Conflicto

El pasado día 14 de noviembre hubo en España una huelga general. La situación económica y las políticas de recortes del gobierno fueron la causa de la convocatoria por parte de la mayoría de los sindicatos españoles (una notoria excepción fue el sindicato CSI-F, que no apoyó la huelga). El desarrollo de la jornada fue relativamente tenso, con decenas de heridos y de detenidos en los piquetes; además, hubo daños materiales en algunas sucursales bancarias y comercios. Las manifestaciones convocadas en diversas ciudades españolas fueron muy grandes, evidenciando que hay un sector amplio de la población que está en contra de los recortes.

Yo vi la jornada desde fuera de España, y de entre las críticas a la huelga que me llegaron destacaban dos: que esta era "política" y que los piquetes y huelguistas en ocasiones no respetaban el "derecho al trabajo", es decir, el derecho a no hacer huelga, de quienes no querían secundar el paro. Esto último, a juicio de quienes criticaban la acción de los piquetes, deslegitimaba automáticamente las reivindicaciones (que tal vez compartían) de los que protestaban. Sobre la primera crítica tengo poco que decir, pues cualquier huelga general es política, dado que su objetivo es influir en el gobierno y no en el empresario. Por tanto, considero que las razones del sindicato CSI-F para oponerse a la huelga son difícilmente defendibles, si partimos de la base de que un sindicato es una organización que lucha por los derechos de los trabajadores, independientemente de quien atente contra esos derechos. 

Por otro lado, la segunda crítica es más interesante. Para empezar, creo que el hecho de cometer un error en las formas no hace que uno pierda la razón en el fondo de un asunto; más bien pienso que son cosas independientes. En consecuencia, creo que las reivindicaciones de los huelguistas eran tan legítimas tras los incidentes que se produjeron como si la protesta hubiera sido completamente pacífica. Además, es obvio para mí que una huelga de una parte de los trabajadores va a perjudicar a los demás de alguna manera, pues en la sociedad casi todos dependemos fuertemente de otros todos los días: si el panadero hace huelga no se puede comprar el pan, si los conductores de los autobuses urbanos hacen huelga se tarda mucho más en ir al trabajo (o a cualquier otro sitio), etcétera. Más aún, si se convoca una manifestación, durante varias horas se altera el normal funcionamiento de la zona en la que esta se produce. Sin embargo, creo firmemente en el derecho de la gente a rebelarse contra lo que considera injusto, por encima del derecho a no ser molestado mínimamente. Gracias a la gente que en el pasado se ha rebelado contra situaciones injustas se han conseguido casi todos los avances en derechos y libertades de que disfrutamos, y sospecho que en el futuro eso ha de seguir siendo así.

Desahucio

Esta semana ha habido muchas noticias sobre desahucios en la prensa (ver aquí, aquí o aquí). En realidad, dicha atención mediática no es más que el reflejo del hecho de que, desde el "pinchazo" de la llamada burbuja inmobiliaria, cada vez más gente tiene problemas para hacer frente a los pagos de la hipoteca de su casa. Normalmente, la razón por la que la gente deja de pagar es la pérdida del empleo, que imposibilita, en los mejores casos, sobrevivir y pagar la hipoteca, y en los peores, ambas. En cualquier caso, el hecho es que desde 2008 y hasta julio de 2012, se han procesado más de 170.000 desahucios en España. 

La situación en la que queda una familia que ha sido desahuciada es realmente peligrosa. Si no cuenta con parientes o amigos que la puedan acoger, sus miembros pueden llegar a quedarse en la calle. Y esto es especialmente grave si hay niños involucrados: los servicios sociales podrían incluso retirar la custodia a los padres si no les pueden dar un techo. A pesar de la gravedad de la cuestión desde el punto de vista social y humano (y de lo grande que es: 170.000 son más o menos el 1% de las familias españolas) lo que yo quiero discutir es quién es el culpable de que se produzca el desahucio. Y me refiero a un culpable concreto: no se trata de identificar un culpable en el sistema económico o en su gobierno, ni tampoco de exigir a este último que en vez de rescatar bancos pague deudas hipotecarias para evitar desalojos (lo que tal vez sería buena idea). Lo que pretendo decidir es, asumiendo que el banco no es culpable de lo malo o bueno que es el gobierno y que el desahuciado no es culpable de haberse quedado sin trabajo, quién debería haber previsto la situación: si el ciudadano, no hipotecándose si no sabía si iba a poder pagar, o el banco, evitando conceder muchos préstamos con demasiado riesgo.

