Ad hominem

Hace algunos días saltó a la fama en España Beatriz Talegón. Talegón es militante del PSOE, secretaria general de Juventudes Socialistas de España en Europa y de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas, y se ha hecho muy conocida por su intervención en el Congreso de la Internacional Socialista celebrado recientemente en Portugal. En ella, cargaba contra la dirección de su partido por pervertir los ideales que dice representar, citando como ejemplo concreto de esto el hecho de que la convención en la que participaba se celebrara en un hotel de máxima categoría. Además, hablaba de la injusticia que los dirigentes de su partido cometen contra los militantes más jóvenes, cuyas carreras frenan para mantener sus cuotas de poder. 

El vídeo del discurso ha circulado ampliamente por Internet y ha recibido tanto alabanzas como críticas. De estas últimas, las ha habido desde posiciones más conservadoras que la suya, desde posiciones más izquierdistas, e incluso entre otros miembros de su mismo partido. Yo me quiero centrar en una de las más repetidas: que la intervención no tiene ningún valor porque quien denuncia es a su vez parte del problema denunciado. Efectivamente, en la corta carrera profesional de Beatriz Talegón ya aparecen un par de cargos de confianza; y su puesto en el partido es bastante importante, lo que sugiere que ella es más bien parte de la dirección del partido que de la militancia de base. También es cierto que ella estaba alojada en el mismo hotel de máxima categoría que el resto de sus compañeros de convención, e incluso que en el pasado ella ha criticado posiciones similares a las que sostiene en el discurso calificándolas de desleales. Sin embargo, creo que eso no tiene ninguna relevancia a la hora de juzgar el contenido del discurso. Este no es menos cierto porque ella sea uno de los dirigentes que critica (aunque es dudoso que el discurso en sí le sea personalmente beneficioso si el público lo percibe así), o porque se aloje en el mejor hotel de Portugal.

Y aún hay más, pues no es este un caso aislado. Es muy frecuente ver que determinadas denuncias o argumentos son criticados en base solo a la altura moral u otra cualidad de quien los defiende. Ejemplos de esto se pueden ver casi a diario; el último de ellos podría ser la campaña de descrédito contra de la actriz Maribél Verdú por su denuncia del sistema económico en la gala de entrega de los premios Goya. Por supuesto, que esta clase de argumentos no sean aceptables como crítica razonada no implica que los argumentos que han sido atacados así sean automáticamente verdaderos. Dicho de otra forma, aún queda determinar si la protesta de Beatriz Talegón es razonable (al menos desde el punto de vista de la ideología de su partido), si el sistema económico es injusto como dice Maribél Verdú, y si el Holocausto realmente existió, en contra de lo que argumentan determinados elementos que tienen simpatía por la ideología nazi. Lo único que no debemos hacer es matar al mensajero, sino centrarnos en el mensaje.

Educación pública

El jueves pasado estuve en una manifestación en defensa de la educación pública. Se trataba, en teoría, del colofón de tres jornadas de protesta estudiantil y del sector educativo en general. La manifestación tuvo una asistencia escasísima (no creo que fuéramos más de 2000 personas, que es poquísimo en una ciudad tan grande como Madrid) y yo volví a casa triste y desanimado. A la manifestación fui con unos cuantos amigos, que terminaron con sensaciones similares. Sin embargo, un par de días después uno de ellos escribió un texto que publicó en una red social, y me gustó tanto que le pedí permiso para reproducirlo aquí, Al contrario de lo habitual en este blog, no es un texto argumentativo con referencias a otras webs. A cambio, o precisamente por eso, tiene mucha más fuerza. Ahí va:

Tengo 25 años, hablo bastante y me enfado con facilidad. Tengo varias aficiones pero ninguna pasión. He buscado mi vocación pero no la encuentro, y a estas alturas dudo que lo vaya a hacer. No me identifico plenamente con nada ni nadie. Pero me gusta lo que soy. Hice la primaria, la ESO y el bachillerato en un colegio y un instituto públicos. Tengo dos carreras, un máster, y soy estudiante de doctorado, todo ello en una universidad pública. Si hay algo que me define y que me representa, es la educación pública. Y por eso la defiendo. 

La defiendo porque yo soy yo gracias a ella, y porque creo que esto es así en el caso de la mayoría de las personas. Yo soy distinta a cómo era hace 5, 10 o 20 años. Tengo una mejor formación, y sobre todo, tengo opinión, tengo la capacidad de juzgar lo que veo a mi alrededor, de decidir si una cosa me gusta o no, de elegir los motivos por los que quiero luchar. Y la enseñanza pública es uno de ellos. Quizás piensas que a ti eso ya no te afecta, que tú ya has estudiado lo que tenías que estudiar, y probablemente sea verdad. Pero a mí me aterra pensar en una sociedad inculta. Me da pánico pensar en lo que le están haciendo a la formación del médico que me curará dentro de 20 años, al futuro arquitecto que diseñará mi casa, a todos los jóvenes y niños cuya capacidad de crítica será peor porque nunca recibieron la formación adecuada, y que por tanto tendrán más difícil defender lo que es suyo. 

Eso es lo que convierte a la educación en un arma tan poderosa, y por eso se ataca. Sin ella, no hay capacidad para razonar, para cuestionarse, para rebelarse. Y gracias a una enseñanza pública de calidad, esto está al alcance de todos. Es lo más parecido que tenemos a la igualdad, y por eso tenemos que luchar por ella. Porque nos da las mismas oportunidades a todos, porque permite que cada niño decida quién quiere ser. Tengo 25 años, y una parte muy importante de lo que soy es culpa de mis profesores, desde los 4 años hasta hoy mismo. He defendido, defiendo, y defenderé un sistema educativo público de calidad como base para una sociedad mejor. Siempre. Y por eso salgo a la calle. No para defender una ideología, sino para defender mi identidad.

María Medina

Un año después

Hace casi exactamente un año escribí la primera entrada de este blog. En ella yo me preguntaba si cabe exigir a nuestros representantes electos no solo que no estén inhabilitados para realizar su tarea por problemas con la justicia sino que además puedan demostrar más. En concreto, yo proponía que se pudiera exigir algún grado de ejemplaridad a nuestros dirigentes, teniendo en cuenta que ostentan el mayor grado de responsabilidad en la sociedad. Pues bien, un año después la situación de la corrupción en la política española, que en su momento ilustré con los casos de Francisco Camps y Ricardo Costa, es visiblemente peor: el yerno del jefe del Estado español está siendo juzgado por diversos delitos de guante blanco, y dos tramas de corrupción, de muy distinta gravedad, afectan al PP y al PSOE, los dos principales partidos políticos. Se especula incluso con que el escándalo que afecta al PP pueda llegar a salpicar al presidente del gobierno.

La gran mayoría de los casos de corrupción que involucran a políticos no terminan en condena para estos. Las razones son diversas: el poder de los acusados, los excelentes medios de defensa de que disponen, e incluso la dificultad intrínseca de conseguir condenas en los juicios por este tipo de delitos. El resultado es que tenemos muchos dirigentes cuya imagen es muy mala desde el punto de vista ético pero que sin embargo pueden mantener sus cargos mientras sigan siendo elegidos en las urnas (los que son elegidos, pues la familia real desde luego no lo es). 

