¿Privilegiados?

Desde que empezó la crisis económica en España, los gobiernos de la nación han adoptado políticas de reducción del gasto público que han afectado a algunas de las partidas de los presupuestos, como ya hemos hablado alguna vez aquí. Una de las medidas que se ha adoptado (en Madrid, dos veces) es la reducción del sueldo de los empleados públicos. Además, en la actualidad se discute una segunda reducción de sueldo como condición para el rescate financiero por parte de la Unión Europea. La justificación oficial de la reducción de sueldos es, como para todos los recortes, la malísima situación de las arcas públicas y la necesidad de controlar el déficit de la administración. Sin embargo, existe una segunda justificación, esgrimida por mucha gente en diversos ámbitos, que consiste en considerar justo el recorte del sueldo de los empleados públicos porque son unos "privilegiados" y unos "vagos".

Con respecto a lo vagos que son los empleados públicos, la crítica hereda de la famosísima de Mariano José de Larra. La imagen es la de un empleado perezoso que llega tarde a su puesto, se va pronto, sale a desayunar durante una hora y es en general muy malo en su trabajo, que por otra parte es muy fácil. Los privilegios de los funcionarios son, fundamentalmente, la absoluta seguridad en el puesto de trabajo y el sueldo garantizado de por vida. Mi opinión es que esta crítica es falsa, y las más de las veces, malintencionada; pues creo que muchos entre quienes la hacen suelen tener interés personal o político en desprestigiar a los empleados públicos. Ahí van mis argumentos (utilizo como datos este artículo de 2010 y la escala salarial de la función pública de 2009):

• No todos los empleados públicos tienen su puesto asegurado: hay aproximadamente 2,5 millones de empleados públicos. De ellos, aproximadamente un millón no son funcionarios, y por tanto pueden ser despedidos como cualquier otro trabajador. Y de hecho, tienen menos estabilidad: la temporalidad es más alta en la parte del sector público no funcionario que en el sector privado.
• La mayoría de los funcionarios no son administrativos: el 20% son profesores, el 18% trabajan en la sanidad, hay policías, soldados... Los oficinistas y administrativos son solamente un 20% de los trabajadores públicos, más o menos.
• No trabajan pocas horas: la media de horas que trabaja un funcionario a la semana es 38. El máximo que se puede exigir por ley es 40. 
• No tienen más vacaciones que los demás trabajadores: en general, un empleado público tiene 22 días laborables de vacaciones, como cualquier otro trabajador por cuenta ajena. La excepción aquí es, por supuesto, el profesorado no universitario, que descansa la práctica totalidad de los meses de julio y agosto.
• No ganan mucho dinero: si bien hay muy pocos empleados públicos que ganan menos de 1.000 euros al mes, no es menos cierto que, a igual puesto de trabajo, se gana más dinero en la empresa privada. Esto es cierto especialmente en los puestos de mayor responsabilidad y mayor remuneración. 

Por último, me queda el que considero el argumento más importante de todos: un privilegio es la "exención de una obligación o ventaja exclusiva o especial de que goza alguien por concesión de un superior o por determinada circunstancia propia". Todos los funcionarios lo son porque han aprobado una oposición. Las oposiciones son el sistema más justo que conozco para decidir a quien asignar un puesto de trabajo, y cualquiera puede presentarse a ellas. No es un privilegiado quien ha obtenido un puesto de trabajo que se ofreció a todos, para el que fue distinguido como el mejor de los candidatos en un proceso (en general) justo, y que renuncia a una carrera profesional que posiblemente le fuera a reportar más dinero a cambio de estabilidad. Si en la época de bonanza económica los empleados públicos no eran los que más ganaban de todos, si no han sido designados "a dedo" para su puesto, es injusto que ahora sean usados como diana de las críticas, por mucho que su situación sea envidiable para otros. 