Mi posición es que, a pesar de que parece claro que cuando uno pide un préstamo para comprarse algo es su exclusiva responsabilidad devolverlo (o atenerse a las consecuencias), creo que en este caso hay dos salvedades importantes que hacer. La primera, con respecto al tipo de préstamo: cuando uno pide un préstamo para comprarse un coche o irse de viaje, es razonable considerar que se trata de un lujo, al menos hasta cierto punto. Sin embargo, todo el mundo necesita vivir en algún sitio. Y la única manera de comprar una casa para casi todas las personas es pedir un préstamo. Por eso, creo que hay una diferencia fundamental entre no poder pagar tu piso u otra cosa, de la misma manera que la Constitución española reconoce que no hay que penalizar por robar, si la razón del robo es la extrema necesidad. La segunda salvedad importante es sobre la posición del banco: de la misma forma que el prestatario se compromete a devolver lo que se le adelanta, el prestador debería asegurarse de que concede créditos con posibilidades razonables de ser devueltos. Esta práctica antes implicaba que a nadie se le prestaba más del 80% del valor del piso que compraba, mientras que en tiempos de la burbuja inmobiliaria se llegó a prestar, con el mismo aval, por valor del 150% del piso. Yo creo que eso hace al banco culpable por lo menos de falta de previsión.

Derecho de herencia

Un día hace no mucho tiempo me comentó un amigo que le parecen sorprendentes los criterios que se usan para determinar qué cosas se pueden heredar y qué cosas no. En la actualidad, en Occidente, se considera que se puede heredar aquello que se puede poseer. Así, uno puede heredar una casa, un coche, acciones de una empresa, dinero, o incluso deudas. Sin embargo, todo el mundo parece tener claro que no se pueden heredar personas, puestos de trabajo ni cargos políticos (con la excepción de la jefatura del Estado en algunos países, un anacronismo del que tendremos que hablar algún día). Lo que pretendo hacer con esta entrada es dar mi visión sobre esa aparente arbitrariedad en la elección de qué cosas podemos legar a quienes nos sobreviven.

Lo primero que creo es que la elección de las cosas que se pueden legar a los sucesores no es aleatoria, ni arbitraria. Aunque probablemente lo es desde un punto de vista lógico, no lo es desde el punto de vista de la justicia: los bienes que se heredan son exactamente los que garantizan que los herederos nombrados por la élite económica (que suele ser la élite en todo lo demás) son los que conforman, salvo pequeñas variaciones, la élite económica de la siguiente generación. No es necesario heredar un cargo político cuando es bien conocido que prácticamente nunca ha gobernado ningún estado del mundo una persona de clase trabajadora. Tampoco es necesario heredar los mejores puestos de trabajo, en tanto en cuanto una situación económica mejor suele influir decisivamente en el puesto de trabajo que las personas ocupan. Por eso, creo que la única razón de la persistencia del derecho de herencia es el intento (exitoso) de perpetuar la desigualdad, de que quienes más tienen se aseguren de que las personas que más quieren son las que consiguen, independientemente de sus méritos, ocupar el lugar de privilegio que ellos ocuparon.

En vista de lo anterior, la solución aparentemente más simple es la que yo creo mejor: suprimir el llamado "derecho de herencia". Así, cuando una persona muere es la sociedad la que pasa a disponer de sus bienes, en principio para utilizarlos en beneficio de toda ella. Evidentemente, una medida de esta índole exigiría asegurar que el Estado sea un ente capaz de asegurar la supervivencia y la igualdad de oportunidades de sus miembros. Pero incluso si no garantizamos eso, creo mejor que un Estado imperfecto (cuyo gobierno emane, por ejemplo, de una democracia imperfecta) es más capaz de repartir la riqueza de manera justa que una persona cualquiera. Además, creo que la eliminación de la herencia sería una de las pocas medidas capaces de ayudar a mantener la desigualdad entre unos hombres y otros bajo control; y pienso que esa desigualdad es probablemente la peor de las lacras que sufre hoy la humanidad.    