Podría parecer que los culpables de que los corruptos se perpetúen en el poder somos los votantes, que legitimamos con nuestro apoyo electoral las malas prácticas de nuestros dirigentes. En efecto, la corrupción no ha sido un problema electoral para los gobiernos regionales de Valencia, Andalucía, Galicia o Cataluña, a pesar de que en todos ellos hay dirigentes de altísimo nivel que se han visto salpicados por la corrupción. Pero hay que tener en cuenta también que nuestro sistema electoral es muy rígido en muchos aspectos: las listas electorales son cerradas, fundar partidos políticos exitosos es muy caro, una parte de la gente piensa que todos los políticos roban, y que por tanto no tiene sentido castigar al dirigente cuyos delitos salen a la luz... Todas esas cosas pueden, por supuesto, mejorarse. Al final, y volviendo a la que era mi propuesta hace un año, tal vez no sea realista la implantación de un "código ético" para representantes electos; pero tal vez si se mejoraran las leyes para hacer que el voto sea más libre y represente mejor la voluntad de quienes votan se podría mitigar el problema. No es esta seguramente una solución completa, pues yo querría que quienes son éticamente reprobables (en la cuestión de la corrupción) no se pudieran presentar a las elecciones. Pero tal vez sirviera para mejorar algo la situación actual y la calidad de nuestros políticos.

Reforma laboral

Hace pocos días se ha hecho público un comunicado de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en el que dicha organización pide una nueva reforma laboral, menos de un año después de la implantación de la última. Por supuesto, entre las peticiones de la patronal se incluyen el abaratamiento del despido y menor intervención judicial a la hora de llevar a cabo expedientes de regulación de empleo (ERE). Además, la patronal de las pequeñas y medianas empresas (Cepyme) propone un contrato para jóvenes por el sueldo mínimo interprofesional español, que es de un poco menos de 650 euros mensuales.

Los argumentos de las organizaciones de empresarios son diversos. Por un lado, consideran que una mayor flexibilidad favorece la creación de empleo. En este contexto, el término flexibilidad significa, invariablemente, despido más barato y con menores garantías para los trabajadores. De hecho, en el comunicado se indica explicitamente que es un problema que los jueces tiendan a fallar en contra de las empresas cuando lo que se dirime es si los despidos son procedentes o improcedentes, considerando que muchos de ellos no están justificados. A mí me parece que eso hace mucho más necesario el control judicial en los despidos: dado que en la relación entre empleado y empleador este último siempre está en una posición más fuerte para negociar, si los jueces observan que la mayoría de las veces es el empleado el que tiene razón, es imprescindible que sigan arbitrando los conflictos laborales de manera que la parte más fuerte lo tenga difícil para cometer abusos.

El comunicado de la patronal recuerda también que Alemania ha hecho cuatro reformas laborales en los últimos años y tiene muy buenos datos de paro. Es indiscutiblemente cierto que la tasa de paro alemana es mejor que la española: menos del 8% frente a más del 25%. Sin embargo, es preciso preguntarse si las cifras son comparables directamente. Por ejemplo, en Alemania están muy extendidos los llamados "minijobs", que son trabajos a tiempo parcial por sueldos ínfimos. Quien tiene un trabajo como ese difícilmente tiene dinero suficiente para subsistir, y sin embargo no es contabilizado como desempleado. Además, corre el riesgo de tener una jubilación miserable. 

Hay un último argumento de la patronal que no quiero dejar pasar: que hay que hacer algo para resolver el problema del 57% de paro juvenil (esta es la razón aducida para pedir el nuevo contrato para jóvenes). Para mí es evidente que la patronal no tiene una gran preocupación por el paro juvenil, pues se trata de una asociación de empresarios cuyo objetivo es incrementar sus beneficios. Y para cumplir ese objetivo, un paro relativamente alto puede ser hasta bueno, pues al haber más gente desocupada, una oferta de trabajo peor tiene una mayor probabilidad de ser aceptada. No es mi intención valorar las motivaciones de la patronal en sí; pero me molesta mucho que esta trate de disfrazar de preocupación social un intento de conseguir trabajadores con condiciones laborales peores. Y esto es necesariamente así porque las empresas ya pueden ofrecer contratos cuya cuantía sea el sueldo mínimo interprofesional; así que la única ventaja que pueden sacar de la creación de un nuevo contrato con ese sueldo es que dicho contrato tenga condiciones peores, como un despido más barato. Yo no creo que eso sea hacerle ningún favor a los jóvenes españoles.

La política internacional y la justicia

Hace unos días vi un documental sobre el ataque del ejército israelí contra la franja de Gaza a finales de 2008 y principios de 2009. El documental se titula "To shoot an elephant" (en referencia a un ensayo de George Orwell) y trata sobre la vida de los conductores de ambulancia durante los ataques. Dado el estado de guerra total en el que vive la región, estos conductores y otros civiles e infraestructuras de la franja son considerados objetivos militares y atacados sin titubeos por las fuerzas invasoras israelíes.

El conflicto entre israelíes y palestinos es un conflicto viejo. Comenzó hace más de 60 años, y desde entonces se han sucedido períodos de guerra abierta y otros de paz inestable. Creo que es algo ampliamente aceptado que no es equilibrado ni simétrico, y que la razón asiste esencialmente a los palestinos en sus demandas. Incluso la ONU ha aprobado numerosas resoluciones en esa dirección, instando a Israel a detener sus asentamientos o a respetar las fronteras constituidas tras la guerra de 1967. Sin embargo, nada se hace para favorecer la resolución del conflicto y las muertes y las atrocidades continúan sin que se atisbe en el horizonte una solución para la paz. 

A pesar de lo grave de la situación, lo que más me preocupa de este conflicto es la actitud de la llamada "comunidad internacional". El hecho de que los países más poderosos no hayan impuesto ni favorecido un camino que dé como resultado la paz no se puede explicar más que por la falta de voluntad de que eso suceda. Y eso es ejemplo de algo que es más general: si bien en parte del mundo existen sistemas  políticos que en principio tienen como objetivo que el gobierno de los hombres esté en manos de gente que trabaje por el bien común, esto es totalmente falso en el caso de las relaciones internacionales. No existe un parlamento mundial ni ninguna institución parecida que represente la voluntad de los ciudadanos del mundo. Los organismos supranacionales existentes, como la citada ONU, son simplemente clubes en los que los gobernantes de los países más poderosos deciden que acciones tomar, y las ejecutan de acuerdo con su mayor fuerza, sin importar (siquiera formalmente) que esa decisión sea justa o no. En las relaciones entre países, el mundo sigue aún la ley del más fuerte de manera estricta. 

Por último, el hecho de que en los conflictos internacionales tener la razón no valga nada lleva a que ocurran cosas inconcebibles: en el documental, unos soldados israelíes matan a tres niños, el mayor de los cuales tiene diez años. Cuando preguntan al padre de los niños, este repite una y otra vez que sus hijos "solamente estaban jugando". Por supuesto, resulta bastante fácil creer que unos niños pequeños estuvieran jugando, pero el tratamiento habitual del conflicto por parte de los medios de comunicación occidentales consiste en presentar los estallidos de violencia como conflictos equilibrados entre dos rivales de similar poder. Así, acciones tan evidentemente injustas como el asesinato de unos niños son relativizadas para conseguir un tratamiento más "equidistante" del conflicto: tal vez fueron advertidos por los soldados, tal vez empuñaban un arma, tal vez amenazaron a los soldados de alguna forma... Ese tipo de justificaciones se leen a diario en los medios, y por esa razón el padre siente la necesidad de explicar algo que no requiere explicación: que sus hijos eran niños, que los niños juegan, y que son inocentes.

Conflicto

El pasado día 14 de noviembre hubo en España una huelga general. La situación económica y las políticas de recortes del gobierno fueron la causa de la convocatoria por parte de la mayoría de los sindicatos españoles (una notoria excepción fue el sindicato CSI-F, que no apoyó la huelga). El desarrollo de la jornada fue relativamente tenso, con decenas de heridos y de detenidos en los piquetes; además, hubo daños materiales en algunas sucursales bancarias y comercios. Las manifestaciones convocadas en diversas ciudades españolas fueron muy grandes, evidenciando que hay un sector amplio de la población que está en contra de los recortes.