Decisiones personales, decisiones colectivas

El otro día leí un artículo periodístico en el que se explicaba como un juez había tomado la decisión de ordenar que se alimentara a la fuerza a una mujer anoréxica. El caso es el siguiente: la mujer, que actualmente tiene 32 años, lleva 21 sufriendo trastornos relacionados con la alimentación, tiene un índice de masa corporal bajísimo y no toma alimentos sólidos. Tras ser alertado por las autoridades del municipio en el que vive, un juez del tribunal de protección inglés ha dictaminado que se la ha de alimentar contra su voluntad para preservar su vida. 

Además de tristísima, la historia de esta enferma es muy polémica. Para tomar la decisión que ha tomado, el juez, de acuerdo con la ley británica sobre incapacidad mental, ha tenido que considerar que la mujer enferma no era capaz de tomar decisiones por sí misma; que la alimentación forzosa va en su interés; y que la decisión tomada es la menos invasiva (con respecto a la libertad y la intimidad) de entre las que cumplen los dos principios anteriores. Es posible que, dadas las condiciones físicas extremas en las que se encuentra la enferma, este último requisito se cumpla. Pero el propio juez reconoce que  la paciente "no es una niña (...) sino una mujer inteligente y elocuente", por lo que la presunta incapacidad mental de la enferma queda en entredicho. Y todavía está menos claro que la alimentación forzosa vaya en su interés, dado que tanto ella como su entorno familiar han manifestado que no lo desean.

Independientemente de que la decisión de la justicia haya sido más o menos acertada de acuerdo con la ley inglesa (y yo creo que no lo ha sido, dado que el propio juez reconoce que la enferma está capacitada para tomar decisiones), la situación de esta mujer es claramente un caso en el que hay que decidir entre la libertad individual y otro tipo de consideraciones. En concreto, se trata de ver si ha de prevalecer la libertad de una persona, aunque dicha libertad sea autodestructiva, por encima de la propia vida. Yo no creo en las libertades individuales por encima de todo: por ejemplo, creo que en ocasiones es lícito recortarlas o mermarlas por el bien del colectivo. Además, mis sentimientos me impulsan a apoyar la decisión del juez, cuyo objetivo es salvar una vida. Pero lo cierto es que no veo de qué modo perjudica al colectivo que una persona no desee alimentarse; y por tanto no creo que se deba dejar de respetar la libertad de elección en este caso. Así que la única razón por la que yo justificaría la alimentación forzosa sería que la enferma fuera declarada incapaz por su anorexia, y dado que no soy médico, considero que no tengo suficientes elementos de juicio para hacerlo. 

Mentiras y neolengua

Hace un tiempo escribí en este blog sobre la ejemplaridad de nuestros políticos. Está claro que sería muy deseable que nuestros políticos dijeran siempre la verdad y que nos informaran con precisión de las decisiones que toman, pero creo que esto no ocurre casi nunca. Representantes de todos los partidos políticos mienten, en ocasiones con descaro, y no tienen ningún problema por ello. Ejemplos de esto pueden ser la afirmación del ministro de Educación, Jose Ignacio Wert, quien afirmó que en California hay 10 universidades, a pesar de que hay más de 100; o las afirmaciones del gobierno socialista español, o el popular madrileño, con respecto al déficit público del año 2011. En el caso de los primeros, Alfredo Pérez Rubalcaba llegó a afirmar que "todo el mundo" sabía que se iba a incumplir el objetivo de déficit, a pesar de que el gobierno mantuvo lo contrario, en público y en privado, hasta que se celebraron las elecciones generales de noviembre de 2011.

Sin embargo, hoy no quiero hablar de esas mentiras descaradas y comprobables, que para mi gusto deberían dar lugar a responsabilidades judiciales (y políticas, por supuesto). Quiero hablar de otra forma de manipulación, un poco más sutil, y que es usada quizá con mayor frecuencia por nuestros políticos: el empleo de eufemismos para evitar decir cosas que incomoden a quienes escuchan (lo que George Orwell llamó neolengua). El ejemplo que ha hecho que piense en este tema esta semana es el debate sobre si el dinero que va a recibir España desde la Unión Europea se debe denominar rescate, o si por el contrario se debe llamar "préstamo en condiciones muy favorables", o de cualquier otra manera. Este tipo de debates es muy interesante por diversas razones, ninguna de ellas muy edificante para mi gusto. Para empezar, edulcorar la verdad de manera que esta se vea como menos mala de lo que es se puede considerar una absoluta falta de ética por parte de quien lo hace. Además, el lenguaje se pervierte: un término con connotaciones esencialmente positivas como es "rescate" en la actualidad se considera algo malísimo. Y desde luego, cuando yo aprendí la dichosa palabra, si yo necesitaba ayuda y alguien me rescataba, eso era muy bueno para mí; pero ahora, gracias a nuestros políticos, la palabra rescate es algo malo y lo bueno es un préstamo en condiciones muy favorables. Temo el momento en el que "favorable" pase a ser un término que describa algo malo...