Machismo

Llevo ya unos cuantos meses escribiendo en este blog y aún no he tocado un tema que considero muy importante: el machismo. La sociedad ha sido en el pasado muy machista, al menos la mayor parte del tiempo. En casi todas las épocas los puestos de poder han estado en manos de varones, y el papel de la mujer ha estado supeditado al del hombre tanto en la esfera pública como en la privada. Sin embargo, ha habido cambios muy importantes en las últimas décadas que han llevado a cambiar en parte esta situación y a tratar de situar a la mujer y al varón en un plano de igualdad. En el apartado público, dichos cambios incluyen el sufragio femenino, la presencia de mujeres en el Ejército o la Policía, e incluso el ascenso a la jefatura de gobierno o de estado de algunas mujeres. Y en el hogar, cada vez más hombres se ocupan de las tareas del hogar y de los hijos de la misma manera que sus parejas, y las decisiones importantes en la familia se toman entre todos, y no solo entre los hombres.

Aparentemente, el mundo va siendo cada vez un poco menos machista. Sin embargo, existen personas que todavía piensan que los hombres son, en algún sentido, más que las mujeres. Pero yo quiero llamar la atención no tanto sobre esa gente sino sobre otros que tratan de justificar actitudes y posiciones muy machistas desde un punto de vista pseudo-racional, o tratando de convertir un defecto de la sociedad (el machismo) en una lucha por la posición dominante entre hombres y mujeres. Ejemplos de esto pueden ser el hecho de que el 40% de los españoles culpa a la víctima de la violencia de género, o el mito de las denuncias falsas de violencia machista, que en realidad constituyen el 0,01% del total.

Por último, muchos de los que intentamos no ser machistas asignamos una posición preeminente al varón sobre la mujer, a veces incluso inconscientemente (como en el caso ilustrado por este estudio de la universidad de Yale, en el que se demuestra que solamente cambiando el nombre en el curriculum vitae de un candidato a un puesto en la universidad, las posibilidades de ser contratado y el sueldo variaban en función de si los candidatos eran hombres o mujeres). Eso no debería ser así y no puede ser cambiado con una ley de cuotas ni ninguna medida política parecida. Lo que creo que tenemos que hacer es tratar de reflexionar sobre los aspectos de la vida (que aún son muchos) en los que casi todos somos machistas y tratar de cambiarlo. Y sobre todo, deberíamos ser capaces de enseñar a nuestros hijos valores que eviten hacer diferencias a priori entre varones y mujeres, con el objetivo de eliminar la lacra del machismo en el largo plazo.

Leña y punto

El pasado día 25 de septiembre hubo una manifestación en Madrid. La razón fundamental de la manifestación era la baja calidad de la democracia española. El lema de la marcha era "Rodea el Congreso" (en referencia al Congreso de los Diputados), y su recorrido transcurría, efectivamente, por calles bastante próximas al edificio de las Cortes. No obstante, la ley española dice que no puede haber concentraciones a las puertas de ninguna cámara legislativa cuando esta está reunida. Es por esa razón que no se autorizó a los manifestantes a llegar demasiado cerca del lugar al que pretendían llegar. Además, para garantizar que la manifestación seguía el recorrido autorizado y no otro, se desplegó un gran número de policías antidisturbios, unos 1400. Los agentes se repartieron por el recorrido y bloquearon todas las vías de acceso al Congreso. Algunos además se colocaron en la puerta de determinados comercios, como Fnac o El Corte Inglés.