Yo vi la jornada desde fuera de España, y de entre las críticas a la huelga que me llegaron destacaban dos: que esta era "política" y que los piquetes y huelguistas en ocasiones no respetaban el "derecho al trabajo", es decir, el derecho a no hacer huelga, de quienes no querían secundar el paro. Esto último, a juicio de quienes criticaban la acción de los piquetes, deslegitimaba automáticamente las reivindicaciones (que tal vez compartían) de los que protestaban. Sobre la primera crítica tengo poco que decir, pues cualquier huelga general es política, dado que su objetivo es influir en el gobierno y no en el empresario. Por tanto, considero que las razones del sindicato CSI-F para oponerse a la huelga son difícilmente defendibles, si partimos de la base de que un sindicato es una organización que lucha por los derechos de los trabajadores, independientemente de quien atente contra esos derechos. 

Por otro lado, la segunda crítica es más interesante. Para empezar, creo que el hecho de cometer un error en las formas no hace que uno pierda la razón en el fondo de un asunto; más bien pienso que son cosas independientes. En consecuencia, creo que las reivindicaciones de los huelguistas eran tan legítimas tras los incidentes que se produjeron como si la protesta hubiera sido completamente pacífica. Además, es obvio para mí que una huelga de una parte de los trabajadores va a perjudicar a los demás de alguna manera, pues en la sociedad casi todos dependemos fuertemente de otros todos los días: si el panadero hace huelga no se puede comprar el pan, si los conductores de los autobuses urbanos hacen huelga se tarda mucho más en ir al trabajo (o a cualquier otro sitio), etcétera. Más aún, si se convoca una manifestación, durante varias horas se altera el normal funcionamiento de la zona en la que esta se produce. Sin embargo, creo firmemente en el derecho de la gente a rebelarse contra lo que considera injusto, por encima del derecho a no ser molestado mínimamente. Gracias a la gente que en el pasado se ha rebelado contra situaciones injustas se han conseguido casi todos los avances en derechos y libertades de que disfrutamos, y sospecho que en el futuro eso ha de seguir siendo así.

Desahucio

Esta semana ha habido muchas noticias sobre desahucios en la prensa (ver aquí, aquí o aquí). En realidad, dicha atención mediática no es más que el reflejo del hecho de que, desde el "pinchazo" de la llamada burbuja inmobiliaria, cada vez más gente tiene problemas para hacer frente a los pagos de la hipoteca de su casa. Normalmente, la razón por la que la gente deja de pagar es la pérdida del empleo, que imposibilita, en los mejores casos, sobrevivir y pagar la hipoteca, y en los peores, ambas. En cualquier caso, el hecho es que desde 2008 y hasta julio de 2012, se han procesado más de 170.000 desahucios en España. 

La situación en la que queda una familia que ha sido desahuciada es realmente peligrosa. Si no cuenta con parientes o amigos que la puedan acoger, sus miembros pueden llegar a quedarse en la calle. Y esto es especialmente grave si hay niños involucrados: los servicios sociales podrían incluso retirar la custodia a los padres si no les pueden dar un techo. A pesar de la gravedad de la cuestión desde el punto de vista social y humano (y de lo grande que es: 170.000 son más o menos el 1% de las familias españolas) lo que yo quiero discutir es quién es el culpable de que se produzca el desahucio. Y me refiero a un culpable concreto: no se trata de identificar un culpable en el sistema económico o en su gobierno, ni tampoco de exigir a este último que en vez de rescatar bancos pague deudas hipotecarias para evitar desalojos (lo que tal vez sería buena idea). Lo que pretendo decidir es, asumiendo que el banco no es culpable de lo malo o bueno que es el gobierno y que el desahuciado no es culpable de haberse quedado sin trabajo, quién debería haber previsto la situación: si el ciudadano, no hipotecándose si no sabía si iba a poder pagar, o el banco, evitando conceder muchos préstamos con demasiado riesgo.

Mi posición es que, a pesar de que parece claro que cuando uno pide un préstamo para comprarse algo es su exclusiva responsabilidad devolverlo (o atenerse a las consecuencias), creo que en este caso hay dos salvedades importantes que hacer. La primera, con respecto al tipo de préstamo: cuando uno pide un préstamo para comprarse un coche o irse de viaje, es razonable considerar que se trata de un lujo, al menos hasta cierto punto. Sin embargo, todo el mundo necesita vivir en algún sitio. Y la única manera de comprar una casa para casi todas las personas es pedir un préstamo. Por eso, creo que hay una diferencia fundamental entre no poder pagar tu piso u otra cosa, de la misma manera que la Constitución española reconoce que no hay que penalizar por robar, si la razón del robo es la extrema necesidad. La segunda salvedad importante es sobre la posición del banco: de la misma forma que el prestatario se compromete a devolver lo que se le adelanta, el prestador debería asegurarse de que concede créditos con posibilidades razonables de ser devueltos. Esta práctica antes implicaba que a nadie se le prestaba más del 80% del valor del piso que compraba, mientras que en tiempos de la burbuja inmobiliaria se llegó a prestar, con el mismo aval, por valor del 150% del piso. Yo creo que eso hace al banco culpable por lo menos de falta de previsión.

Derecho de herencia

Un día hace no mucho tiempo me comentó un amigo que le parecen sorprendentes los criterios que se usan para determinar qué cosas se pueden heredar y qué cosas no. En la actualidad, en Occidente, se considera que se puede heredar aquello que se puede poseer. Así, uno puede heredar una casa, un coche, acciones de una empresa, dinero, o incluso deudas. Sin embargo, todo el mundo parece tener claro que no se pueden heredar personas, puestos de trabajo ni cargos políticos (con la excepción de la jefatura del Estado en algunos países, un anacronismo del que tendremos que hablar algún día). Lo que pretendo hacer con esta entrada es dar mi visión sobre esa aparente arbitrariedad en la elección de qué cosas podemos legar a quienes nos sobreviven.

Lo primero que creo es que la elección de las cosas que se pueden legar a los sucesores no es aleatoria, ni arbitraria. Aunque probablemente lo es desde un punto de vista lógico, no lo es desde el punto de vista de la justicia: los bienes que se heredan son exactamente los que garantizan que los herederos nombrados por la élite económica (que suele ser la élite en todo lo demás) son los que conforman, salvo pequeñas variaciones, la élite económica de la siguiente generación. No es necesario heredar un cargo político cuando es bien conocido que prácticamente nunca ha gobernado ningún estado del mundo una persona de clase trabajadora. Tampoco es necesario heredar los mejores puestos de trabajo, en tanto en cuanto una situación económica mejor suele influir decisivamente en el puesto de trabajo que las personas ocupan. Por eso, creo que la única razón de la persistencia del derecho de herencia es el intento (exitoso) de perpetuar la desigualdad, de que quienes más tienen se aseguren de que las personas que más quieren son las que consiguen, independientemente de sus méritos, ocupar el lugar de privilegio que ellos ocuparon.

En vista de lo anterior, la solución aparentemente más simple es la que yo creo mejor: suprimir el llamado "derecho de herencia". Así, cuando una persona muere es la sociedad la que pasa a disponer de sus bienes, en principio para utilizarlos en beneficio de toda ella. Evidentemente, una medida de esta índole exigiría asegurar que el Estado sea un ente capaz de asegurar la supervivencia y la igualdad de oportunidades de sus miembros. Pero incluso si no garantizamos eso, creo mejor que un Estado imperfecto (cuyo gobierno emane, por ejemplo, de una democracia imperfecta) es más capaz de repartir la riqueza de manera justa que una persona cualquiera. Además, creo que la eliminación de la herencia sería una de las pocas medidas capaces de ayudar a mantener la desigualdad entre unos hombres y otros bajo control; y pienso que esa desigualdad es probablemente la peor de las lacras que sufre hoy la humanidad.    

