Abuso de poder

En esta última semana han tenido mucha repercusión las manifestaciones en Valencia, surgidas a partir de una protesta mucho más pequeña protagonizada por alumnos del I.E.S. Lluís Vives. En concreto, el foco se ha trasladado del motivo inicial de las protestas (la falta de calefacción de centros educativos en la Comunidad Valenciana) al resultado de las mismas en la calle. Diversos medios de comunicación y partidos políticos afirman que la protesta no fue pacífica y que la policía actuó correctamente en sus intervenciones, mientras que otros son de la opinión de que la actuación policial fue, como mínimo, desproporcionada; ello se recoge incluso en la versión del sindicato mayoritario de la policía.

Yo creo que probablemente ninguno de los que ha opinado sobre esta polémica miente del todo: hubo manifestantes cuyos objetivos y actos no fueron pacíficos ni cívicos, y hubo una desproporcionada respuesta policial que nos ha dejado imágenes de otra época. Mi argumento, sin embargo, es que ambas (malas) conductas no son comparables, por dos razones. Primero, creo en el principio según el cual el que tiene las armas más contundentes es el que menos tiene que usarlas, o el que más debe ser castigado si las usa. Y segundo, está mal que un ciudadano actúe de manera censurable o ilegal; pero está peor que quien representa a la autoridad, y por tanto nos representa a todos, realice esas mismas acciones. Una mayor autoridad implica, o debería implicar, una mayor responsabilidad.

Por último, me gustaría hacer una reflexión más general que creo que puede ayudar a entender mejor mi argumento. Creo que el abuso de poder es una de las mayores lacras que sufre la sociedad, y uno de los mayores fracasos posibles del hombre. Entiendo que abusa de su poder quien utiliza algún tipo de ventaja ilegítima para imponer su criterio en contra de la razón, la argumentación y/o la democracia, o a favor de esta última. Ejemplos de esto pueden ser cosas tan diversas como la violencia machista, el abuso de menores, el acoso en las aulas, la ley de partidos, la represión policial, o la intervención militar o económica contra otros países.

P.S: Creo que la vida del citado Vives bien vale un repaso para ponerla en valor. Véase, por ejemplo, su biografía en Wikipedia. 

El poder judicial

Todos los modelos actuales de organización democrática del Estado reconocen la separación entre tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. En muchos países, como por ejemplo el nuestro, resulta difícil distinguir entre los dos primeros, toda vez que en muchas ocasiones las mayorías absolutas en los parlamentos correspondientes permiten, en la práctica, que el gobierno de turno asuma de hecho las dos tareas: la de legislar y la de gobernar. Por lo general parece más sencillo apreciar diferencias entre el tercer poder y los otros dos; por ejemplo, el gobierno no nombra ningún cargo de gobierno judicial igual que nombra a los ministros (más sobre esto al final del post). Sin embargo, continuamente presenciamos actuaciones de la Justicia que nos parecen cualquier cosa menos independientes del poder político. Ejemplos de lo dicho pueden ser las resoluciones sobre Francisco Camps o Baltasar Garzón enmarcadas en la trama de corrupción Gürtel. Además, se ha calificado de cuestionable y con implicaciones políticas el orden en el que se han juzgado las distintas piezas del entramado (empezando por los dos acusados más famosos, pero probablemente de los menos implicados en la trama).

Por último, dos apuntes: resulta que los órganos de gobierno de los jueces, cuyos miembros son los más poderosos en la judicatura, son nombrados o propuestos por el parlamento, lo que en mi opinión socava gravemente su legitimidad; y además, el gobierno de la nación tiene la posibilidad de indultar, aparentemente sin justificación, a quienes los jueces condenan. La pregunta evidente es, pues: ¿Existe una verdadera separación entre el poder judicial y los demás en el Estado? Mi respuesta es, claramente, que no. Y huelga decir que no me parece bien.

Los límites de la libertad de expresión

El décimo noveno artículo de la Declaración de Derechos Humanos proclama el derecho de los hombres a la libertad de expresión. Dicha libertad se define en principio como total, pero un gran número de países del mundo pone ciertos límites a los que se puede expresar verbalmente, por escrito o de cualquier otra manera. En España tenemos, por ejemplo, el delito de apología del terrorismo, por el que ha sido condenado más de una vez el dirigente independentista vasco Arnaldo Otegi, y del que ha sido acusado el rapero Pablo Hasél. Por contra, si nos alejamos de lo legal para acercarnos al terreno de la ética, nos encontramos ejemplos de polémicos autores, como el escritor Salvador Sostres (aquí uno de sus blogs), cuyas declaraciones a micrófono abierto o cerrado han sido criticadas por algunos de sus compañeros de trabajo. Él mismo ha ejercido la auto-censura alguna vez sobre sus propias declaraciones.