La manifestación terminó mal, muy mal. En algún momento, las provocaciones de los manifestantes fueron demasiado para la policía, que cargó en varias ocasiones contra la masa que se concentraba en la plaza de Neptuno. El resultado final fue de 64 heridos (uno de ellos, grave) y 35 detenidos. Estos detenidos han sido acusados de delitos contra la nación, además de contra el orden público (la Audiencia Nacional, sin embargo, no lo ve así). Adicionalmente, determinados medios internacionales se han hecho eco de los resultados de la manifestación y algunos medios de comunicación españoles observan un gran perjuicio para lo que llaman la "marca España". Mi idea en este post es analizar más o menos detalladamente lo que ocurrió en la manifestación, sus causas y la actuación de la policía.

Las razones de la protesta. Acontecimientos previos

A pesar de que gran parte del debate en torno a la manifestación se centra en los disturbios que se produjeron y la actuación policial posterior, creo que justo esa es la intención de quienes han tratado de desacreditar la protesta, y que son también quienes más se benefician de los resultados de la misma. Por tanto, creo necesario hacer un análisis sobre las causas de la protesta y el ambiente previo a la manifestación.

En este blog ya hemos hablado alguna vez sobre la calidad de la democracia española (aquí o aquí). Todas las democracias del mundo son imperfectas, pero la nuestra ha demostrado sobradamente no ser de las mejores. Nuestros políticos son corruptos, establecen redes clientelares para mantenerse en el poder, reaccionan tarde y mal cuando nuestro país entra en una crisis económica muy fuerte, y cuando tras las elecciones el gobierno cambia, descubrimos que el programa electoral votado por la mayoría (definida según nuestras imperfectas reglas) es incumplido, punto por punto, sin que los ciudadanos podamos realmente hacer nada para evitarlo.

Las anteriormente expuestas son las razones por las que se convocó la manifestación. No se trataba de la protesta de unos vagos que quisieran vivir sin trabajar o que desearan vivir del trabajo de otros a través de subsidios. Se trataba de una propuesta de determinados miembros del llamado movimiento 15-M reclamando una democracia mejor y un poder efectivo para el pueblo. El objetivo era denunciar la separación entre la élite gobernante y los ciudadanos de a pie, y el hecho de que quienes gobiernan lo hagan sin tener en cuenta el mandato que el pueblo, en teoría soberano, les ha otorgado. Sin embargo, desde bastante tiempo antes de la manifestación se acusó a los convocantes de ser violentos, golpistas, nazis, elementos de extrema izquierda, antisistema y radicales (nótese que hay ciertas contradicciones entre algunos de los términos atribuidos a las mismas personas). Nada se dijo, por supuesto, de las razones de la protesta, que no existieron para la gran mayoría de nuestros representantes electos.

La actuación de la policía

Ya hablamos en otra ocasión sobre actuaciones de la policía en manifestaciones. Sigo pensando que los antidisturbios tienen una obligación mayor que los manifestantes de mantener la calma y evitar usar la fuerza, dado que son servidores públicos, y su función es proteger a los ciudadanos. Además, su superior equipamiento, fuerza y entrenamiento les permite tener clara ventaja en cualquier enfrentamiento con los manifestantes, lo que debería ser una razón más para tratar de usar la fuerza lo menos posible. Por eso me parece especialmente censurable la violencia a manos de la policía, ejemplificada por los muchos vídeos que uno puede encontrar y que se grabaron durante la manifestación: este, estos, este...

Me parece que nuestra policía es de un nivel realmente bajo. La frase del portavoz del sindicato unificado de policía (SUP) que da título a este post es una barbaridad. Creo que indica muy claramente que quien se expresa de esa manera no está capacitado para proteger a nadie, y desde luego no entiende cuál es su cometido ni cómo debe cumplirlo. Además, no se trata de una opinión aislada de un individuo cualquiera: es portavoz del sindicato mayoritario de la policía y al menos  una parte de sus compañeros opina de la misma manera.