Machismo

Llevo ya unos cuantos meses escribiendo en este blog y aún no he tocado un tema que considero muy importante: el machismo. La sociedad ha sido en el pasado muy machista, al menos la mayor parte del tiempo. En casi todas las épocas los puestos de poder han estado en manos de varones, y el papel de la mujer ha estado supeditado al del hombre tanto en la esfera pública como en la privada. Sin embargo, ha habido cambios muy importantes en las últimas décadas que han llevado a cambiar en parte esta situación y a tratar de situar a la mujer y al varón en un plano de igualdad. En el apartado público, dichos cambios incluyen el sufragio femenino, la presencia de mujeres en el Ejército o la Policía, e incluso el ascenso a la jefatura de gobierno o de estado de algunas mujeres. Y en el hogar, cada vez más hombres se ocupan de las tareas del hogar y de los hijos de la misma manera que sus parejas, y las decisiones importantes en la familia se toman entre todos, y no solo entre los hombres.

Aparentemente, el mundo va siendo cada vez un poco menos machista. Sin embargo, existen personas que todavía piensan que los hombres son, en algún sentido, más que las mujeres. Pero yo quiero llamar la atención no tanto sobre esa gente sino sobre otros que tratan de justificar actitudes y posiciones muy machistas desde un punto de vista pseudo-racional, o tratando de convertir un defecto de la sociedad (el machismo) en una lucha por la posición dominante entre hombres y mujeres. Ejemplos de esto pueden ser el hecho de que el 40% de los españoles culpa a la víctima de la violencia de género, o el mito de las denuncias falsas de violencia machista, que en realidad constituyen el 0,01% del total.

Por último, muchos de los que intentamos no ser machistas asignamos una posición preeminente al varón sobre la mujer, a veces incluso inconscientemente (como en el caso ilustrado por este estudio de la universidad de Yale, en el que se demuestra que solamente cambiando el nombre en el curriculum vitae de un candidato a un puesto en la universidad, las posibilidades de ser contratado y el sueldo variaban en función de si los candidatos eran hombres o mujeres). Eso no debería ser así y no puede ser cambiado con una ley de cuotas ni ninguna medida política parecida. Lo que creo que tenemos que hacer es tratar de reflexionar sobre los aspectos de la vida (que aún son muchos) en los que casi todos somos machistas y tratar de cambiarlo. Y sobre todo, deberíamos ser capaces de enseñar a nuestros hijos valores que eviten hacer diferencias a priori entre varones y mujeres, con el objetivo de eliminar la lacra del machismo en el largo plazo.

Leña y punto

El pasado día 25 de septiembre hubo una manifestación en Madrid. La razón fundamental de la manifestación era la baja calidad de la democracia española. El lema de la marcha era "Rodea el Congreso" (en referencia al Congreso de los Diputados), y su recorrido transcurría, efectivamente, por calles bastante próximas al edificio de las Cortes. No obstante, la ley española dice que no puede haber concentraciones a las puertas de ninguna cámara legislativa cuando esta está reunida. Es por esa razón que no se autorizó a los manifestantes a llegar demasiado cerca del lugar al que pretendían llegar. Además, para garantizar que la manifestación seguía el recorrido autorizado y no otro, se desplegó un gran número de policías antidisturbios, unos 1400. Los agentes se repartieron por el recorrido y bloquearon todas las vías de acceso al Congreso. Algunos además se colocaron en la puerta de determinados comercios, como Fnac o El Corte Inglés.

La manifestación terminó mal, muy mal. En algún momento, las provocaciones de los manifestantes fueron demasiado para la policía, que cargó en varias ocasiones contra la masa que se concentraba en la plaza de Neptuno. El resultado final fue de 64 heridos (uno de ellos, grave) y 35 detenidos. Estos detenidos han sido acusados de delitos contra la nación, además de contra el orden público (la Audiencia Nacional, sin embargo, no lo ve así). Adicionalmente, determinados medios internacionales se han hecho eco de los resultados de la manifestación y algunos medios de comunicación españoles observan un gran perjuicio para lo que llaman la "marca España". Mi idea en este post es analizar más o menos detalladamente lo que ocurrió en la manifestación, sus causas y la actuación de la policía.

Las razones de la protesta. Acontecimientos previos

A pesar de que gran parte del debate en torno a la manifestación se centra en los disturbios que se produjeron y la actuación policial posterior, creo que justo esa es la intención de quienes han tratado de desacreditar la protesta, y que son también quienes más se benefician de los resultados de la misma. Por tanto, creo necesario hacer un análisis sobre las causas de la protesta y el ambiente previo a la manifestación.

En este blog ya hemos hablado alguna vez sobre la calidad de la democracia española (aquí o aquí). Todas las democracias del mundo son imperfectas, pero la nuestra ha demostrado sobradamente no ser de las mejores. Nuestros políticos son corruptos, establecen redes clientelares para mantenerse en el poder, reaccionan tarde y mal cuando nuestro país entra en una crisis económica muy fuerte, y cuando tras las elecciones el gobierno cambia, descubrimos que el programa electoral votado por la mayoría (definida según nuestras imperfectas reglas) es incumplido, punto por punto, sin que los ciudadanos podamos realmente hacer nada para evitarlo.

Las anteriormente expuestas son las razones por las que se convocó la manifestación. No se trataba de la protesta de unos vagos que quisieran vivir sin trabajar o que desearan vivir del trabajo de otros a través de subsidios. Se trataba de una propuesta de determinados miembros del llamado movimiento 15-M reclamando una democracia mejor y un poder efectivo para el pueblo. El objetivo era denunciar la separación entre la élite gobernante y los ciudadanos de a pie, y el hecho de que quienes gobiernan lo hagan sin tener en cuenta el mandato que el pueblo, en teoría soberano, les ha otorgado. Sin embargo, desde bastante tiempo antes de la manifestación se acusó a los convocantes de ser violentos, golpistas, nazis, elementos de extrema izquierda, antisistema y radicales (nótese que hay ciertas contradicciones entre algunos de los términos atribuidos a las mismas personas). Nada se dijo, por supuesto, de las razones de la protesta, que no existieron para la gran mayoría de nuestros representantes electos.

La actuación de la policía

Ya hablamos en otra ocasión sobre actuaciones de la policía en manifestaciones. Sigo pensando que los antidisturbios tienen una obligación mayor que los manifestantes de mantener la calma y evitar usar la fuerza, dado que son servidores públicos, y su función es proteger a los ciudadanos. Además, su superior equipamiento, fuerza y entrenamiento les permite tener clara ventaja en cualquier enfrentamiento con los manifestantes, lo que debería ser una razón más para tratar de usar la fuerza lo menos posible. Por eso me parece especialmente censurable la violencia a manos de la policía, ejemplificada por los muchos vídeos que uno puede encontrar y que se grabaron durante la manifestación: este, estos, este...

Me parece que nuestra policía es de un nivel realmente bajo. La frase del portavoz del sindicato unificado de policía (SUP) que da título a este post es una barbaridad. Creo que indica muy claramente que quien se expresa de esa manera no está capacitado para proteger a nadie, y desde luego no entiende cuál es su cometido ni cómo debe cumplirlo. Además, no se trata de una opinión aislada de un individuo cualquiera: es portavoz del sindicato mayoritario de la policía y al menos  una parte de sus compañeros opina de la misma manera.