Lo que planteo es lo siguiente: ¿Debemos limitar la libertad de expresión? Está claro que, si la respuesta es afirmativa, tendremos que decidir en qué supuestos lo que dice o escribe una persona es censurable o constituye un delito o falta. Por mi parte, y a pesar de que está claro que la libertad absoluta de expresión incluye la de ofender o molestar a los demás, creo que hay más ventajas que desventajas en respetar estrictamente la libertad de cada uno de expresarse en los términos que mejor le parezcan. En concreto, creo que así se cometen menos injusticias que dejando la censura en manos del poder político o judicial, especialmente en vista de los precedentes históricos.

Austeridad en el gasto

La crisis económica viene influyendo desde hace tres o cuatro años en la elaboración de los presupuestos de los gobiernos en España, ya sean locales, autonómicos o el central. Dichos gobiernos necesitan cambiar algo en su política económica para cuadrar los balances en esta época de vacas flacas, que están descuadrados por muchas razones: han disminuido los ingresos del Estado por la menor actividad económica, hay una mayor presión sobre las arcas públicas debido a lo poco sana que es nuestra pirámide de población y fundamentalmente al mayor número de desempleados, y recientemente han subido los intereses de la deuda  pública en los mercados. Se han propuesto (y llevado a cabo) distintas medidas de aumento de los ingresos, como subidas de impuestos directos o indirectos, o control del fraude fiscal. También se han planteado mejoras en la utilización de los presupuestos, de manera que la misma cantidad de dinero sirva para más cosas que antes. Pero al final, parece claro que es necesario reducir en cierta medida el gasto, sin que ello impida que se tomen otro tipo de medidas. Mi pregunta es: ¿En qué áreas debemos decidir recortar? Para fijar ideas, propongo la siguiente colección más o menos grande de campos de actuación (ver el reparto de los últimos años para la Administración central aquí): sanidad, educación, defensa, justicia, policía y seguridad, I+D+i, cultura, subvenciones (a partidos políticos, organizaciones sindicales, patronal, ONG, organizaciones religiosas), prestaciones por desempleo, pensiones, personal de las distintas administraciones del Estado, obras públicas. Mis candidatos preferidos son defensa, incluida la I+D+i militar, y las subvenciones a todo lo que no sean ONG que permitan auditar sus cuentas para evitar el fraude; y la partida que nunca recortaría es la de educación, asumiendo como buena la sentencia "pan para hoy, hambre para mañana".

Servidores públicos ejemplares

Aprovechando que Francisco Camps y Ricardo Costa acaban de ser absueltos del delito de cohecho impropio del que se les acusaba, me he puesto a pensar en el nivel de ejemplaridad que se puede pedir a los políticos, y en general a quienes nos sirven desde el Estado. Una posible respuesta a la cuestión es muy simple: puede ser un servidor público quien no haya sido inhabilitado por la justicia por la comisión de un delito, falta o similar.  Sin embargo, esa respuesta puede parecer insuficiente, si uno piensa que un servidor público es, además de una persona que desempeña una labor en el engranaje del Estado, un personaje público que sirve como ejemplo para los demás. En otras palabras, me pregunto si no cabría exigir a los servidores públicos un cierto grado de ejemplaridad más allá de las posibles responsabilidades de cara a la justicia. Y si la respuesta es que sí, cómo se podría medir esa ejemplaridad para determinar quiénes pueden representarnos; a quiénes habría de afectar este requisito (a los servidores públicos elegidos mediante sufragio, a todos los trabajadores del sector público, a los que tengan las mayores responsabilidades...). Reconozco que no tengo ninguna idea precisa con respecto a esta última cuestión; solamente la sensación de que quienes elegimos para que nos gobiernen no son, en ocasiones, lo bastante buenos. 

Presentación

¡Hola mundo!

Así es el primer programa de ordenador que uno hace cuando sigue un curso de programación de nivel básico. Y como pasaba en aquel programa, este mensaje probablemente no lo vaya a leer más que una porción muy pequeña del mundo; incluso, una porción muy pequeña de MI mundo, que es un subconjunto bastante pequeño del anterior. Como esta es la primera entrada, he decidido hacer una declaración de intenciones, para que todo el que entre aquí, por error o deliberadamente, sepa a qué atenerse o qué puede encontrar (y pueda pasar rapidamente a hacer otras cosas más interesantes). Bueno, ahí va:

- Los temas serán la actualidad, la política, la religión, la sociedad, el amor, el sexo, el cine, la música u otros.

- La visión sobre los temas polémicos no será ni pretenderá ser objetiva ni equidistante; además, no se hará especial hincapié en la corrección política.

- No se censurarán mensajes salvo que contengan spam o alusiones personales; los comentarios no personales pero llenos de insultos o similares podrán ser eliminados. Todo esto, suponiendo que alguien comente aquí alguna vez...

- Se agradecerán las opiniones, especialmente en contra, pues son las que más enriquecen.

- Se intentará contestar a cada comentario válido (leer más arriba para determinar si un comentario es válido).

Posdata: me reservo el derecho de ampliar o reducir la lista de normas/intenciones anterior sin previo aviso, y sin publicarlo en el BOE.