Por último, las órdenes recibidas no sirven como excusa. Es evidente que la contundencia de la actuación policial en las manifestaciones suele venir dada por las órdenes de los mandos, que a su vez las reciben de sus jefes, los políticos. Pero un policía no es un soldado; no se enfrenta a un enemigo, y cuando pega, está golpeando a los que se comprometió a proteger. El hecho de que las órdenes superiores indiquen una cosa no es razón suficiente como para que una persona que tenga alguna moral pase por encima de sus principios. Así que quienes no apoyan declaraciones duras como las del portavoz del SUP pero justifican sus acciones (o las de sus compañeros) con las órdenes merecen también la más contundente de las críticas.

Conclusión

El día 25 yo fui a la manifestación. He ido últimamente a muchas manifestaciones, y observé desde el principio que el ambiente entre los manifestantes era diferente. Tan advertidos estábamos de que la convocatoria era radical, golpista y nazi, que mucha gente que tal vez estaba de acuerdo con la protesta no vino. En concreto, hubo muchos menos ancianos, menos mujeres y prácticamente ningún niño. De esa forma, la manifestación era más pequeña de lo que podría haber sido y tenía un aspecto más peligroso (si una multitud pequeña, esencialmente desarmada, y formada por jóvenes más o menos idealistas representa algún peligro para 1400 agentes de policía bien armados y entrenados). Las provocaciones e insultos gubernamentales de los días precedentes hacían que los ánimos estuvieran bastante encendidos. Y cuando saltó la chispa (no voy a entrar aquí en si dicha chispa fue provocada por policías infiltrados, aunque hay dudas al respecto) la respuesta de la policía fue brutal, desproporcionada e indiscriminada. Finalmente, el gobierno y muchos medios de comunicación extrajeron, naturalmente, la conclusión que ya habían adelantado los días anteriores: unos pocos violentos habían intentado tomar el Congreso mientras la policía había respondido a la amenaza con profesionalidad y ejemplaridad, evitando un grave atentado contra la democracia. Lo que yo creo es que si la situación acabó tan mal, es solamente culpa de quienes pretendían (y anunciaban) que iba a acabar así de mal; ellos crearon la situación y la han explotado para sacar ventaja política de ella y deslegitimar la protesta. Ellos, que se consideran a sí mismos grandes patriotas, nos acusan de atentar contra el conjunto de los españoles. Yo creo que es justo al contrario: los antidisturbios y los politicastros que los mandan son los verdaderos traidores, y no los que se concentran en las plazas para protestar y pedir una democracia mejor y un país más justo.

Diada

El día 11 de septiembre se celebra en Cataluña la Diada, fiesta de esa comunidad autónoma desde el año 1980. En esa fecha se conmemora la caída de la ciudad de Barcelona en 1714 tras el sitio de las tropas de Felipe de Borbón. Normalmente, ese día se manifiestan quienes desean la independencia de Cataluña. La manifestación de este año en Barcelona ha sido muy grande: entre 600.000 y 2.000.000 de personas, dependiendo de la fuente. Las consecuencias no se han hecho esperar: el presidente autonómico, Artur Mas,  se ha entrevistado este jueves con su homólogo español para discutir cuestiones relacionadas con el modelo autonómico y los impuestos. Mas propone que Cataluña reciba una mayor cantidad de dinero en inversiones del Estado español, dado que es una de las comunidades que más dinero aporta al erario público; y utiliza la gran manifestación del día 11 de septiembre para legitimar su protesta.

La argumentación de Mas no es nueva. En numerosas ocasiones se ha utilizado el hecho de que Cataluña paga muchos impuestos para reclamar que la cantidad de dinero que recibe el gobierno autonómico de los presupuestos de toda la nación sea superior. La respuesta habitual (negativa) de los grandes partidos nacionales es que ello sería injusto, pues la razón de ser de los impuestos es justamente redistribuir la riqueza. De esa manera, quien es más rico paga una mayor cantidad de dinero en relación con los servicios que recibe. Yo estoy de acuerdo con la segunda opinión, pero lo que voy a tratar de explicar es por qué ninguna de las dos posiciones tomadas es generalmente honesta.