Por último, las órdenes recibidas no sirven como excusa. Es evidente que la contundencia de la actuación policial en las manifestaciones suele venir dada por las órdenes de los mandos, que a su vez las reciben de sus jefes, los políticos. Pero un policía no es un soldado; no se enfrenta a un enemigo, y cuando pega, está golpeando a los que se comprometió a proteger. El hecho de que las órdenes superiores indiquen una cosa no es razón suficiente como para que una persona que tenga alguna moral pase por encima de sus principios. Así que quienes no apoyan declaraciones duras como las del portavoz del SUP pero justifican sus acciones (o las de sus compañeros) con las órdenes merecen también la más contundente de las críticas.

Conclusión

El día 25 yo fui a la manifestación. He ido últimamente a muchas manifestaciones, y observé desde el principio que el ambiente entre los manifestantes era diferente. Tan advertidos estábamos de que la convocatoria era radical, golpista y nazi, que mucha gente que tal vez estaba de acuerdo con la protesta no vino. En concreto, hubo muchos menos ancianos, menos mujeres y prácticamente ningún niño. De esa forma, la manifestación era más pequeña de lo que podría haber sido y tenía un aspecto más peligroso (si una multitud pequeña, esencialmente desarmada, y formada por jóvenes más o menos idealistas representa algún peligro para 1400 agentes de policía bien armados y entrenados). Las provocaciones e insultos gubernamentales de los días precedentes hacían que los ánimos estuvieran bastante encendidos. Y cuando saltó la chispa (no voy a entrar aquí en si dicha chispa fue provocada por policías infiltrados, aunque hay dudas al respecto) la respuesta de la policía fue brutal, desproporcionada e indiscriminada. Finalmente, el gobierno y muchos medios de comunicación extrajeron, naturalmente, la conclusión que ya habían adelantado los días anteriores: unos pocos violentos habían intentado tomar el Congreso mientras la policía había respondido a la amenaza con profesionalidad y ejemplaridad, evitando un grave atentado contra la democracia. Lo que yo creo es que si la situación acabó tan mal, es solamente culpa de quienes pretendían (y anunciaban) que iba a acabar así de mal; ellos crearon la situación y la han explotado para sacar ventaja política de ella y deslegitimar la protesta. Ellos, que se consideran a sí mismos grandes patriotas, nos acusan de atentar contra el conjunto de los españoles. Yo creo que es justo al contrario: los antidisturbios y los politicastros que los mandan son los verdaderos traidores, y no los que se concentran en las plazas para protestar y pedir una democracia mejor y un país más justo.

Diada

El día 11 de septiembre se celebra en Cataluña la Diada, fiesta de esa comunidad autónoma desde el año 1980. En esa fecha se conmemora la caída de la ciudad de Barcelona en 1714 tras el sitio de las tropas de Felipe de Borbón. Normalmente, ese día se manifiestan quienes desean la independencia de Cataluña. La manifestación de este año en Barcelona ha sido muy grande: entre 600.000 y 2.000.000 de personas, dependiendo de la fuente. Las consecuencias no se han hecho esperar: el presidente autonómico, Artur Mas,  se ha entrevistado este jueves con su homólogo español para discutir cuestiones relacionadas con el modelo autonómico y los impuestos. Mas propone que Cataluña reciba una mayor cantidad de dinero en inversiones del Estado español, dado que es una de las comunidades que más dinero aporta al erario público; y utiliza la gran manifestación del día 11 de septiembre para legitimar su protesta.

La argumentación de Mas no es nueva. En numerosas ocasiones se ha utilizado el hecho de que Cataluña paga muchos impuestos para reclamar que la cantidad de dinero que recibe el gobierno autonómico de los presupuestos de toda la nación sea superior. La respuesta habitual (negativa) de los grandes partidos nacionales es que ello sería injusto, pues la razón de ser de los impuestos es justamente redistribuir la riqueza. De esa manera, quien es más rico paga una mayor cantidad de dinero en relación con los servicios que recibe. Yo estoy de acuerdo con la segunda opinión, pero lo que voy a tratar de explicar es por qué ninguna de las dos posiciones tomadas es generalmente honesta.

Creo que las posiciones de Mas y otras similares no son honestas por la manera en la que usan el nacionalismo para dotarlas de legitimidad. El sentimiento nacionalista en Cataluña, y especialmente el de elementos progresistas o de izquierdas (con mucha presencia en manifestaciones como la de la Diada), no implica el deseo de ser insolidario impidiendo que los impuestos sean distribuidos desde las zonas más ricas a las más pobres. Quienes desde la élite económica apoyan la independencia no lo hacen por razones históricas o sentimentales, sino desde la búsqueda del beneficio económico. Por otro lado, los dos grandes partidos políticos españoles son liberales. En concreto, el Partido Popular se define como tal, mientras que la política fiscal del Partido Socialista Obrero Español (ver aquí o aquí) no puede calificarse de otra manera. Desde ese punto de vista, observo una gran contradicción entre preferir impuestos proporcionales o regresivos (y por tanto, no redistributivos) y luego utilizar una argumentación basada en la solidaridad. En definitiva, tengo la sensación de que el supuesto conflicto entre Cataluña y España no es más que un tira y afloja entre sus elementos más pudientes para ver quién se queda con una mayor parte del pastel económico de los impuestos. Y mientras tanto, ambas partes cultivan el enfrentamiento (¡hasta en el fútbol!) entre los ciudadanos apelando a sus sentimientos nacionales. 

Libros de texto

Ayer llamaron mi atención sobre la edición del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) del día 11 de septiembre de este año. En la página 7 hay una disposición de la Consejería de Educación y Empleo sobre el préstamo de libros de texto. El programa sobre el que introduce modificaciones la orden es la normativa reguladora del programa de préstamo de libros en centros de enseñanza preuniversitaria. Se afirma en el preámbulo que la modificación se hace porque "en consideración a la atención debida a las familias se hace necesario el refuerzo de la dotación específica destinada al programa de préstamo de libros de texto y material didáctico". El efecto de la modificación, según el mismo preámbulo, es "ahondar en la simplificación de la gestión administrativa al tiempo que se refuerza el principio de autonomía de los centros con la participación directa de los Consejos Escolares en la gestión del programa". En concreto, lo que la nueva norma regula es una modificación importante: los libros de texto (que se prestan, por supuesto, a alumnos cuyas familias tienen dificultades para sufragarlos) los prestará en adelante cada centro de acuerdo con los criterios que fije. Antes de ello, la Comunidad  de Madrid pagará a los centros una cantidad de dinero para que pague directamente los libros. Anteriormente, era a la Comunidad de Madrid a quien correspondía la decisión sobre qué alumnos recibían la ayuda para libros de texto.

En principio, la nueva norma puede parecerle bien o no a uno en función de cómo prefiera que se distribuyan los presupuestos públicos y también de la responsabilidad que crea que debe tener la directiva de los centros educativos. Una crítica que se puede hacer es que con toda probabilidad el gobierno regional tiene una mayor facilidad para asignar los libros de manera justa, es decir, a las familias que más lo necesitan. Esto es así por su mayor capacidad para comprobar que los datos económicos que las familias aporten son exactos. En cualquier caso, probablemente es de agradecer la referencia ya citada en el preámbulo a la atención debida a las familias, dado el actual contexto de crisis económica en el que está España. Por desgracia, hay un problema mucho más grave asociado a la nueva norma que no aparece en el BOCM. Para explicarlo, baste un ejemplo: el centro público IES Carmen Martín Gaite, de Moralzarzal, tiene unos 600 alumnos. De estos, al menos 80 recibieron el curso pasado la ayuda para libros de texto. El gasto medio en libros de texto en secundaria es de no menos de 300 euros por alumno, lo que indica que la ayuda total destinada al centro para libros de texto era el año pasado de no menos de 24.000 euros. Pues bien, la cantidad que el IES Carmen Martín Gaite ha recibido este año es de aproximadamente 1.800 euros.

