que puede proyectar un país es la de una sociedad formada y reconocida por sus logros industriales, científicos y culturales. No concibo manera de construir esta imagen sin un adecuado fomento de la educación a todos los niveles, desde la básica a la más avanzada. Y lo que se deduce de estos presupuestos es que la imagen obtenida a través del deporte es más importante que la inversión en educación. Creo que eso es muy lamentable, pues nos lleva en la dirección de un tipo de país mucho menos avanzado de lo que yo deseo.