Creo que las posiciones de Mas y otras similares no son honestas por la manera en la que usan el nacionalismo para dotarlas de legitimidad. El sentimiento nacionalista en Cataluña, y especialmente el de elementos progresistas o de izquierdas (con mucha presencia en manifestaciones como la de la Diada), no implica el deseo de ser insolidario impidiendo que los impuestos sean distribuidos desde las zonas más ricas a las más pobres. Quienes desde la élite económica apoyan la independencia no lo hacen por razones históricas o sentimentales, sino desde la búsqueda del beneficio económico. Por otro lado, los dos grandes partidos políticos españoles son liberales. En concreto, el Partido Popular se define como tal, mientras que la política fiscal del Partido Socialista Obrero Español (ver aquí o aquí) no puede calificarse de otra manera. Desde ese punto de vista, observo una gran contradicción entre preferir impuestos proporcionales o regresivos (y por tanto, no redistributivos) y luego utilizar una argumentación basada en la solidaridad. En definitiva, tengo la sensación de que el supuesto conflicto entre Cataluña y España no es más que un tira y afloja entre sus elementos más pudientes para ver quién se queda con una mayor parte del pastel económico de los impuestos. Y mientras tanto, ambas partes cultivan el enfrentamiento (¡hasta en el fútbol!) entre los ciudadanos apelando a sus sentimientos nacionales. 

Libros de texto

Ayer llamaron mi atención sobre la edición del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) del día 11 de septiembre de este año. En la página 7 hay una disposición de la Consejería de Educación y Empleo sobre el préstamo de libros de texto. El programa sobre el que introduce modificaciones la orden es la normativa reguladora del programa de préstamo de libros en centros de enseñanza preuniversitaria. Se afirma en el preámbulo que la modificación se hace porque "en consideración a la atención debida a las familias se hace necesario el refuerzo de la dotación específica destinada al programa de préstamo de libros de texto y material didáctico". El efecto de la modificación, según el mismo preámbulo, es "ahondar en la simplificación de la gestión administrativa al tiempo que se refuerza el principio de autonomía de los centros con la participación directa de los Consejos Escolares en la gestión del programa". En concreto, lo que la nueva norma regula es una modificación importante: los libros de texto (que se prestan, por supuesto, a alumnos cuyas familias tienen dificultades para sufragarlos) los prestará en adelante cada centro de acuerdo con los criterios que fije. Antes de ello, la Comunidad  de Madrid pagará a los centros una cantidad de dinero para que pague directamente los libros. Anteriormente, era a la Comunidad de Madrid a quien correspondía la decisión sobre qué alumnos recibían la ayuda para libros de texto.

En principio, la nueva norma puede parecerle bien o no a uno en función de cómo prefiera que se distribuyan los presupuestos públicos y también de la responsabilidad que crea que debe tener la directiva de los centros educativos. Una crítica que se puede hacer es que con toda probabilidad el gobierno regional tiene una mayor facilidad para asignar los libros de manera justa, es decir, a las familias que más lo necesitan. Esto es así por su mayor capacidad para comprobar que los datos económicos que las familias aporten son exactos. En cualquier caso, probablemente es de agradecer la referencia ya citada en el preámbulo a la atención debida a las familias, dado el actual contexto de crisis económica en el que está España. Por desgracia, hay un problema mucho más grave asociado a la nueva norma que no aparece en el BOCM. Para explicarlo, baste un ejemplo: el centro público IES Carmen Martín Gaite, de Moralzarzal, tiene unos 600 alumnos. De estos, al menos 80 recibieron el curso pasado la ayuda para libros de texto. El gasto medio en libros de texto en secundaria es de no menos de 300 euros por alumno, lo que indica que la ayuda total destinada al centro para libros de texto era el año pasado de no menos de 24.000 euros. Pues bien, la cantidad que el IES Carmen Martín Gaite ha recibido este año es de aproximadamente 1.800 euros.