Un recorte del 92,5% en una partida de apoyo a los más desfavorecidos es algo muy grave de por sí. Pero lo que a mí me parece especialmente grave, y por lo que no puedo dejar de pensar que hay verdadera mala intención detrás de la medida, es que en el preámbulo de la orden que regula este durísimo recorte se afirme que el objetivo de la misma es mejorar el sistema de ayudas para libros de texto. Además, se descarga la culpa del recorte en los centros, que ahora tienen que elegir a las personas que van a recibir los libros y dejar en la estacada a mucha gente que necesita la ayuda (obsérvese que, en el centro citado, el presupuesto asignado permite dar libros a 1 de cada 100 alumnos solamente). Me resulta triste que nuestros representantes tomen decisiones tan duras como suprimir las ayudas para libros de texto ante los acuciantes problemas económicos que tienen (además, no las comparto, y así lo suelo expresar con mi voto). Pero lo que me hace hervir la sangre es que además presenten las medidas de esa índole como una mejora, insultando mi inteligencia e incumpliendo todos los principios éticos que conozco en cuanto a la honestidad  de un representante para con sus representados. 

Desregulación

Ryanair es una compañía aérea irlandesa de bajo coste. En concreto, es la mayor compañía aérea de bajo coste en Europa: no en vano, transportó más de 75 millones de pasajeros en 2.011. Sus precios son inigualables, consiguiendo que en ocasiones volar a algún destino que esté a 2.000 kilómetros de distancia sea más barato que viajar en autobús a una ciudad cercana. Como consecuencia, el resto de aerolíneas se ven obligadas en ocasiones a bajar sus precios o a cancelar rutas debido a la feroz competencia que Ryanair supone. Esto es, en sí mismo, un ejemplo del éxito del libre mercado y de las normas de competencia, que suponen que cuando varias empresas intentan atraerse a un cliente, este se ve beneficiado y recibe un mejor servicio.

Sin embargo, existen numerosas sombras sobre la compañía irlandesa que hacen sospechar que no estamos ante un caso modélico. La aerolínea dice que sus precios son tan competitivos porque reduce al máximo sus gastos: personal de tierra, peso de la aeronave, cantidad de combustible cargada en cada avión... Sin embargo, también reduce gastos de otras formas: no permite facturar equipaje gratuitamente, ni llevar más de un pequeñísimo bolso de mano, deniega el embarque con excusas de lo más peregrino, y en general busca el límite de la legalidad para ahorrar de cualquier manera, con el consiguiente deterioro de la calidad del servicio (la aerolínea incluso propuso que se pudiera volar de pie, o que se pagara dinero por ir al servicio en el avión). Además, va al límite en cuestiones relacionadas con la seguridad, que son más graves: este verano sus aviones han tenido que realizar varios aterrizajes de emergencia porque se estaban quedando sin combustible. Por último, su estrategia en ocasiones pasa por mantener líneas no rentables en aeropuertos regionales a cambio de importantes subvenciones de los gobiernos.

Una conclusión que se puede sacar de todo lo anterior es que Ryanair no compite en igualdad de condiciones con las demás líneas aéreas. Esto es indiscutible en la parte que atañe a las subvenciones públicas; pero creo que no es la razón fundamental de los problemas que la aerolínea ocasiona. Ryanair se mantiene la mayor parte del tiempo dentro de la ley y de las reglas del libre mercado, pues ofrece servicios y productos legalmente, y cuando se salta las normas y es denunciada, asume las consecuencias como cualquier otra empresa. Yo creo que Ryanair es un ejemplo de las consecuencias del libre mercado en sí, o como mínimo de la desregulación. Si el servicio que Ryanair ofrece es incómodo, y en ocasiones engañoso y peligroso, es porque las autoridades lo permiten. Y la postura de la compañía es lógica: no tiene compromisos éticos, y por lo tanto lo único que quiere es maximizar su beneficio. Es un debate interesante, aunque me temo que exclusivamente teórico, determinar si las empresas deberían regirse por criterios éticos o morales además de económicos. Pero lo que está claro es que en general no hay relación entre el interés de una empresa y el general, y por tanto creo necesaria una regulación fuerte que evite que las corporaciones actúen en contra del interés de los clientes (que no son solamente clientes, también son personas con derechos) o incluso pongan en riesgo su seguridad.

Cerrado en verano

Durante algunas semanas este blog no va a ser actualizado. Volveremos a finales de agosto o en septiembre, posiblemente con algunos cambios.

P.D: A modo de entrada de esta semana, recomiendo este artículo de Isaac Rosa, que suscribo totalmente. 

¿Privilegiados?

Desde que empezó la crisis económica en España, los gobiernos de la nación han adoptado políticas de reducción del gasto público que han afectado a algunas de las partidas de los presupuestos, como ya hemos hablado alguna vez aquí. Una de las medidas que se ha adoptado (en Madrid, dos veces) es la reducción del sueldo de los empleados públicos. Además, en la actualidad se discute una segunda reducción de sueldo como condición para el rescate financiero por parte de la Unión Europea. La justificación oficial de la reducción de sueldos es, como para todos los recortes, la malísima situación de las arcas públicas y la necesidad de controlar el déficit de la administración. Sin embargo, existe una segunda justificación, esgrimida por mucha gente en diversos ámbitos, que consiste en considerar justo el recorte del sueldo de los empleados públicos porque son unos "privilegiados" y unos "vagos".

Con respecto a lo vagos que son los empleados públicos, la crítica hereda de la famosísima de Mariano José de Larra. La imagen es la de un empleado perezoso que llega tarde a su puesto, se va pronto, sale a desayunar durante una hora y es en general muy malo en su trabajo, que por otra parte es muy fácil. Los privilegios de los funcionarios son, fundamentalmente, la absoluta seguridad en el puesto de trabajo y el sueldo garantizado de por vida. Mi opinión es que esta crítica es falsa, y las más de las veces, malintencionada; pues creo que muchos entre quienes la hacen suelen tener interés personal o político en desprestigiar a los empleados públicos. Ahí van mis argumentos (utilizo como datos este artículo de 2010 y la escala salarial de la función pública de 2009):

• No todos los empleados públicos tienen su puesto asegurado: hay aproximadamente 2,5 millones de empleados públicos. De ellos, aproximadamente un millón no son funcionarios, y por tanto pueden ser despedidos como cualquier otro trabajador. Y de hecho, tienen menos estabilidad: la temporalidad es más alta en la parte del sector público no funcionario que en el sector privado.
• La mayoría de los funcionarios no son administrativos: el 20% son profesores, el 18% trabajan en la sanidad, hay policías, soldados... Los oficinistas y administrativos son solamente un 20% de los trabajadores públicos, más o menos.
• No trabajan pocas horas: la media de horas que trabaja un funcionario a la semana es 38. El máximo que se puede exigir por ley es 40. 
• No tienen más vacaciones que los demás trabajadores: en general, un empleado público tiene 22 días laborables de vacaciones, como cualquier otro trabajador por cuenta ajena. La excepción aquí es, por supuesto, el profesorado no universitario, que descansa la práctica totalidad de los meses de julio y agosto.
• No ganan mucho dinero: si bien hay muy pocos empleados públicos que ganan menos de 1.000 euros al mes, no es menos cierto que, a igual puesto de trabajo, se gana más dinero en la empresa privada. Esto es cierto especialmente en los puestos de mayor responsabilidad y mayor remuneración. 