Por último, creo que hay otra consecuencia importante del debate sobre el uso de unos y otros términos para referirse a una misma cosa, y es el hecho de que debatir sobre los términos sirve para ocultar el verdadero debate. Pienso que el debate no debería centrarse en si los 100.000 millones de euros que España va a recibir deben denominarse rescate o de otra manera. El debate debería ser, por supuesto, sobre el impacto que ese préstamo, o como se llame, va a tener en la economía española, o en las posibles contrapartidas que ese préstamo requiera por parte de la población española. Pero por desgracia, parece que el debate sobre el fondo de los asuntos no es lo que más gusta a nuestros políticos. 

Política agraria

La Unión Europea (UE) es una entidad supranacional que no tiene un gran poder político real, en el sentido de que no puede tomar decisiones e imponerlas a sus estados miembros en casi ningún asunto. Sin embargo, existe al menos un aspecto en el que los países de la UE sí que se organizan bajo una política común: la agricultura, mediante la llamada política agrícola común (PAC). Dicha política común tiene como objetivo el apoyo a los agricultores europeos, de manera que estos produzcan productos de alta calidad y de manera respetuosa con el medio ambiente. La PAC ha sufrido varios cambios importantes en su historia, y en la actualidad se está estudiando volver a reformarla.

Parecería que el hecho de que exista alguna política común a toda la UE es algo positivo (especialmente, en un momento en el que esta institución no está especialmente bien considerada desde España). Sin embargo, creo que la PAC tiene muchos defectos, algunos de cuales paso a comentar:

• Las subvenciones a los agricultores se reparten en base a la cantidad de terreno que se posee. Eso hace que los grandes terratenientes y las empresas de alimentación reciban, sin necesitarlo, la mayor parte de las subvenciones agrarias.
• Una de las principales motivaciones para que se entreguen subsidios a los agricultores es el hecho de que la producción fuera de Europa es mucho más barata, y sin el apoyo económico de la UE los agricultores europeos no pueden competir con los demás. Sin embargo, creo que la manera correcta de atajar ese problema no es permitir a los agricultores europeos competir de forma desleal; el dinero de las subvenciones a agricultores europeos seguramente estaría mejor empleado atacando la raíz de esa diferencia en los costes de producción que sirviendo de parche a una realidad injusta.
• La concesión de las subvenciones no está vinculada a la producción. En consecuencia, existen terrenos cuyo uso no es agrícola (por ejemplo, campos de golf) y cuyos propietarios reciben la misma subvención que los que sí cultivan sus tierras.

Por último, me gustaría hacer una reflexión sobre la relación entre la PAC y la organización económica mundial. Resulta que la razón por la que la PAC no vincula, desde el año 2003, las subvenciones dadas a los agricultores con la producción que estos alcanzan es que en los años ochenta del siglo pasado el exceso de producción se convirtió en un grave problema económico que amenazaba las condiciones de vida de los agricultores. Me resulta realmente sorprendente y muy injusto que la UE pueda considerar problemática la sobreproducción de alimentos, dada la situación económica mundial, y dado que hay más de 1.000 millones de personas que pasan hambre en el mundo. Creo que este hecho, por sí solo, resulta un indicio muy claro de que algo en nuestro sistema económico (tal vez todo él) está muy mal, cuando la opulencia de ciertas regiones obliga a reducir la producción de alimentos para mantener el nivel de vida, mientras que la miseria de otras (mucho más grandes, además) hace que su población muera de hambre.