Un recorte del 92,5% en una partida de apoyo a los más desfavorecidos es algo muy grave de por sí. Pero lo que a mí me parece especialmente grave, y por lo que no puedo dejar de pensar que hay verdadera mala intención detrás de la medida, es que en el preámbulo de la orden que regula este durísimo recorte se afirme que el objetivo de la misma es mejorar el sistema de ayudas para libros de texto. Además, se descarga la culpa del recorte en los centros, que ahora tienen que elegir a las personas que van a recibir los libros y dejar en la estacada a mucha gente que necesita la ayuda (obsérvese que, en el centro citado, el presupuesto asignado permite dar libros a 1 de cada 100 alumnos solamente). Me resulta triste que nuestros representantes tomen decisiones tan duras como suprimir las ayudas para libros de texto ante los acuciantes problemas económicos que tienen (además, no las comparto, y así lo suelo expresar con mi voto). Pero lo que me hace hervir la sangre es que además presenten las medidas de esa índole como una mejora, insultando mi inteligencia e incumpliendo todos los principios éticos que conozco en cuanto a la honestidad  de un representante para con sus representados. 

Desregulación

Ryanair es una compañía aérea irlandesa de bajo coste. En concreto, es la mayor compañía aérea de bajo coste en Europa: no en vano, transportó más de 75 millones de pasajeros en 2.011. Sus precios son inigualables, consiguiendo que en ocasiones volar a algún destino que esté a 2.000 kilómetros de distancia sea más barato que viajar en autobús a una ciudad cercana. Como consecuencia, el resto de aerolíneas se ven obligadas en ocasiones a bajar sus precios o a cancelar rutas debido a la feroz competencia que Ryanair supone. Esto es, en sí mismo, un ejemplo del éxito del libre mercado y de las normas de competencia, que suponen que cuando varias empresas intentan atraerse a un cliente, este se ve beneficiado y recibe un mejor servicio.

Sin embargo, existen numerosas sombras sobre la compañía irlandesa que hacen sospechar que no estamos ante un caso modélico. La aerolínea dice que sus precios son tan competitivos porque reduce al máximo sus gastos: personal de tierra, peso de la aeronave, cantidad de combustible cargada en cada avión... Sin embargo, también reduce gastos de otras formas: no permite facturar equipaje gratuitamente, ni llevar más de un pequeñísimo bolso de mano, deniega el embarque con excusas de lo más peregrino, y en general busca el límite de la legalidad para ahorrar de cualquier manera, con el consiguiente deterioro de la calidad del servicio (la aerolínea incluso propuso que se pudiera volar de pie, o que se pagara dinero por ir al servicio en el avión). Además, va al límite en cuestiones relacionadas con la seguridad, que son más graves: este verano sus aviones han tenido que realizar varios aterrizajes de emergencia porque se estaban quedando sin combustible. Por último, su estrategia en ocasiones pasa por mantener líneas no rentables en aeropuertos regionales a cambio de importantes subvenciones de los gobiernos.

Una conclusión que se puede sacar de todo lo anterior es que Ryanair no compite en igualdad de condiciones con las demás líneas aéreas. Esto es indiscutible en la parte que atañe a las subvenciones públicas; pero creo que no es la razón fundamental de los problemas que la aerolínea ocasiona. Ryanair se mantiene la mayor parte del tiempo dentro de la ley y de las reglas del libre mercado, pues ofrece servicios y productos legalmente, y cuando se salta las normas y es denunciada, asume las consecuencias como cualquier otra empresa. Yo creo que Ryanair es un ejemplo de las consecuencias del libre mercado en sí, o como mínimo de la desregulación. Si el servicio que Ryanair ofrece es incómodo, y en ocasiones engañoso y peligroso, es porque las autoridades lo permiten. Y la postura de la compañía es lógica: no tiene compromisos éticos, y por lo tanto lo único que quiere es maximizar su beneficio. Es un debate interesante, aunque me temo que exclusivamente teórico, determinar si las empresas deberían regirse por criterios éticos o morales además de económicos. Pero lo que está claro es que en general no hay relación entre el interés de una empresa y el general, y por tanto creo necesaria una regulación fuerte que evite que las corporaciones actúen en contra del interés de los clientes (que no son solamente clientes, también son personas con derechos) o incluso pongan en riesgo su seguridad.