Por último, me queda el que considero el argumento más importante de todos: un privilegio es la "exención de una obligación o ventaja exclusiva o especial de que goza alguien por concesión de un superior o por determinada circunstancia propia". Todos los funcionarios lo son porque han aprobado una oposición. Las oposiciones son el sistema más justo que conozco para decidir a quien asignar un puesto de trabajo, y cualquiera puede presentarse a ellas. No es un privilegiado quien ha obtenido un puesto de trabajo que se ofreció a todos, para el que fue distinguido como el mejor de los candidatos en un proceso (en general) justo, y que renuncia a una carrera profesional que posiblemente le fuera a reportar más dinero a cambio de estabilidad. Si en la época de bonanza económica los empleados públicos no eran los que más ganaban de todos, si no han sido designados "a dedo" para su puesto, es injusto que ahora sean usados como diana de las críticas, por mucho que su situación sea envidiable para otros. 

Decisiones personales, decisiones colectivas

El otro día leí un artículo periodístico en el que se explicaba como un juez había tomado la decisión de ordenar que se alimentara a la fuerza a una mujer anoréxica. El caso es el siguiente: la mujer, que actualmente tiene 32 años, lleva 21 sufriendo trastornos relacionados con la alimentación, tiene un índice de masa corporal bajísimo y no toma alimentos sólidos. Tras ser alertado por las autoridades del municipio en el que vive, un juez del tribunal de protección inglés ha dictaminado que se la ha de alimentar contra su voluntad para preservar su vida. 

Además de tristísima, la historia de esta enferma es muy polémica. Para tomar la decisión que ha tomado, el juez, de acuerdo con la ley británica sobre incapacidad mental, ha tenido que considerar que la mujer enferma no era capaz de tomar decisiones por sí misma; que la alimentación forzosa va en su interés; y que la decisión tomada es la menos invasiva (con respecto a la libertad y la intimidad) de entre las que cumplen los dos principios anteriores. Es posible que, dadas las condiciones físicas extremas en las que se encuentra la enferma, este último requisito se cumpla. Pero el propio juez reconoce que  la paciente "no es una niña (...) sino una mujer inteligente y elocuente", por lo que la presunta incapacidad mental de la enferma queda en entredicho. Y todavía está menos claro que la alimentación forzosa vaya en su interés, dado que tanto ella como su entorno familiar han manifestado que no lo desean.

Independientemente de que la decisión de la justicia haya sido más o menos acertada de acuerdo con la ley inglesa (y yo creo que no lo ha sido, dado que el propio juez reconoce que la enferma está capacitada para tomar decisiones), la situación de esta mujer es claramente un caso en el que hay que decidir entre la libertad individual y otro tipo de consideraciones. En concreto, se trata de ver si ha de prevalecer la libertad de una persona, aunque dicha libertad sea autodestructiva, por encima de la propia vida. Yo no creo en las libertades individuales por encima de todo: por ejemplo, creo que en ocasiones es lícito recortarlas o mermarlas por el bien del colectivo. Además, mis sentimientos me impulsan a apoyar la decisión del juez, cuyo objetivo es salvar una vida. Pero lo cierto es que no veo de qué modo perjudica al colectivo que una persona no desee alimentarse; y por tanto no creo que se deba dejar de respetar la libertad de elección en este caso. Así que la única razón por la que yo justificaría la alimentación forzosa sería que la enferma fuera declarada incapaz por su anorexia, y dado que no soy médico, considero que no tengo suficientes elementos de juicio para hacerlo. 

Mentiras y neolengua

Hace un tiempo escribí en este blog sobre la ejemplaridad de nuestros políticos. Está claro que sería muy deseable que nuestros políticos dijeran siempre la verdad y que nos informaran con precisión de las decisiones que toman, pero creo que esto no ocurre casi nunca. Representantes de todos los partidos políticos mienten, en ocasiones con descaro, y no tienen ningún problema por ello. Ejemplos de esto pueden ser la afirmación del ministro de Educación, Jose Ignacio Wert, quien afirmó que en California hay 10 universidades, a pesar de que hay más de 100; o las afirmaciones del gobierno socialista español, o el popular madrileño, con respecto al déficit público del año 2011. En el caso de los primeros, Alfredo Pérez Rubalcaba llegó a afirmar que "todo el mundo" sabía que se iba a incumplir el objetivo de déficit, a pesar de que el gobierno mantuvo lo contrario, en público y en privado, hasta que se celebraron las elecciones generales de noviembre de 2011.

Sin embargo, hoy no quiero hablar de esas mentiras descaradas y comprobables, que para mi gusto deberían dar lugar a responsabilidades judiciales (y políticas, por supuesto). Quiero hablar de otra forma de manipulación, un poco más sutil, y que es usada quizá con mayor frecuencia por nuestros políticos: el empleo de eufemismos para evitar decir cosas que incomoden a quienes escuchan (lo que George Orwell llamó neolengua). El ejemplo que ha hecho que piense en este tema esta semana es el debate sobre si el dinero que va a recibir España desde la Unión Europea se debe denominar rescate, o si por el contrario se debe llamar "préstamo en condiciones muy favorables", o de cualquier otra manera. Este tipo de debates es muy interesante por diversas razones, ninguna de ellas muy edificante para mi gusto. Para empezar, edulcorar la verdad de manera que esta se vea como menos mala de lo que es se puede considerar una absoluta falta de ética por parte de quien lo hace. Además, el lenguaje se pervierte: un término con connotaciones esencialmente positivas como es "rescate" en la actualidad se considera algo malísimo. Y desde luego, cuando yo aprendí la dichosa palabra, si yo necesitaba ayuda y alguien me rescataba, eso era muy bueno para mí; pero ahora, gracias a nuestros políticos, la palabra rescate es algo malo y lo bueno es un préstamo en condiciones muy favorables. Temo el momento en el que "favorable" pase a ser un término que describa algo malo...

Por último, creo que hay otra consecuencia importante del debate sobre el uso de unos y otros términos para referirse a una misma cosa, y es el hecho de que debatir sobre los términos sirve para ocultar el verdadero debate. Pienso que el debate no debería centrarse en si los 100.000 millones de euros que España va a recibir deben denominarse rescate o de otra manera. El debate debería ser, por supuesto, sobre el impacto que ese préstamo, o como se llame, va a tener en la economía española, o en las posibles contrapartidas que ese préstamo requiera por parte de la población española. Pero por desgracia, parece que el debate sobre el fondo de los asuntos no es lo que más gusta a nuestros políticos. 

Política agraria

La Unión Europea (UE) es una entidad supranacional que no tiene un gran poder político real, en el sentido de que no puede tomar decisiones e imponerlas a sus estados miembros en casi ningún asunto. Sin embargo, existe al menos un aspecto en el que los países de la UE sí que se organizan bajo una política común: la agricultura, mediante la llamada política agrícola común (PAC). Dicha política común tiene como objetivo el apoyo a los agricultores europeos, de manera que estos produzcan productos de alta calidad y de manera respetuosa con el medio ambiente. La PAC ha sufrido varios cambios importantes en su historia, y en la actualidad se está estudiando volver a reformarla.

Parecería que el hecho de que exista alguna política común a toda la UE es algo positivo (especialmente, en un momento en el que esta institución no está especialmente bien considerada desde España). Sin embargo, creo que la PAC tiene muchos defectos, algunos de cuales paso a comentar:

• Las subvenciones a los agricultores se reparten en base a la cantidad de terreno que se posee. Eso hace que los grandes terratenientes y las empresas de alimentación reciban, sin necesitarlo, la mayor parte de las subvenciones agrarias.
• Una de las principales motivaciones para que se entreguen subsidios a los agricultores es el hecho de que la producción fuera de Europa es mucho más barata, y sin el apoyo económico de la UE los agricultores europeos no pueden competir con los demás. Sin embargo, creo que la manera correcta de atajar ese problema no es permitir a los agricultores europeos competir de forma desleal; el dinero de las subvenciones a agricultores europeos seguramente estaría mejor empleado atacando la raíz de esa diferencia en los costes de producción que sirviendo de parche a una realidad injusta.
• La concesión de las subvenciones no está vinculada a la producción. En consecuencia, existen terrenos cuyo uso no es agrícola (por ejemplo, campos de golf) y cuyos propietarios reciben la misma subvención que los que sí cultivan sus tierras.

