Aprovechando que Francisco Camps y Ricardo Costa acaban de ser absueltos del delito de cohecho impropio del que se les acusaba, me he puesto a pensar en el nivel de ejemplaridad que se puede pedir a los políticos, y en general a quienes nos sirven desde el Estado. Una posible respuesta a la cuestión es muy simple: puede ser un servidor público quien no haya sido inhabilitado por la justicia por la comisión de un delito, falta o similar. Sin embargo, esa respuesta puede parecer insuficiente, si uno piensa que un servidor público es, además de una persona que desempeña una labor en el engranaje del Estado, un personaje público que sirve como ejemplo para los demás. En otras palabras, me pregunto si no cabría exigir a los servidores públicos un cierto grado de ejemplaridad más allá de las posibles responsabilidades de cara a la justicia. Y si la respuesta es que sí, cómo se podría medir esa ejemplaridad para determinar quiénes pueden representarnos; a quiénes habría de afectar este requisito (a los servidores públicos elegidos mediante sufragio, a todos los trabajadores del sector público, a los que tengan las mayores responsabilidades...). Reconozco que no tengo ninguna idea precisa con respecto a esta última cuestión; solamente la sensación de que quienes elegimos para que nos gobiernen no son, en ocasiones, lo bastante buenos.