Cerrado en verano

Durante algunas semanas este blog no va a ser actualizado. Volveremos a finales de agosto o en septiembre, posiblemente con algunos cambios.

P.D: A modo de entrada de esta semana, recomiendo este artículo de Isaac Rosa, que suscribo totalmente. 

¿Privilegiados?

Desde que empezó la crisis económica en España, los gobiernos de la nación han adoptado políticas de reducción del gasto público que han afectado a algunas de las partidas de los presupuestos, como ya hemos hablado alguna vez aquí. Una de las medidas que se ha adoptado (en Madrid, dos veces) es la reducción del sueldo de los empleados públicos. Además, en la actualidad se discute una segunda reducción de sueldo como condición para el rescate financiero por parte de la Unión Europea. La justificación oficial de la reducción de sueldos es, como para todos los recortes, la malísima situación de las arcas públicas y la necesidad de controlar el déficit de la administración. Sin embargo, existe una segunda justificación, esgrimida por mucha gente en diversos ámbitos, que consiste en considerar justo el recorte del sueldo de los empleados públicos porque son unos "privilegiados" y unos "vagos".

Con respecto a lo vagos que son los empleados públicos, la crítica hereda de la famosísima de Mariano José de Larra. La imagen es la de un empleado perezoso que llega tarde a su puesto, se va pronto, sale a desayunar durante una hora y es en general muy malo en su trabajo, que por otra parte es muy fácil. Los privilegios de los funcionarios son, fundamentalmente, la absoluta seguridad en el puesto de trabajo y el sueldo garantizado de por vida. Mi opinión es que esta crítica es falsa, y las más de las veces, malintencionada; pues creo que muchos entre quienes la hacen suelen tener interés personal o político en desprestigiar a los empleados públicos. Ahí van mis argumentos (utilizo como datos este artículo de 2010 y la escala salarial de la función pública de 2009):

• No todos los empleados públicos tienen su puesto asegurado: hay aproximadamente 2,5 millones de empleados públicos. De ellos, aproximadamente un millón no son funcionarios, y por tanto pueden ser despedidos como cualquier otro trabajador. Y de hecho, tienen menos estabilidad: la temporalidad es más alta en la parte del sector público no funcionario que en el sector privado.
• La mayoría de los funcionarios no son administrativos: el 20% son profesores, el 18% trabajan en la sanidad, hay policías, soldados... Los oficinistas y administrativos son solamente un 20% de los trabajadores públicos, más o menos.
• No trabajan pocas horas: la media de horas que trabaja un funcionario a la semana es 38. El máximo que se puede exigir por ley es 40. 
• No tienen más vacaciones que los demás trabajadores: en general, un empleado público tiene 22 días laborables de vacaciones, como cualquier otro trabajador por cuenta ajena. La excepción aquí es, por supuesto, el profesorado no universitario, que descansa la práctica totalidad de los meses de julio y agosto.
• No ganan mucho dinero: si bien hay muy pocos empleados públicos que ganan menos de 1.000 euros al mes, no es menos cierto que, a igual puesto de trabajo, se gana más dinero en la empresa privada. Esto es cierto especialmente en los puestos de mayor responsabilidad y mayor remuneración. 

Por último, me queda el que considero el argumento más importante de todos: un privilegio es la "exención de una obligación o ventaja exclusiva o especial de que goza alguien por concesión de un superior o por determinada circunstancia propia". Todos los funcionarios lo son porque han aprobado una oposición. Las oposiciones son el sistema más justo que conozco para decidir a quien asignar un puesto de trabajo, y cualquiera puede presentarse a ellas. No es un privilegiado quien ha obtenido un puesto de trabajo que se ofreció a todos, para el que fue distinguido como el mejor de los candidatos en un proceso (en general) justo, y que renuncia a una carrera profesional que posiblemente le fuera a reportar más dinero a cambio de estabilidad. Si en la época de bonanza económica los empleados públicos no eran los que más ganaban de todos, si no han sido designados "a dedo" para su puesto, es injusto que ahora sean usados como diana de las críticas, por mucho que su situación sea envidiable para otros.