Por último, me gustaría hacer una reflexión sobre la relación entre la PAC y la organización económica mundial. Resulta que la razón por la que la PAC no vincula, desde el año 2003, las subvenciones dadas a los agricultores con la producción que estos alcanzan es que en los años ochenta del siglo pasado el exceso de producción se convirtió en un grave problema económico que amenazaba las condiciones de vida de los agricultores. Me resulta realmente sorprendente y muy injusto que la UE pueda considerar problemática la sobreproducción de alimentos, dada la situación económica mundial, y dado que hay más de 1.000 millones de personas que pasan hambre en el mundo. Creo que este hecho, por sí solo, resulta un indicio muy claro de que algo en nuestro sistema económico (tal vez todo él) está muy mal, cuando la opulencia de ciertas regiones obliga a reducir la producción de alimentos para mantener el nivel de vida, mientras que la miseria de otras (mucho más grandes, además) hace que su población muera de hambre.

Política económica

El origen de la crisis económica en España se puede estimar en el período inmediatamente anterior a las elecciones generales de 2008, o tal vez un poco antes. El gobierno de entonces, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), negó durante mucho tiempo que existiera una tal crisis económica, y cuando al fin reconoció que la había aplicó sucesivos recortes en el gasto social para tratar de equilibrar las cuentas estatales. En concreto, el gobierno del PSOE aprobó una reforma laboral (que provocó una huelga general), redujo el sueldo de los funcionarios y congeló las pensiones, además de reducir el gasto en Educación e Investigación, que había aumentado en los años anteriores. En las elecciones generales de noviembre de 2011, el Partido Popular (PP) ganó claramente y formó gobierno en España. La situación económica era peor aún, pues se había agravado por la crisis de deuda soberana, que añadía una nueva y preocupante dimensión al cuadro macroecónomico global. Las primeras medidas aprobadas por el nuevo gobierno han incluido una reforma laboral (con su huelga general asociada), grandes recortes presupuestarios en Educación, Sanidad e Investigación y una amnistía fiscal. Además, recientemente el gobierno ha nacionalizado Bankia, una de las entidades bancarias mayores en España, destinando para ello una gran cantidad de dinero público.

El cuadro general que acabo de esbozar me lleva a hacer las siguientes observaciones:

• La política económica llevada a cabo por los dos partidos tradicionalmente más votados en España sigue líneas similares, si es que no es exactamente la misma. Ello resulta sorprendente, habida cuenta de que, en principio, ambos partidos representan sensibilidades y valores muy diferentes entre sí. 
• La receta económica aplicada no es efectiva. Sin entrar en las motivaciones o en si las medidas que se han ido adoptando son justas, está claro que la línea de máxima austeridad no funciona, ni siquiera en el sentido que quieren quienes aplican las reformas (podrían estar funcionando, según ellos, y que el resultado no me gustara a mí; pero no es ese el caso).
• Los dos partidos mayoritarios en España parecen desconocer otras posibles soluciones a la crisis económica. Aparentemente, países tan distintos como Estados Unidos, Brasil, Islandia o Noruega han aplicado medidas diferentes a las aplicadas en Europa occidental cosechando un éxito mucho mayor.

Por todo lo anterior, me gustaría proponer para su discusión otra posible línea de actuación, y sopesar sus pros y contras desde el punto de vista de la utilidad (es decir, de la manera menos ideológica posible). Supongamos que España decide no pagar su deuda soberana, aduciendo que pagarla resultaría inadmisible para sus ciudadanos. Adicionalmente, España saldría del Euro y de la Unión Europea (UE), volviendo a su antigua moneda (o a otra), con lo que recuperaría la capacidad de hacer política monetaria. La razón que se esgrimiría para ello es la merma de soberanía que sufre el pueblo español por el hecho de pertenecer a la UE, unido al no muy edificante ejemplo de la situación actual en Grecia. Además, se detendrían los rescates a entidades financieras en problemas, dejándolas caer para nacionalizarlas después por muy poco dinero; el objetivo concreto de esas nacionalizaciones debería ser la protección de los depósitos de los clientes. Por último, y ya que la discusión es teórica, supongamos que estas medidas se hubieran aplicado antes de llegar a la situación actual. ¿Habría cambiado algo? ¿Estaríamos mejor que ahora, o peor? ¿Afectaría esta "solución" a la crisis de deuda al resto de la situación económica española, y muy especialmente a la tasa de desempleo?

La religión y el progreso

En España, la iglesia católica recibe una parte de los impuestos de cada ciudadano que voluntariamente así lo decide para su sostenimiento y actividades. Cada año, la iglesia realiza una campaña de promoción para tratar de que el mayor número posible de personas decida asignarle la citada parte de sus impuestos. Dicha campaña recibe el nombre de programa Xtantos, y que no está exenta de polémica. Adicionalmente, el Estado español asigna una cantidad de dinero proveniente de los presupuestos a la iglesia. Se puede, claro, argumentar que ese dinero estaría mejor empleado si se destinara a otros fines.

En mi opinión, el papel de las distintas religiones en el progreso de la sociedad ha sido distinto en cada momento de la Historia. La religión católica fue, a través de la traducción y conservación de textos clásicos en los monasterios, y de la caridad ejercida por sus miembros entre los más pobres, una influencia claramente positiva en los avances de la sociedad al inicio de la Edad Media. Por contra, la temible Inquisición y la negativa a aceptar el progreso científico (Galileo ha sido, aún hoy día, solo parcialmente rehabilitado por la iglesia) lastraron el desarrollo de la ciencia en los países católicos durante siglos. La religión musulmana ha cambiado también de cara en numerosas ocasiones, de la tolerante de los inicios que permitió el desarrollo de la medicina con Avicena, por ejemplo, a la menos tolerante que podemos observar en ciertos lugares hoy en día. 

A raíz de todo lo anterior, las preguntas que me hago son las siguientes: ¿Es el sentimiento religioso bueno para el progreso de la sociedad? ¿Son las instituciones religiosas buenas para el progreso de la sociedad? ¿Cambia la respuesta a las preguntas anteriores si pensamos en una época distinta a la actual? Sobre la primera pregunta confieso que no tengo argumentos para opinar en ningún sentido (o, equivalentemente, creo que no influye). Con respecto a la segunda pregunta, tengo la sensación de que, por desgracia, las instituciones religiosas constituyen un foco de poder muy terrenal al que sus dirigentes se aferran, lo que hace que en general perjudiquen al progreso en un intento de proteger su ascendiente sobre la población. A pesar de los indudables buenos sentimientos que se desprenden de casi todas las teorías religiosas que conozco, me da la sensación de que la necesidad de afirmar una serie de dogmas (y necesariamente sin usar la razón) obliga a quienes mandan en las distintas religiones a coartar el desarrollo de algunas características positivas del progreso. Por último, con respecto a la tercera pregunta, mi respuesta se deduce de la anterior: cuando la jerarquía eclesiástica de una religión no tiene poder más allá de lo espiritual, en principio no hay ninguna razón para que su existencia perjudique en modo alguno al resto de la sociedad y su desarrollo. Pero no conozco ninguna religión cuyos dirigentes no aspiren a un gran poder en la Tierra.